Tras la orden del juez Sergio Moro de detener al ex presidente del Brasil, quien tiene plazo hasta la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria, miles de militantes rodearon su casa para impedir el arresto.
El ex jefe del Estado brasileño y actual candidato presidencial Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva sigue en la mira del juez Moro, quien luego de que el Tribunal Supremo de ese país le denegara el habeas corpus presentado oportunamente ordenó su inmediata detención.
En ese marco, el ex mandatario tendrá plazo hasta las 5 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
Según el corresponsal brasileño del diario Página 12, Eric Nepomuceno, “antes de que se conociera la orden de prisión, él (por Lula) dijo a los amigos con quien se reunió que era preciso «movilizar a la gente en las calles», aunque admitió que eso difícilmente ocurriría antes que lo llevasen preso, algo que previó que ocurriría la semana que viene. «Y será importante mantener a la gente en las calles mientras yo esté preso»”.
No hizo falta convocatoria alguna. Miles de militantes del PT y manifestantes de otras fuerzas se movilizaron en forma espontánea hasta la sede del gremio metalúrgico en San Bernardo do Campo, adonde se dirigió Lula, y una significativa multitud acordonó el domicilio del ex presidente.
El ex mandatario salió a saludar a los militantes. Aunque no pronunció discurso alguno, desde una de las ventanas –y durante varios minutos– se mantuvo allí mientras una multitud lo vivaba y hacía sonar cornetas y bocinas, momento que fue transmitido en vivo por la red social Facebook.
Según el periodista brasileño Kennedy Alencar, quien entrevistó este jueves a Lula, éste “dijo que iba a esperar el consejo de sus abogados” antes de decidir si se entrega o no.
De acuerdo a la orden dictada por Moro, Lula da Silva debería cumplir una condena en «una sala reservada» en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en «razón de la dignidad del cargo ocupado» por el ex mandatario.
Sin ‘habeas corpus’
El pasado miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de ‘habeas corpus’ presentado con carácter preventivo por los abogados del expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le sigue por la posesión de un departamento triplex.
Mientras cinco de los 11 magistrados votaron en favor del recurso, los otros seis se manifestaron contra, lo que precipitó la orden de detención. Esa decisión trunca el camino de Lula a la presidencia de Brasil, a pesar de ser el más aventajado en las encuestas.
El juicio duró más de 10 horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula fue la magistrada Cármen Lúcia.
¿De qué se le acusa?
La causa contra el ex mandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato, que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructora Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
En la opinión de la doctora en derecho, Gisele Ricobom, la rapidez y la excepcionalidad del caso es una muestra de la intromisión del poder judicial en la política y la democracia.
