El jueves pasado se produjo el segundo fracaso de la Asamblea Legislativa que tenía como misión otorgar el acuerdo a la designación que hizo el gobernador de dos personas para integrar el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Eso se dio por ausencia –en las dos oportunidades– de todos los diputados y senadores del Frente Progresista Cívico Social.
La consecuencia directa de este accionar poco democrático, es la aprobación ficta de los dos pliegos que tenían dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos aconsejando el rechazo de los mismos y que oportunamente habían sido impugnados por todos los diputados del bloque que integra el diputado Héctor Cavallero.
Uno de los propuestos, lo fue en expresa violación a lo dispuesto por la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado que, expresamente, dispone que no pueden ser vocales del Tribunal de Cuentas quienes hayan desempeñado cargos en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación cuyas funciones sean materia de contralor del Tribunal de Cuentas. El propuesto fue secretario de Ingresos Públicos de la provincia hasta diciembre de 2017.
El otro propuesto no exhibe antecedentes académicos profesionales y laborales que respalden su designación.
Organismos internacionales estudiosos de los entes de control del Estado, como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) en sus declaraciones de Lima y México han establecido que este tipo de entidades (como el Tribunal de Cuentas) sólo pueden llevar exitosamente su labor si cuentan con total independencia de la entidad auditada y con recursos personales con cualificaciones excelentes e impecables desde el punto de vista de la ética.
También las Naciones Unidas, por resolución aprobada en su 66 período de sesiones, invita a sus miembros a aplicar estos principios en sus entes fiscalizadores, dejando en claro que el buen funcionamiento de estos entes redundan en la eficacia y transparencia de la administración pública.
Ya en 1977, en la declaración de Lima, se establecieron líneas básicas para la fiscalización, resaltando que la independencia de las entidades fiscalizadoras surge de la independencia de sus miembros y que sus integrantes tienen que tener la calificación e integridad moral para el cumplimiento de sus tareas y que en el momento de la selección tiene especial importancia una formación y capacidad superiores al promedio, así como una experiencia profesional adecuada.
Evidentemente ninguno de estos principios básicos importan al gobernador Miguel Lifschitz ni a sus legisladores, como tampoco evidentemente les importa violar la ley.
Acá no solo se trata de un simple acto de gobierno o una decisión política tomada por el gobernador.
Como la designación viola la ley, nos encontramos ante un hecho que desgasta las instituciones del estado provincial, pero sobre todo sacaba la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, de la gente en sus representantes y en especial hacia la política en general.
¿Cómo puede el Gobernador pedirle a los habitantes de Santa Fe que respeten la ley si él no lo hace? ¿Con qué autoridad moral, ya que el único justificativo plausible es desvirtuar el control a sus actos de gobierno, puede seguir tomando decisiones a diario?
Por todo ello y porque el Partido del Progreso Social cree fervientemente que los organismos de control deben ser herramientas eficaces de la democracia para evitar la corrupción, asumiendo el rol de oposición responsable, en defensa de todos estos principios y de la propia política como herramienta para transformar la realidad repudiamos la decisión del gobernador y le solicitamos revise sus decisiones en ese sentido.
(*) Presidenta de la Junta Ejecutiva del Partido Progreso Social (PPS)
