En el mes de junio de 1918 se produjo un hecho histórico de singular importancia para el país y Latinoamérica: la eclosión del movimiento que dio lugar a la reforma universitaria. Ese movimiento se gestó en contra de una universidad esclerosada, de raíces coloniales, donde las cátedras representaban feudos, y el poder era ejercido por una elite profesoral.
Los acontecimientos tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba, con motivo de la elección del rector. Los electores pertenecían exclusivamente al claustro de profesores, lo que generó una insurrección estudiantil que terminó con la intervención de la universidad por parte del gobierno de Hipólito Yrigoyen, y una nueva elección donde por primera vez los estudiantes pudieron votar.
Se trataba de un proceso de democratización de la vida universitaria que prestamente se expandió por el país y gran parte del continente. Ese proceso, contestatario y turbulento, estaba en consonancia con la democratización de la sociedad argentina que había promovido el yrigoyenismo, abriendo canales de participación política a vastos sectores medios excluidos de la institucionalidad republicana, ocupada hasta entonces -de manera exclusiva podría decirse- por la oligarquía.
La reforma nació con un programa auténticamente democrático, puesto que propiciaba el co-gobierno estudiantil, la autonomía política, académica y administrativa de la universidad, y el acceso a los cargos docentes a través de concursos públicos por un período limitado de tiempo. A nivel organizativo, la reforma produjo el surgimiento de Centros y Federaciones universitarias, que se nuclearon, a partir de ese momento, en la Federación Universitaria Argentina, FUA, una sigla ciertamente legendaria.
Tan legendaria como la reforma misma, podría agregarse, puesto que aquel junio secular no ha dejado de representar, recurrentemente, un evento mítico que en más de un sentido ha impregnado -como todo mito- la vida política, cultural y educativa de la Argentina.
El devenir reformista
Porque el devenir reformista, desde sus orígenes, no dejó de manifestar una tendencia que hacía de los postulados de la reforma algo formal y abstracto, para adoptar, por el contrario, posturas y acciones escasamente populares y democráticas. Ya con motivo del golpe de Uriburu, en 1930, diversos integrantes y sectores de la FUA demostraron un notorio beneplácito, aunque debe señalarse, del mismo modo, que esa primera dictadura militar persiguió y encarceló a muchos militantes y dirigentes reformistas.
El divorcio con el movimiento popular habría de consumarse con el surgimiento del peronismo, contra el que la FUA fue acérrima opositora. Acaso como retribución, los gobiernos posteriores a 1955 repusieron los principios reformistas en las universidades estatales, lo cual produjo un período de once años -hasta el golpe de Onganía con su célebre “noche de los bastones largos”-, donde se vivió una universidad autónoma y co-gobernada en medio de proscripciones del movimiento popular mayoritario. Se trataba de la así llamada “isla democrática”.
Las dictaduras de 1966 y 1976 mantendrían las universidades intervenidas, hasta que en 1984, con el advenimiento de la etapa democrática, serían repuestos, una vez más, los postulados reformistas para el funcionamiento de las universidades públicas.
La actualidad del reformismo
De modo que hoy estamos viviendo más de tres décadas consecutivas de organización institucional y administración reformista de las universidades nacionales. Para el decurso de la historia argentina, notoriamente, es mucho.
Sin embargo, como ya hemos dicho, se trata de un reformismo formal y abstracto. En los hechos las cosas no son tan consonantes.
La potencia con que el reformismo fue repuesto durante el alfonsinismo quedó prontamente diluida a partir del menemismo, con el sometimiento de las universidades públicas al formato propuesto, a escala mundial, por el neo-liberalismo triunfante.
Así, de lo que se trataba era de gestionar las universidades con criterio empresarial, estableciendo mecanismos evaluadores de productividad, y diversos premios y castigos para sus docentes. En ese contexto, buena parte de la investigación y las actividades de extensión practicadas en las universidades quedó al servicio del mercado.
Y a nivel de la política universitaria, esto es, de sus mecanismos de elección de representantes y autoridades, se generó un sistema prebendario y clientelar donde la política como servicio muchas veces quedó relegada por la política como negocio. No fue ajeno a ello el hecho de que, en la mayoría de las universidades estatales predomina un sistema de elección indirecta de autoridades, al modo de los colegios electorales vigentes en la Constitución Nacional hasta la reforma de 1994. Desde esa perspectiva, la normativa que rige los procedimientos electivos en las universidades atrasa de modo evidente.
¿Y las prácticas académicas de enseñanza, investigación y extensión?…La mayoría de las veces no son más que un patético remedo del credo reformista, puesto que obedecen a intereses personales, donde lo que prima es el individualismo más crudo, sostenido por un darwinismo universitario en el que los más fuertes terminan digiriendo a los más débiles.
Los faustos del primer centenario
En junio del presente año se celebrará, oficialmente, el centenario de la reforma universitaria. Los actos principales se desarrollarán, como es obvio, en Córdoba, y contarán con la presencia del Presidente de la Nación, quién estará acompañado por la pléyade de rectores y funcionarios radicales que persisten, pese a todo, en reivindicar su prosapia reformista. No faltarán, como también es obvio, los representantes de Franja Morada, la expresión política del radicalismo en la universidad, alardeando como siempre de su filiación respecto del 18.
No hace falta poseer una imaginación muy rica para advertir que será un festejo deplorable y ridículo. Cuando estamos ante un gobierno que se propone atropellar todas las políticas de democratización social, cultural, educativa y política promovidas durante el kirchnerismo, cuando asistimos a su propósito mercantil de privatizar la educación superior, cuando vemos cómo se implementan diversos proyectos para abolir la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto en las universidades -medidas que fueron establecidas por los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón-, nada podemos esperar del gobierno macrista a favor de las universidades argentinas.
De todas maneras, ello no implica tener que abjurar del programa reformista. Sus objetivos siguen siendo loables, como lo es su espíritu. Pero para poder ejecutarlos hará falta un gobierno popular, y unos claustros con vocación de patria, condición indispensable para cumplir con su contenido genuino.
