El Ministerio Público de la Acusación informó este jueves, a través de un comunicado de prensa, que cinco personas fueron demoradas en el marco de la investigación por amenazas a referentes de derechos humanos de Rosario. Uno de los detenidos, es integrante de la Policía Federal.
De acuerdo al parte oficial de la Fiscalía, hubo un allanamiento en la zona de Pablo Podestá, localidad de 3 de Febrero, donde se detuvo a Lucas S. quien se desempeña como agente de Policía Federal y otro allanamientos en la localidad de Ensenada donde se detuvo a Teresa C. Ambos allanamientos se llevaron adelante por la Policía Federal (PDI) de Santa Fe en conjunto con la Policía Federal.
Más temprano otras tres personas fueron demoradas–dos mujeres y un hombre–, también en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Ashad.
Este martes, Ponce Asahad había adelantado que tenía a 15 personas identificadas en condiciones de ser detenidas.
Según denunciaron el miércoles pasado organismos de derechos humanos de Rosario, desde principios de marzo, personas desconocidas vienen creando grupos de WhatsApp en los que compulsivamente y de manera reiterada se añade a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, y legisladores nacionales, provinciales y locales con fines intimidatorios y amenazantes. “Muerte a Milagro Sala” o “Tucu vive”, son algunos de los nombres de los grupos creados en los que se profieren amenazas como “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
Este martes, entrevistado en el programa La Marca de la Almohada, de Radio Universidad, el fiscal informó que tras iniciar la investigación el miércoles pasado y recibir nuevamente a los denunciantes el sábado para una ampliación de denuncia, se “libraron una serie de despachos que arrojaron resultados”.
“Ya tenemos una serie de números identificados, con personas identificadas, lo que era un paso más que necesario para avanzar en la investigación”, señaló en ese momento Ponce Asahad en diálogo con Radio Universidad. Y remarcó: “Tengo 15 personas localizadas que están en condiciones de ser detenidas”.
El fiscal anunció que va a “proceder con todas las herramientas y todo el rigor que otorga el código y la legislación”, y adelantó que las personas identificadas son de Rosario, Córdoba y Buenos Aires y que incluso se geolocalizó un chip en el país de procedencia estadounidense.
La denuncia por amenazas fue promovida el miércoles pasado por el Espacio Juicio y Castigo, ámbito que integran organismos de derechos humanos de la ciudad, como Madres, Hijos Rosario, APDH, Familiares, Abuelas filial Rosario, junto a diferentes organizaciones sociales, gremiales y políticas.
Los organismos de derechos humanos evalúan que se trata de “gente que pretende intimidar y amenazar a las personas agregadas, para coartar su libertad y el derecho a participación en los asuntos de la vida pública de nuestra sociedad”.
“Por ser las víctimas todas referentes ubicadas en el plano de la oposición, pensamos que pueden ser los famosos trolls, esos grupos paraestatales que se dedican a generar confusión en las redes sociales y operaciones comunicacionales”, plantearon la semana pasada desde el Espacio Juicio y Castigo.
“También pueden ser directamente servicios de inteligencia, siguiendo los viejos manuales de la dictadura, con la intención de producir los definidos «hechos de acción psicológica», y de hacernos sentir que todos estamos siendo espiados”, añadieron desde los organismos.
Este sábado, ante la nueva proliferación de grupos de Whatsapp amenazantes, con nombres como “el Nuevo Videla”, “Muerte a las denunciantes”, “Zitelli Vive” o “Fiscales Hijos de puta”, en los que además de las intimidaciones ya habituales se incluyeron fotos de algunos de los ingresados compulsivamente a los grupos y de sus hijos, representantes de los organismos de derechos humanos volvieron a reunirse con Ponce Asahad.
