Por iniciativa del edil Osvaldo Miatello, el Concejo declaró por unanimidad su aval al reclamo de jueces penales locales respecto de la necesidad de contar con instituciones que brinden servicios para tratar adicciones.
El reclamo del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario se plantea en torno de la necesidad de contar con espacios –tanto ambulatorios como de internación– para contener y tratar a personas con consumos problemáticos y adicciones, priorizando la prevención, en coordinación con los diferentes actores e instituciones públicas y privadas.
El apoyo a los magistrados surge a partir de la nota que recientemente elevaron al gobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz solicitando que se solucionen las diferencias entre la Ley Provincial N° 13.671 y el decreto de veto propositivo N° 4170/17, porque consideran “urgente la necesidad de contar con instituciones que puedan proveer tratamiento ambulatorios pero también internación, a personas que más allá de las denominaciones, sufren –ellos, sus familia, la comunidad toda– las consecuencias de su dependencia a determinadas sustancias”.
La Ley N° 13.671, sancionada el 30 de noviembre pasado, creaba 19 centros provinciales “de prevención, tratamiento y recuperación para personas con problemas de adicción, los que dependerán del Ministerio de Salud y funcionarán en predios cercanos a los Hospitales y/o Efectores públicos de Salud de cada ciudad cabecera de los Departamentos de la Provincia de Santa Fe”.
La respuesta del gobernador a esta norma fue el decreto N°4170/17, mediante el cual vetó la creación de los diecinueve centros y propuso modificaciones para siete de los ocho artículos de la Ley.
Ante esta diferencias, los magistrados –y con el apoyo expresado, también el Concejo rosarino– reclaman celeridad para atender la necesidad de espacios de contención que, según la carta de los jueces, también implica pensar una respuesta a “la angustia de miles de familias que ven a sus hijos degradarse, cuando sus consumos se transforman en problemáticos, sin que el estado les aporte ninguna solución efectiva. Por el contrario, en muchos casos, la falta de instituciones adecuadas, lleva al delito y en estos casos, se reprime con un encierro carcelario, que resulta absolutamente ineficaz”.
