Sectores pro dictadura, alentados por el discurso negacionista oficial, reclamarán el próximo miércoles en la Cámara Federal de Rosario la reapertura del caso del coronel Argentino del Valle Larrabure, ya juzgado y con condenas entre 1975 y 1983. Las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas de Rosario, nucleadas en el espacio Juicio y Castigo, confirmaron que “estarán presentes en la sala de audiencias y en la calle, para repudiar el intento de dar cauce a esa aberración jurídica”.
La instancia judicial tendrá lugar el miércoles 21 de marzo a las 9 de la mañana, cuando –según explicó el abogado Gabriel Ganón– se realizará una audiencia de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, “solicitada por la querella de una causa cerrada hace años, referente a la muerte de Argentino del Valle Larrabure”.
Ganón, junto a Pablo Llonto, integran el equipo jurídico que defiende a Juan Arnol Kremer, la única persona a la que apunta imputar por la querella la familia Larrabure. La reapertura del caso, que ya fue varias veces rechazada por la Justicia, es la punta de lanza de los sectores pro dictadura y negacionistas para institucionalizar judicialmente la teoría de los dos demonios.
El objetivo de la querella, y quienes están detrás, es que se vuelva a iniciar una causa por la muerte del coronel, ascendido a ese grado posmortem. Pero entre otras “aberraciones jurídicas” que se estarían cometiendo si se diera curso a ese pedido, se estaría desconociendo que por el caso ya hubo una “investigación, instrucción y también juicio y condenas entre 1975 y 1983”, tal cual informaron desde el equipo jurídico conducido por Ganón y Llonto.
“En 2010, la fiscal Bettiolo solicitó que se reabra la causa y se investigue de qué manera murió el coronel Argentino del Valle Larrabure”, historiza un informe elaborado por el equipo de Ganón y Llonto al que tuvo acceso Redacción Rosario. Y luego, el documento añade: “La Fiscalía, titular de la acción penal pública, no acompañó el pedido, y el juez federal a cargo del Juzgado Federal Nro. 4 de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, no hizo lugar al pedido”.
Tras aquella movida, continúa el racconto del informe, “la querella interpuso recurso de apelación ante la Cámara Federal de Rosario, y está dio a lugar a través del fiscal general de la Cámara, doctor Claudio Palacín, quien ordenó la apertura del caso. Palacín ya había afirmado que este era un delito de lesa humanidad”.
La causa que se intenta reabrir es la que “pretende enjuiciar los hechos de la toma de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba, acción emprendida por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de agosto de 1974, seguida de la toma como prisionero de Argentino del Valle Larraburu”, detalla el mencionado documento.
De acuerdo al informe, la audiencia del miércoles pretende imputar como “responsable de los hechos por autoría mediata a Luis Mattini (Juan Arnol Kremer)”, sosteniendo que los “delitos cometidos en la toma de Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María y los días de cautiverio clandestino de Larrabure, son de lesa humanidad, no están prescriptos y por lo tanto tienen en Mattini y otros a los responsables de la autoría mediata”.
“La Cámara Federal está integrada por los jueces Barbará, Pineda, Toledo, Bello, Vidal y Gallino”, detalló el informe, en el que se agrega que la audiencia será este miércoles a las 9 en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, ubicada en Entre Ríos 435.
En un apartado del informe, subtitulado “Algunas aclaraciones”, los abogados explican por qué sería una aberración jurídica enjuiciar nuevamente estos hechos de 1974/75.
“Por que durante las décadas de 1970 y 1980 –indica el documento–, sin que existiera ningún impedimento para ello, se sustanciaron dos procesos. Uno en el Juzgado Federal de Bell Ville, provincia de Córdoba y otro en el Juzgado Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, en los que se investigaron los sucesos y se condenó a penas, desde 4 hasta 15 años, de prisión a quienes se dijo, eran responsables de los hechos”.
Y luego se agrega: “Es más, muchos de quienes fueron identificados por la dictadura cívico/militar como presuntos intervinientes en esos sucesos, fueron asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas represivas o fueron secuestrados y están a la fecha, en condición de «detenidos/desaparecidos». Avanzar en una nueva investigación y juicio sobre estos hechos violaría la garantía constitucional contra la doble persecución o persecución múltiple”, remarca el informe.
Otro razón que explican los abogados sobre por qué sería contrario a reabrir esa causa, es “porque no nos encontramos en el caso que se quiere llevar nuevamente a juicio ante delitos de lesa humanidad, ni de grave violaciones a los derechos humanos equiparable a la categoría anterior, conforme la doctrina y antecedentes de la Corte Suprema Nacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional”.
“Transferir los principios dispuestos para esta categoría de delitos llevaría a su banalización”, proponen los abogados. Y remarcan: “Por no encuadrar el caso Larrabure en ese tipo de proceso, le son aplicables las reglas de extinción del derecho del Estado a persecución por el transcurso del tiempo, o sea prescripción de la acción penal. También por no entrar dentro de esa categoría, de avanzarse en el intento de seguir adelante con la causa, se violaría el derecho constitucional que tiene todo imputado a que su situación frente a la ley penal y a la sociedad, sea definida en el menor tiempo posible”, advierten los abogados.
En el minucioso documento, se indica que además resulta de “prueba imposible acreditar, como se pretende, la responsabilidad por autoría mediata de Arnol Kremer/Luis Mattini en un hecho que, de haber existido en las condiciones que se lo relata, no fue cometido por un aparato organizado de poder estatal”.
Para los abogados, detrás del intento de reabrir el caso Larrabure se esconde el objetivo de “reinstalar la teoría de los dos demonios, equiparando al terrorismo de Estado con las luchas de las organizaciones populares contra ese terrorismo de Estado y la dictadura cívico militar”.
“Llevar a juicio y a la cárcel, nuevamente como presos políticos, a muchos compañeros que formaron parte de esas organizaciones y que hoy en día son uno de los motores fundamentales en la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles, como también de la resistencia popular contra un poder que gobierna en perjuicio de las mayorías”, alertan los abogados. Y concluyen: “Logrado éste objetivo, establecer una política de «compensaciones» que lleve nuevamente a la calle a los genocidas ya condenados y a la impunidad a aquellos que aún no lo han sido”.
En alerta y movilizados
En la misma línea del equipo de Ganón y Llonto, organismos de derechos humanos de Rosario, acompañados por un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales y políticas confirmaron a Redacción Rosario que “estarán presentes en la sala de audiencias y en la calle, para repudiar el intento de dar cauce a esa aberración jurídica”.
Consultado por este medio, Juane Basso de Hijos Rosario, contó que este martes cuando se enteraron de la audiencia del próximo miércoles, estaban “justo en una reunión junto los organismos de derechos humanos y más de sesenta organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, preparando lo que va a ser la masiva movilización por el 24 de marzo”. Y remarcó: “Ahí coincidimos en la necesidad de movilizarnos ante la Cámara Federal de Rosario, para repudiar este intento de dar cauce a lo que constituye a todas luces una aberración jurídica”.
«Detrás de esta avanzada que pretende institucionalizar por la vía judicial la teoría de los dos demonios, y aupada en el discurso negacionista oficial, se esconde una nueva embestida de los grupos pro dictadura que lo único que buscan es la impunidad para los genocidas», aseguró Basso.
