A Maximiliano Zamudio (16) un integrante de la Prefectura Naval lo mató de tres disparos en mayo de 2015, alegando un presunto intento de robo. A Alejandro Ponce (23) un grupo de policías lo corrió tras un asalto hasta que se tiró al río Paraná, donde murió ahogado, el noviembre del mismo año. Su hermano Luis, que sobrevivió, testimonió que los uniformados lo apedrearon desde la costa. Las causas que investigan ambas muertes en contexto de violencia institucional están, otra vez, al borde del archivo, por lo que la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario reinició su campaña contra el cierre de los legajos judiciales. El 20 de marzo pasado Sergio Giglio (22) apareció tirado en un descampado de Circunvalación y Jorge Newery, golpeado. Fue trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, atendido y luego enviado –por decisión de un fiscal- a la subcomisaría 21 para determinar si había participado de un ilícito. De la sede policial volvió al hospital, en el que murió por un cardiorrespiratorio, según la Fiscalía. Sus familiares aseguran que tenía golpes en la cabeza. Para que ocurra un Giglio, antes tienen que haber quedado impunizados los Zamudio y los Ponce. “Esto nos preocupa en el contexto actual, en donde desde el poder político hay una habilitación para que estas prácticas ocurran”, dijo a el eslabón la abogada Eugenia Cozzi, de la Multisectorial. Chocobar derrama su agrio ejemplo.
Carne de cañón
El patrón común de los casos mencionados, y de otros que pueden enumerarse como los de Franco Casco, Carlos Godoy, Brandon Cardozo, David Campos y Emanuel Medina, es que las víctimas son varones, jóvenes y de barrios populares. Las preferidas para saciar la sed de brutalidad policial, asentada sobre la legitimación social que encuentran esas prácticas ilegales. Sobre todo cuando el cuerpo los ponen los otros, más bien.
Los maltratos, las torturas y el sometimiento a situaciones de crueldad en comisarías no son propiedad exclusiva de Cambiemos. De hecho, los que ocurren en Santa Fe son atribuibles a la fuerza de seguridad provincial.
El discurso oficial que avala esas prácticas sí es asignable al contexto político en el que se producen. Si disparar por la espalda a un ladrón que huye merece una recepción presidencial en la Casa Rosada, no hay nada más que hablar. El mensaje es prístino y unívoco: salgan a matar que está todo bien.
Las consecuencias de una policía “cebada” y con licencia para el crimen son conocidas, pero mientras las víctimas las suministran los sectores populares no merecen mayor atención de algunos ámbitos de la política. Que, amparada en el teorema Eduardo Feinmann, hace la vista gorda frente al “uno menos”, aplaudido por los inseguros y temerosos ciudadanos. Hasta que, por desatada, la mano policial se posa sobre la víctima equivocada, aquella que no está recubierta por el discurso que otorga legitimidad a la limpieza por goteo. Y ahí nos ponemos serios.
Mal de archivo
“Las causas que investigan las muertes de Alejandro Ponce y Maxi Zamudio están hoy en manos del Fiscal Regional Patricio Serjal. El martes 6 de marzo el Fiscal se comprometió a recibir a los familiares, a la querella y a la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Veinte días después, aún no nos recibió”, comienza un comunicado difundido esta semana por la Multisectorial.
Esas causas estuvieron a punto de cerrarse el año pasado, cuando el fiscal Miguel Moreno dispuso ese camino procesal. Pero Serjal, al asumir como titular de la Fiscalía Regional 2da, con asiento en Rosario y jurisdicción allende esta ciudad, “en mayo de 2017 ordenó desarchivar ambas causas para que sigan siendo investigadas”.
Pero según la Multisectorial, “los tres fiscales que han tenido la responsabilidad de llevar a cabo una investigación efectiva, imparcial y pronta no han investigado los hechos, sólo han investigado a los jóvenes asesinados y a sus familias”.
Dos de ellos, los fiscales Pablo Pinto y Rafael Coria, concursaron –y ganaron– cargos de jueces, pero antes de dejar sus puestos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dejaron también las investigaciones de los crímenes de Zamudio y Ponce, otra vez, a punto de archivo.
“El Fiscal Regional, Patricio Serjal, tiene en sus manos la decisión de oponerse al archivo de las causas y avanzar en la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos o garantizar impunidad”, sostuvo la Multisectorial contra la Violencia Institucional al relanzar la campaña contra esa posible decisión.
Maximiliano Zamudio tenía apenas 16 años cuando murió la noche el 27 de mayo de 2015 en un pasillo de barrio Tablada. Lo mató de tres disparos un miembro de la Prefectura Naval. Esos datos objetivos no son materia de debate. Lo ocurrido, en cambio, sí.
La versión del prefecto, Ariel Fernando C. (33), dice que el joven se asomó a la ventanilla del Ford Falcón que conducía con intención de asaltarlo “con algo que parecía un arma” y le tiró.
Los familiares de Zamudio, a partir de los dichos de testigos del crimen, sostienen que el uniformado lo llamó para luego dispararle, y acto seguido bajarse y rematarlo en el suelo.
“Por lo menos –dice Eugenia Cozzi a este semanario y repite, enfáticamente–, por lo menos, hay prueba de exceso en la legítima defensa”.
Y sigue: “En el caso de Maxi Zamudio la fundamentación para archivar la causa es que se trata de legítima defensa en contexto de robo, y (el fiscal) manda a investigar a los familiares de la víctima”.
Dice que pueden haber incurrido en falso testimonio. “En vez de investigar al prefecto lo hace con las víctimas. Es un patrón de la Fiscalía en los casos de violencia institucional”, asegura Cozzi, una de las integrantes de la Multisectorial.
Afirma que “las pruebas objetivas problematizan esa posición del fiscal” porque “hay testigos del hecho que rechazan la versión del prefecto” aunque “el fiscal reproduce la posición defensista del prefecto, a pesar de que hay testimoniales y prueba objetiva que señalan los contrario”.
Alejandro Ponce, de 23 años, fue pillado junto a su hermano Luis mientras cometían un asalto sin armas a una pareja de adolescentes en el parque de las Colectividades. En noviembre de 2015. Seis policías los corrieron y en la huida los jóvenes se tiraron al río Paraná, frente a los silos Davis.
Luis, que sabe nadar, regresó a la costa y fue arrestado. E imputado por robo.
Alejandro no sabía nadar y murió ahogado en las aguas del Paraná, en las que su cuerpo fue encontrado flotando días después. Esos datos objetivos no son materia de debate. Lo ocurrido, en cambio, sí.
Luis relató que su hermano fue “hostigado” para tirarse al agua y, mientras intentaba flotar, al menos cuatro de los seis miembros de la fuera de seguridad le arrojaron piedras, hasta que sus fuerzas cedieron a la ferocidad sin prisa del río.
“En el caso de Ponce lo que dice el fiscal es que no hay más pruebas para tomar, que no se puede avanzar en la investigación”, explicó Cozzi en relación al pedido de archivo del legajo.
Y aseguró que aún restan medidas por tomarse para determinar qué fue lo ocurrido con Ponce. Cuya condición de asaltante, por si es necesario decirlo, reclama un proceso en la Justicia penal pero no su ejecución sumaria.
El patrón del mal
“Lo que nosotros encontramos es que hay patrones de actuación policial en estos casos, que tienen que ver con la detención y persecución y también con posterioridad al hecho”, explica Cozzi.
Esos patrones son: “Cómo se investigan a sí mismos, cómo modifican el escenario de los hechos para garantizar impunidad”.
Si bien la brutalidad policial es un problema, el eje de la Multisectorial, en esta campaña, está puesto en la reacción del Poder Judicial ante los hechos consumados.
“Lo que más nos preocupa es poder visibilizar quiénes son los que tienen el poder en sus manos para decidir sobre esto, para avanzar o no en las investigaciones”, dice la abogada.
En ese punto también hay patrones comunes, añade: “No se investiga adecuadamente, se investiga a las víctimas, no se recibe a los familiares para darles información”.
También “se reproduce la versión policial de los hechos, lo que conlleva a que se termine en archivos y, si llegan a juicios orales, las condenas sean ínfimas en relación al bien tutelado”.
La palmadita justificatoria en la espalda del policía bravo también merece una puntualización. “Esto nos preocupa en el contexto actual en donde desde el poder político hay una habilitación para que estas prácticas ocurran”, señala Cozzi y recuerda el caso del policía Chocobar, felicitado por el presidente Mauricio Macri.
Aclara que una adecuada gestión de las fuerzas de seguridad y un posterior control del Poder Judicial “es una deuda de la democracia” y no un hecho novedoso. Pero agrega que “hay contextos donde el Estado trata de problematizar esas prácticas y otros en los que están más habilitadas”. Cuando imperan los últimos, abunda, “estos casos van a ser más, lamentablemente es lo que a suceder”. “La impunidad genera las condiciones para que estas prácticas sigan sucediendo”, finaliza.
Fuente: El Eslabón
