Menem estableció en los 90 las reglas de coparticipación vigentes, generando la brutal dependencia que las provincias tienen con la Nación, lo cual no explica del todo la empatía del gobierno de Lifschitz con la gestión Cambiemos.
Diluidos en una inusual conferencia de prensa los presuntos vínculos de notorias estrellas periodísticas con la red de pedofilia futbolística que investiga la Justicia, se cayó uno de los trending topic que el macrismo viene imponiendo a la agenda pública, dejando paso a la política pura y dura.
En la provincia de Santa Fe, sin embargo, en la mayoría de los hogares lo que se viene discutiendo desde principios de marzo es cuándo se regularizará el ciclo lectivo, atravesado por un conflicto que el gobierno de Miguel Lifschitz no quiere resolver en otros términos que los decretados por la administración de Mauricio Macri.
El legítimo reclamo docente, sustentado en la voracidad inflacionaria, se topó desde el comienzo de las paritarias con el techo del 15 por ciento que Cambiemos estableció como regla para todas las negociaciones salariales, ya sea entre gremios y cámaras patronales privadas o entre los primeros y el Estado.
Apenas corrida de ese eje, la oferta del 18 por ciento que el gobierno provincial realizó a maestros y estatales en general sólo fue aceptada por Upcn, el gremio sempiternamente oficialista, y acto seguido a ese acuerdo, el mandatario socialista no tuvo mejor idea que firmar un decreto que cerraba la discusión paritaria con el resto de los sindicatos.
Resulta insoslayable la incidencia que tiene en el conflicto el Pacto Fiscal que Lifschitz decidió firmar con Macri, no sólo en términos de disponibilidad de recursos para pilotear la coyuntura, sino a nivel macroeconómico y político.
En ese punto, los voceros oficiosos de la alianza entre socialistas y radicales que gobierna la provincia aducen la dependencia histórica que el régimen de coparticipación federal le impone a Santa Fe, y agregan que la rúbrica del Consenso Fiscal era imposible de evitar, por los aprietes de la Casa Rosada.
El razonamiento deja en el camino los perjuicios devenidos de la firma del convenio, entre ellos la renuncia a exigir a la Nación por la vía jurídica que haga efectivo el pago de la deuda que ya cuenta con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia nacional.
Por fuera del oficialismo, lo que se plantea es que en realidad Lifschitz no se siente tan incómodo con Macri, y que buena parte de sus políticas públicas están en absoluta sintonía con las del equipo de CEOs que comanda el empresario en licencia.
La respuesta de los gremios afectados a la intempestiva interrupción de la paritaria estatal no podía ser otra: el miércoles pasado, los maestros nucleados en Amsafé y Sadop, sumados a los estatales de ATE y otros sindicatos, protagonizaron una masiva movilización hacia la Casa Gris para repudiar el cierre de la negociación salarial y exigirle al gobierno de Lifschitz “paritarias libres y sin techo”.
Pero el mismo día de la marcha, el mandatario santafesino y su ministro de Gobierno Pablo Farías dieron otra muestra de sintonía con las formas y el fondo de las políticas macristas, enviando una circular a todas las dependencias estatales anunciando que se descontarán los días de huelga de 48 horas que concluyó el jueves.
La titular de Amsafé y Ctera, Sonia Alesso, puso en negro sobre blanco el fondo de la cuestión: “No es verdad que no iba a haber techo ni piso. Pretenden que aceptemos techos salariales. La causa de este conflicto es sin dudas la negativa del gobierno provincial de discutir en la paritaria como se tiene que discutir, de poner sobre la mesa el debate y no pretender imponer un aumento a la medida de otras propuestas salariales que se han hecho en el país”.
Parecidos y diferentes
El de Lifschitz es el séptimo mandato provincial que tiene que vérselas con el régimen de coparticipación federal y debe asumir tironeos con el gobierno nacional. Vale la pena repasar algunos parecidos y varias diferencias entre esas gestiones.
Los dos primeros gobiernos de Carlos Reutemann y el primero de Jorge Obeid se puede decir que inauguraron la etapa de la “emergencia económica”, a la que el ajuste menemista obligaba, pero que al menos el ex piloto de Fórmula 1 adhería ideológicamente.
Las restricciones de aquella “emergencia económica”, similares a las actuales, pero con un manejo político que la hace parecer humanitaria al lado del ahogo macrista, no tuvieron ni en el Lole ni en el primer Obeid resistencia alguna, y las condicionalidades de época tampoco: el segundo terminó de cerrar la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, se entregó la vieja Dipos a manos particulares, se ajustó todo lo que Domingo Cavallo ordenaba ajustar.
El segundo gobierno de Obeid coincidió con el primero de Néstor Kirchner, y al Turco le costó entender que se había salido de la “emergencia económica”, pero finalmente se puso en sintonía con el gobierno nacional, y tal vez haya sido la mejor gestión desde que se recuperó la capacidad de votar libremente.
La llegada en 2007 del socialismo a la Casa Gris no encierra misterio alguno en cuanto a la pésima relación política que tanto Hermes Binner como Antonio Bonfatti decidieron mantener con Cristina Fernández de Kirchner, pero sí esconde una paradoja, porque a pesar de esa abierta hostilidad los recursos nunca cesaron de llegar a Santa Fe, sin las extorsiones actuales, sin firmas de pacto fiscal alguno, y mucho menos con imposiciones de techos salariales ni de eyectar a agentes estatales para achicar la planta del Estado.
Lifschitz, como gobernador, se siente mucho más cómodo –es ostensible– con la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica en la Nación, que cuando como intendente tenía a CFK en la Rosada. Y siendo lord mayor, la ex presidenta le arregló hasta el derrumbe del Parque España, que pudo ser una tragedia mucho peor que el accidente de Once.
En ese episodio y sus instancias previas el jefe municipal tuvo una rotunda e insoslayable responsabilidad política y técnica, al haber sido responsable de Servicios Públicos durante dos mandatos, área de la que dependía prevenir el derrumbe.
Sin embargo, en eso, como en los cuantiosos fondos girados para solventar el Congreso de la Lengua en la gestión de Néstor, en las innumerables obras que se realizaron en Rosario, el socialismo no pagó costos por actitudes como la de recibir en la Casa Gris a la Mesa de Enlace en plena guerra de la 125, o votar en contra de todos los presupuestos enviados por el kirchnerismo al Congreso. Por mucho menos, el macrismo es capaz de revolear medio centenar de carpetas a juzgados federales con operaciones contra frenteprogresistas cívicos díscolos.
Es además notable que uno de los nudos argumentales que se esgrimieron desde el socialismo entre 2003 y 2015 era que no se podían establecer acuerdos en el marco de la “baja calidad institucional” con que ejercía el poder el kirchnerismo.
Sin embargo, para el socialismo no es un escollo que Cambiemos opere sobre la legalidad democrática con la sutileza de una retroexcavadora en un vivero.
Macri gobierna llevándose puestos derechos constitucionales, impidiendo el debate para derogar un megadecreto que deroga decenas de leyes retirándose del recinto, manteniendo en las cárceles a presos políticos luego de armar causas con la participación de servicios de inteligencia y jueces y fiscales que trabajan en tándem, o divulgando escuchas ilegales de charlas telefónicas entre una ex presidenta y su ex secretario general.
Ese nivel de calidad institucional no le impide a Lifschitz mantener una relación cordial, hasta afectuosa, con el mandatario del PRO, e incluso no resulta un escollo a la hora de comprometer recursos del Estado provincial al sellar un pacto que difícilmente pueda ser justificado desde el progresismo, el federalismo o el republicanismo, aguas benditas que eran arrojadas en la cara de los satanes kirchneristas durante doce años y medio.
Miguel, el reformista
Sólo la empatía ideológica o el miedo pueden explicar que se haya accedido a todas las exigencias del macrismo en Santa Fe, aprietes que luego fueron trasladados a la Legislatura provincial para que lo firmado fuera refrendado por diputados y senadores, y reglas de ajuste económico que fueron transferidas a las espaldas de los trabajadores públicos santafesinos.
La fe en la mano invisible del mercado no aparece a la luz del presente como un exabrupto de Binner, como tampoco resulta ajena a la praxis socialista aquella inclinación del mismo personaje hacia el antichavista Henrique Capriles, referente de una derecha tan políticamente cruel como institucionalmente estrafalaria.
Pero el miedo a perder el gobierno provincial funge como un catalizador de sectores enfrentados dentro de la alianza gubernamental santafesina. Bonfatti se siente candidato natural, y considera que amplía la base electoral que tiene el actual mandatario socialista. Radicales aliados amenazan con llevar candidato propio a una primaria, pero Lifschitz está pergeñando otra cosa.
La sintonía irrefutable entre el Frente Progresista, Cívico y Social con la administración Cambiemos tal vez está más vinculada con la alquimia que en estos meses se viene experimentando en uno de los varios laboratorios de esa alianza.
El gobernador Lifschitz pretende que Macri le ordene a los legisladores provinciales de Cambiemos en Santa Fe que acompañen la obsesión reformista del socialista: conseguir la tan ansiada modificación de la Carta Magna, con reelección para sí mismo incluida, algo para lo cual –por pudor político– todos sus antecesores decidieron autoexcluirse.
Miguel cree que si alcanza ese objetivo, podrá exhibirlo como un triunfo político de tal magnitud que pueda recuperar la fe del electorado en poder retener la Provincia y ahuyentar la molesta presencia de un fantasma que todos los días le recuerda el tercer puesto obtenido en 2017, lugar del que el FPCyS no se ha movido un solo centímetro hacia arriba.
