La absolución que el ex jefe de Policía Hugo Tognoli obtuvo en la Justicia federal de Rosario lo llevó a declararse, nuevamente, un recluso por motivos extrajudiciales. Los detalles de una condena a seis años de prisión por encubrimiento de un narco y amenazas a la madre de un adicto que lo denunció, contradicen su mirada autoindulgente.
De un día para el otro, como consecuencia de un fallo que lo absolvió por el beneficio de la duda (es decir, cuando un tribunal considera que no existen pruebas suficientes para una condena), el ex comisario Hugo Damián Tognoli se convirtió en un “preso político”. Si bien esa definición apareció en su discurso de defensa ya hace algunos años, no luce aceptable que el resto de la sociedad –y una parte de la prensa– la digiera como una verdad irrevocable. El 26 de octubre de 2015, el ex jefe de la Policía de Santa Fe fue condenado a seis años de prisión por encubrimiento a un narco y amenazas y coacciones a la integrante de la asociación Madres Solidarias, que lo había denunciado por esa complicidad. Como esa sentencia dictada en Santa Fe fue apelada ante la Cámara de Casación Penal, Tognoli continúa en libertad hasta que quede firme o sea revocada por ese tribunal. En el juicio de Rosario en el que resultó absuelto la semana pasada fueron condenados los dos narcos involucrados –a uno de los cuales presuntamente había otorgado cobertura– y los otros dos policías imputados, lo cual permite presumir que no se trató de “una causa armada”.
Desfase temporal
“El tiempo es una de las cosas que no se recuperan, pero quiero disfrutarlo por el momento en el que estuve alejado. Fui un preso político. Lo dije desde el principio, la causa era ficticia, estaba armada y nunca hubo pruebas”, dijo Tognoli al quedar en libertad, tras la absolución que obtuvo en Rosario.
Antes, el ex jefe de Drogas Peligrosas durante la gestión de Hermes Binner en el gobierno provincial, había señalado que su caída en desgracia obedeció a que “hubo una decisión política de difamarme para perjudicar a Hermes Binner, que había formado un bloque político con Elisa Carrió que se oponía a la reelección de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Binner fue candidato presidencial en las elecciones celebradas en octubre de 2011, cuando consiguió el segundo puesto con el 16,8 por ciento de los votos, 38 puntos menos que la vencedora en esa oportunidad, Cristina Fernández de Kirchner, quien obtuvo la reelección con el 54 por ciento de los sufragios válidos.
Tras la difusión periodística de la causa en su contra, Tognoli se entregó a la Justicia Federal de Rosario el 21 de octubre de 2012, un año después de que Binner fuera candidato presidencial. Tarde para oponerse a la reelección de Cristina, que ya transitaba su segundo mandato. El socialista había dejado la Casa Gris diez meses antes de esa detención y el gobernador por entonces era Antonio Bonfatti, carente de pretensiones presidencialistas.
Por la duda
Tognoli estuvo sometido a proceso en la causa de Rosario durante un tiempo excesivo: casi seis años. Todos ellos con prisión preventiva, sobrepasando holgadamente los plazos “razonables” que contempla la ley local en concordancia con el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La ley establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, prorrogable por uno más en determinadas circunstancias. Esa medida cautelar se aplica cuando el juez considera que el imputado puede entorpecer la investigación o fugarse para eludir el proceso. Tognoli estuvo un día prófugo hasta que decidió presentarse ante el juzgado federal Nº 3 de Rosario. Su detención por un plazo de seis años, como se dijo, luce excesiva.
Si bien aún no se conocen los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal que absolvió al ex jefe de Policía, durante el proceso no se produjo una prueba fehaciente de la complicidad de Tognoli con el narco de Villa Cañás, Andrés Ascaíni, que fue condenado en el juicio.
Sí, en cambio, la hubo en los casos del jefe de la delegación de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto al momento de los hechos, Néstor Fernández, también condenado. Se trata de un subordinado de Tognoli, puesto que en 2009 cuando desde la comisaría de Villa Cañás le avisan a Ascaíni que lo seguían dos vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) –lo que le permitió eludir un allanamiento en su domicilio–, Tognoli era el jefe provincial de la ex Drogas Peligrosas.
El fiscal del juicio, Adolfo Villate, reunió un conjunto de indicios que consideró concordantes para acusar al ex jefe de Policía de participar del encubrimiento de la fuerza de seguridad a Ascaíni.
Como se dijo, el narco fue condenado al igual que el policía Fernández y otros imputados de menor envergadura, por lo que no parece razonable el planteo de una causa armada contra Tognoli para perturbar la carrera presidencial de Binner, que se había agotado casi un año antes de la detención del jefe policial.
El tribunal consideró insuficientes esos indicios para dictar una condena, cuyas pruebas deben alcanzar un grado de certeza y no sólo de probabilidad, que sí es suficiente para un procesamiento.
Antecedentes
Pero a Tognoli, que se declaró preso político, nadie le recordó que hace tres años fue condenado a seis años de prisión por un tribunal de Santa Fe que lo encontró culpable de los delitos de encubrimiento, coacción y amenazas.
Aquí los detalles de esa causa, para refrescar la memoria.
El 7 de febrero de 2011 la integrante de la ONG Madres Solidarias –que tiene como objetivo la lucha contra el narcotráfico y la prevención de adicciones– envió una nota a Binner alertándolo acerca de la posible complicidad entre Tognoli y un narco llamado Daniel Mendoza, alias El Tuerto, finalmente detenido el 12 de julio de 2012 en su casa de Colastiné con 13 kilos de cocaína y “elementos que componen lo que vulgarmente se conoce como «cocina»”, según la investigación.
Dos días después, Castaño insistió con otra nota, esta vez dirigida a Antonio Bonfatti, por entonces ministro de Gobierno. Ante el silencio oficial, en marzo de ese año presentó una denuncia penal contra Tognoli.
Antes de eso, la mujer lo fue a visitar cuando el policía asumió como jefe de la ex Drogas Peligrosas. Su intención era señalarle la ubicación de un vendedor barrial de drogas situado frente a la casa de una mujer que acompañó a Castaño a la reunión.
Pero no consiguieron lo que buscaban, y en cambio terminaron denunciando al que las debía ayudar. “Hicimos la denuncia en un juzgado porque ese día que fuimos a decir que había una persona que vendía paco, fue alrededor de las 10 de la mañana, y alrededor de las 5 de la tarde me llama la mamá con la que habíamos ido a ver a Tognoli, diciendo que enfrente de la casa de ella –que era donde vive el vendedor–, su hijo le decía que había un móvil policial”, narró Castaño a la Justicia Federal.
“Lo llamo a su celular a Tognoli, le pregunto qué estaba haciendo en la casa del vendedor, me dice que él estaba en su despacho, le digo que me está mintiendo porque la mamá lo está viendo de su casa que vive enfrente del vendedor, y él me dice que está haciéndose cargo de la investigación”. In situ y en persona.
Ese día Castaño descubrió lo que la sociedad santafesina comenzaría a conocer más de un año después. El 3 de marzo llevó el asunto a la Justicia con la denuncia penal registrada bajo el número 782/2011. “En las mismas, hizo concreta alusión al presunto encubrimiento desplegado por el funcionario policial Hugo Damián Tognoli respecto de la comercialización de estupefacientes desarrollado por parte de Daniel Francisco Mendoza en la ciudad de Santa Fe”, dice la causa.
Eso motivó la burda operación de desprestigio contra Castaño que la Justicia Federal cree que fue montada por Tognoli, el segundo en Drogas Peligrosas José Luis Baella y el propio Mendoza, en la que también intervino el suboficial Mauricio Otaduy, quien finalmente resultó absuelto en el juicio.
Youtuber policial
El 21 de marzo de 2011, Mendoza llegó hasta la vivienda particular de Castaño, en el barrio René Favaloro de la capital provincial. Se entrevistó con ella en la vereda y, según denunció luego la mujer, le pidió que levantara la denuncia contra Tognoli.
De acuerdo al expediente, para ese entonces Mendoza ya era investigado por su presunta actividad ilícita como narcotraficante por la dirección policial a cargo de Tognoli, en cuyo nombre presuntamente fue a convencer a la militante social.
Desde la casa de enfrente a la de Castaño, el suboficial de Drogas Peligrosas Mauricio Otaduy registró el encuentro con una videocámara.
Dialogar con un hombre investigado por narcotráfico no constituye una transgresión a las normas. Pero el video, entendieron el fiscal Walter Rodríguez y el juez Francisco Miño, tenía otro objetivo, que se revelaría unos meses después.
El 22 de mayo Mendoza envió tres mensajes de texto a Castaño. La mujer lo denunció por coacción, al entender que intentaban extorsionarla si no levantaba la denuncia contra Tognoli. También reveló que en el encuentro de marzo en la vereda de su casa, Mendoza le ofreció dinero para desistir de los cargos contra el jefe de la ex Drogas Peligrosas.
La Cámara Federal de Rosario sostuvo que “el carácter intimidatorio del contenido de los mensajes de texto torna carente de sustento la pretendida atipicidad de la conducta de Mendoza con base en que no surge acreditada amenaza alguna por parte de Mendoza a Castaño, ya que con la advertencia de hacer pública la filmación en que se los veía dialogando (…) es manifiesto que se perseguía el propósito de coaccionar a ésta a hacer algo, ante el desprestigio que la misma sufriría con aquella publicidad”.
El video finalmente fue subido a Youtube sin audio y bajo el título “Norma Castaño – Madre del dolor tranza con narco”.
Error de edición
Pero la Justicia Federal descubrió dos maniobras en la filmación. Al prestar declaración indagatoria, Otaduy explicó que realizó la grabación por orden de su superior, el subcomisario Baella. “En horas de la siesta de ese día, recibo una comunicación de mi superior, manifestándome que si me encontraba en mi domicilio, a lo que respondí que sí, y me informa que me fije si había estacionada una camioneta en las inmediaciones de mi domicilio, y si tenía cómo registrarla fílmicamente. A lo que respondí que sí. Bueno, así que procedo a registrar fílmicamente lo que estaba sucediendo ahí afuera”, dijo Otaduy.
La investigación descubrió que la filmación subida a Youtube se inicia con la llegada de Mendoza a la vivienda de Castaño, por lo que deduce que es imposible que Otaduy haya atendido el teléfono, espiado por la ventana, tomado la cámara y grabado sin perderse la llegada del Tuerto.
“Teniendo en cuenta que ello le habría demandado el mínimo tiempo necesario para primero espiar si efectivamente estaba la camioneta, luego buscar su cámara filmadora y ubicarse en un lugar apropiado para filmar el objetivo previo al inicio mismo de la filmación, se deduce que su declaración no es veraz desde que el video registrado por Otaduy comienza con la llegada misma de Mendoza al domicilio de Castaño, a quien se lo observa descender del vehículo para luego ingresar a la casa de esta última”, señala la resolución.
A la vez, la Justicia Federal santafesina dio por probado que el día anterior a la filmación, el propio Tognoli se entrevistó con Otaduy en su casa, ubicada frente a la de Castaño.
Lo denunció la mujer y presentó como testigo a un vecino de la cuadra, Sandro Aguirre, quien ratificó la versión de que ese día estacionó frente a lo de Otaduy un Chevrolet Corsa dorado, aunque ostensiblemente atemorizado, el hombre señaló que no pudo ver quién conducía el vehículo.
La investigación determinó que “el vehículo que responde a tal descripción, dominio HER-858, corresponde al móvil nº 3648 de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones”.
Ese automóvil volvió a aparecer en la causa como elemento de la complicidad de Tognoli con Mendoza, cuando el subcomisario Baella lo utilizó para visitar al narco en su vivienda de Colastiné –la misma donde cayó con 13 kilos de cocaína– el 3 de marzo de 2012, para mantener una grata conversación que fue fotografiada por otros policías.
