El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, insistió con su pedido a la EPE para que garantice la accesibilidad al servicio de energía, y le solicitó al ministro Aranguren que las subas no superen los aumentos salariales.
El titular del organismo le pidió al Directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a la Secretaría de Energía que se establezca una tarifa social para pequeñas y medianas empresas, y que se prohíba el corte de suministro a quienes no pueden abonar las facturas con incrementos. Además, le manifestó al ministro de Energía de la Nación su preocupación por el alto costo de la energía mayorista, y le solicitó que las subas en el costo de la energía mayorista no superen el porcentaje de paritarias.
Lamberto le reclamó a la EPE que implemente una serie de medidas “que permitan garantizar la asequibilidad de tan importante servicio público” para las pymes provinciales y los ciudadanos en general.
En notas enviadas al presidente del Directorio de la EPE, Raúl Stival, y a la secretaria de Energía provincial, Verónica Gesse, el defensor del Pueblo consideró que “deviene impostergable la implementación” de estas acciones y retiró la necesidad de poner en práctica “una tarifa social para las pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias a raíz de la importancia de estos actores en nuestra economía siendo que muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.
Además le reiteró el pedido a la EPE y a la Secretaría de Estado para “prohibir el corte de suministro eléctrico para aquellas personas que se vean imposibilitadas de afrontar el pago de sus facturas y expresen voluntad de hacerlo”. Asimismo, insistió con que se disponga en “las facturas de la distribuidora el detalle el monto correspondiente a la energía mayorista tal como se efectúa para el caso de los impuestos, entendiéndose que de ese modo se daría cumplimiento del derecho constitucional del usuario a recibir información adecuada”.
El funcionario también solicitó “incrementar las bandas de consumo en el cuadro tarifario de la EPE, de modo que en los meses de mayor consumo las tarifas no se determinen según el mayor valor del kilovatio”. Puntualmente, en este caso se requirió que la primera banda incluya hasta un consumo no menor a 450 kilovatios por hora mensuales.
Nota para Aranguren
El defensor santafesino le manifestó al titular de la cartera energética la ”profunda preocupación como organismo de defensa de los derechos de los habitantes de nuestra provincia de Santa Fe, por el alto impacto que el valor de la energía en el mercado eléctrico mayorista está teniendo sobre los usuarios de este servicio público esencial para el normal desenvolvimiento de las personas y de las empresas e industrias santafesinas”.
Lamberto le recordó que había advertido la situación en diciembre del 2016, cuando expresó que, “a diferencia de lo que ocurría con otras distribuidoras, en el caso de la EPE las tarifas finales fueron incrementadas periódicamente para sus usuarios, por lo que el traslado de los sucesivos aumentos mayoristas de la energía partieron de una tarifa superior al de otras áreas pertenecientes a otras distribuidoras del país, causando como resultado tarifas actuales cuyos pagos se convierten verdaderamente difícil para muchos usuarios santafesinos”.
En ese sentido, el defensor consideró que la situación “actual es aún mucho más gravosa que en aquella oportunidad” y evaluó que “los valores aprobados no cumplen con los preceptos consagrados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Cepis, respecto de la proporcionalidad, gradualidad, razonabilidad y certeza analizadas bajo la óptica de la realidad socioeconómica de los usuarios que deben afrontar con sus ingresos la totalidad de los aumentos determinados”.
Ante este panorama, Lamberto volvió a manifestar que tanto los defensores del Pueblo locales como los provinciales de todo el país “vienen sosteniendo que los aumentos deben ser determinados tomando como parámetro las políticas salariales acordadas en paritarias, por lo cual se solicita que estos principios se apliquen a los aumentos en vigencia y que no se implementen nuevos incrementos en el corriente año”.
