En audiencia imputativa de este lunes, dictaron prisión preventiva para un policía federal y otra persona detenida en el marco de la causa por amenazas a referentes de derechos humanos, sindicales, sociales y políticos de Rosario.
El Fiscal Gustavo Ponce Asahad, de la Unidad de Investigación y Juicio, imputó al policía federal Lucas Semec (40) por los delitos de “amenazas calificadas por ser anónimas y apología del crimen”. Además el agente fue acusado de “publicación, difusión y distribución de imágenes pornográficas de menores”.
Ponce Asahad también imputó a Teresa V (53) años por los delitos de “amenazas calificadas por ser anónimas” y “apología del delito”.
Según explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal les imputó a ambos los hechos de “amenazas sistemáticas a fiscales, políticos, militantes de agrupaciones de derechos humanos, abogados querellantes de juicios por delitos de lesa humanidad y demás víctimas, agregándolos a grupos de Whatsapp desde sus celulares, en los que aludían a distintos referentes del gobierno militar argentino de 1976 y a sucesos propios de aquella época”.
“Además –indicaron desde el MPA–, a Semec se le atribuye la difusión de una fotografía índole sexual que incumbe a un menor de edad”. Los imputados fueron aprehendidos el 5 de abril de 2018, mediante un allanamiento en el que también se secuestraron sus celulares, a raíz de una denuncia radicada por el espacio Juicio y Castigo Rosario, ámbito del que participan organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas de la ciudad.
El miércoles 28 de marzo, organismos de derechos humanos de Rosario denunciaron que desde principios de mes, personas desconocidas venían creando grupos de Whatsapp en los que compulsivamente y de manera reiterada se añadía a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, y legisladores nacionales, provinciales y locales con fines intimidatorios y amenazantes. “Muerte a Milagro Sala” o “Tucu vive”, son algunos de los nombres de los grupos creados en los que se profirieron amenazas como “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
El sábado siguiente, los organismos ampliaron la denuncia y presentaron capturas de pantallas de grupos con nombres como “el Nuevo Videla”, “Muerte a las denunciantes”, “Zitelli Vive” o “Fiscales Hijos de puta”, en los que además de las intimidaciones ya habituales se incluyeron fotos de algunos de los ingresados compulsivamente a los grupos y de sus hijos.
Entre los centenares de víctimas de intimidaciones, aparecen diputados nacionales como Josefina González (La Cámpora) y Lucila De Ponti (Movimiento Evita); concejales como Norma López (Frente para la Victoria), Eduardo Toniolli (titular del PJ local) y Marina Magnani (Unidad Ciudadana); dirigentes sociales como Alejandra Fedele (Ctep) y Eduardo Del Monte (CCC), integrantes del movimiento de derechos humanos como Nadia Schujman y Juane Basso (Hijos), Ana Moro, Iris Perez, (Ronda de Madres); Mario López (APDH), Élida Luna (Familiares); dirigentes sindicales como Javier Almirón, Juan Pablo Bustamante, Paulo Juncos (Amsafé) y Raúl Daz (ATE); el ex Defensor General de la provincia Gabriel Ganón, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco, y el fiscal federal Adolfo Villate.
Este lunes, en el marco de la audiencia imputativa, la jueza de Primera Instancia de Rosario, Paula Álvarez, aceptó la calificación legal presentada por la fiscalía y el pedido del fiscal de prisión preventiva efectiva por el plazo de 45 días.
