El Gobierno funciona como una gran mesa de dinero. La oposición más frontal piensa en derrotar a Cambiemos el año próximo. ¿Habrá un país para entonces? Muchas medidas son irreversibles sin que los herederos de Macri las repudien. El juicio político ya no es un tabú.
Cada día que transcurre el gobierno de Mauricio Macri pone a disposición de la banca privada –nacional o extranjera– entre 100 y 300 millones de dólares que son arrebatados a precios que oscilan hacia arriba y abajo, generando pingües ganancias a esas entidades y permitiendo que las divisas se fuguen sin piedad a guaridas financieras o sencillamente a las casas matrices de bancos o multinacionales.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debió ser una señal que estabilice las variables macroeconómicas como la cotización de la divisa norteamericana, las tasas de interés y la espiral inflacionaria, entre otras. Lejos de que ello ocurra, la presión sobre el billete verde sigue siendo feroz –el viernes al cierre de esta edición el dólar cotizaba muy por encima de los 29 pesos–, las tasas anuales trepan por encima del 50 por ciento, y el galope de los precios le sacan cada vez más ventaja al paso cansino de los salarios, haberes jubilatorios o asignaciones sociales.
La pobreza e indigencia se exhiben a diario en las calles de las principales ciudades de la Argentina. Cabinas de cajeros automáticos de bancos son el dramático dormitorio de innumerables personas en situación de calle, arrancadas en los últimos 30 meses de lo que fueron sus viviendas alquiladas.
Apenas sale el sol, familias enteras que duermen en refugios donde paran los colectivos arman sus bagajes –que incluyen colchones y almohadas– con vergüenza en sus caras, escapando de la mirada muchas veces inquisidora de quienes aún sobreviven a una crisis provocada para bajarle el poder adquisitivo a sus propios salarios.
Miles de militantes en otros tantos comedores comunitarios redoblan sus esfuerzos para que la comida alcance a saciar el hambre con que llegan hasta allí niños, ancianos, jóvenes, cada mediodía y cada anochecer, en un país que produce alimentos para abastecer a casi 500 millones de seres humanos.
En los hogares donde todavía hay uno o más ingresos por trabajo o por asignaciones sociales, cada noche se discute qué habrá que resignar al día siguiente si se quiere seguir teniendo agua, gas y luz. Y a lo que se renuncia es a comer.
Mientras eso ocurre, a lo largo de no mucho más que cuatro horas por día se decide a cuánto estará el dólar, a cuánto las acciones de las empresas líderes, en qué nivel las tasas de interés, y cuánto más endeudamiento habrá que colocarse en “el mercado”.
La tensión que esos dos extremos ocasiona a la cuerda social no es percibida en su verdadera dimensión, ya sea por quienes están obligados a ver cómo sobreviven día a día, o por quienes los condenan a tan miserable cotidianeidad.
Quien sí está obligada a verla es la dirigencia política y gremial. La segunda está tomando envión, con dispar resolución –las dos CTA en forma decidida, la CGT sumergida en sus internas–, y le hace falta aún redondear un plan de lucha que ponga en jaque al poder financiero que es el que verdaderamente gobierna.
La primera parece dividirse entre quienes consideran más relevante el pacto de gobernabilidad establecido con el macrismo, y quienes saben lo que se juega con este plan económico criminal, lo confrontan en forma retórica, pero están inmersos en un proceso de acumulación política con la mira puesta en los comicios de 2019, sin sopesar que los efectos de la crisis se pueden llevar puesto al propio sistema de partidos al que se rinde un tributo que merecería mejor destino, habida cuenta de que muchas de las políticas del macrismo serán irreversibles si la oposición que pretenda suceder a Macri no las repudia o rechaza desde ahora.
El saqueo en modo desvergonzado
El diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ (FpV-PJ) Rodolfo Tailhade fue el primero en advertir los riesgos que conllevará la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), tal como lo exige el FMI, pero que ya estaba en los planes del macrismo, radicales y seguidores de Elisa Carrió.
En la última semana, el legislador advirtió sobre “una de las modalidades que utilizará Mauricio Macri para saquear el FGS de la Anses, tal como se comprometió ante el FMI en el acuerdo stand by que firmó el gobierno”. Y agregó, con sorna, en su cuenta de Twitter: “Otra vez ponen a un vampiro a cuidar un banco de sangre”.
Tailhade reveló que “Juan Martín Monge Varela, director ejecutivo del FGS desde el 6 de enero de 2017 es quien manejó para Macri la fuga de capitales de Correo Argentino a partir de 1998, a través del fondo de inversión Galicia Advent Socma”. Y agregó: “Luego, entre 2000 y 2016, fue director de la multinacional MetLife, que operó en el sistema previsional menemista a través de Met AFJP, cuyas inversiones fueron nacionalizadas en 2008 por Cristina Fernández de Kirchner”.
El diputado nacional, asimismo, indicó que “una década después MetLife, inicia juicio a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) –la institución del Banco Mundial– por la decisión de estatizar la administración de los fondos previsionales”.
Mencionando una investigación periodística del especialista en temas económicos Alejandro Bercovich, Tailhade señaló que “el gobierno está construyendo la derrota en aquella demanda, para que MetLife cobre miles de millones de dólares, liquidar el FGS y permitir el retorno de las AFJP”, y que “para eso pusieron a un hombre de MetLife al frente de los fondos de la Anses”.
El legislador kirchnerista exhibió la vergonzosa suma que están cobrando quienes se jubilaron bajo el régimen de las AFJP y eligieron MetLife: menos de 1.500 pesos.
Tailhade remarcó: “El próximo paso en el proceso de saqueo de los recursos de los jubilados se concretará cuando Monge Varela disponga la venta de los 30.528 millones de pesos en acciones de Telecom, la tercera tenencia más importante del Fondo que tenemos todos los argentinos y argentinas”.
Pero lo más grave del caso es que, según el diputado nacional, “detrás de esta maniobra está el Grupo Clarín, que lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a 110,85 pesos por acción, cuando el mercado las tiene valuadas entre un 33 y 42 por ciento. Si el FGS acepta, le va a regalar más de 10.000 millones de pesos a Clarín”.
Tailhade recordó que “por una operación similar con las acciones de Petrobras, (el juez federal Claudio) Bonadío citó a indagatoria a Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, y a Luis María Blaquier, entonces director ejecutivo del FGS. A Monge Varela le espera lo mismo”.
Pero no son las únicas novedades en derredor del FGS. La ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner acaba de presentar un proyecto de ley para que se anule una frase del acuerdo que el gobierno de Macri firmó con el FMI.
La ex mandataria manifestó que “La recuperación del sistema previsional argentino no fue una «incautación», como dice el Gobierno en el memorándum de entendimiento técnico que envió al FMI el 12 de junio”, y agregó: “En ese documento, los funcionarios argentinos afirman, al referirse al destino de los activos de los fondos de pensiones, que «habían sido incautados en 2008». Falso. Esto, además de ser falso, ocasiona graves problemas jurídicos y económicos para nuestro país”.
Al explicar la iniciativa presentada –que CFK pide “que el Senado trate en forma urgente”–, la ex mandataria pregunta en sus cuentas en las redes sociales: “¿Te parece que es sólo una palabra y que estamos exagerando? Mirá lo que pasa mientras tanto. El Gobierno habilita demandas millonarias para empresas amigas, que pagarán los jubilados y jubiladas argentinos”.
La senadora retoma el hilo de Ariadna que siguió Tailhade y puntualiza: “El actual titular del FGS de la Anses, Juan Martín Monge, asumió en enero de 2017. Hasta unos días antes había sido el CEO de MetLife, la empresa que hoy demanda al Estado por la ley de AFJP. Como siempre, todo tiene que ver con todo”.
La iniciativa de CFK fue acompañada con las firmas de sus pares María de los Ángeles Sacnun, Silvina García Larraburu, María Inés Pilatti Vergara, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Ana Claudia Almirón y Ana María Ianni.
La desigualdad al palo
Este jueves se conoció –como uno de los datos divulgados por el Indec de Macri– que el coeficiente de Gini, que indica el grado de igualdad social, durante el primer trimestre arrojó resultados hacia la baja, lo cual da muestras de por dónde anda la distribución del ingreso en clave Cambiemos.
El Coeficiente Gini tiene valores que van de 0 a 1, y cuando se registra un índice más cercano a 1, quiere decir que el nivel de desigualdad de ingresos es mayor. Pues bien, el índice del período enero-marzo se ubicó en 0,440 puntos, cuando en 2017, en el mismo período, arrojó 0,437 unidades.
Según apunta el diario Página|12 en su edición del viernes, “es el segundo peor registro desde que el Gobierno reactivó el apagón estadístico y volvió a publicar este indicador sobre el segundo trimestre de 2016”.
Y señala que “todavía resta computar el impacto de la devaluación de la moneda y su correlato en los precios internos sobre los ingresos de las familias que se dio desde fines de abril”.
Lo cierto es que el coeficiente Gini mide la distribución del ingreso por percentiles, distribuyendo a la población en diez bloques de diez por ciento, y luego los compara. “Cada percentil equivale a unos 2,7 millones de personas”, calcula el diario porteño. El estudio verifica datos escalofriantes. Tomando una de las medidas de distribución del ingreso del Indec –el ingreso per cápita teniendo en cuenta el conjunto familiar–, el 10 por ciento de menores ingresos se tuvo que repartir unos 4.577 millones de pesos, mientras que el 10 por ciento con mayor entrada de dinero recibió 92.726 millones, o sea el 32,2 por ciento del total, contra el 1,6 por ciento que le tocó a los menos favorecidos por el modelo.
“La diferencia entre el primer y el último decil fue de 20 veces en el primer trimestre, mientras que en el mismo período de 2016 era de 19 veces”, destaca Página|12, que agrega: “La parte de la torta que recibió el percentil de menores ingresos creció apenas 3 por ciento, de 4.444 millones de pesos en el último trimestre del año pasado a 4.577 millones en la primera parte de este año. En cambio, la porción que se apropió el percentil de mayores ingresos se incrementó en un 23,1 por ciento, de 75.357 millones a 92.726 millones, según cifras oficiales”.
Cuando Macri recita de memoria que el suyo es el gobierno que más se ha ocupado de la demanda social en las últimas décadas, se está riendo en la cara de aquellas personas que al alba enrollan sus colchones y dejan con las cabezas gachas los refugios de bondi donde durmieron las heladas noches de este invierno versión Cambiemos.
Los vaivenes de la política
Mientras los becarios del Conicet realizan medidas de fuerza que incluyen ollas populares contra el “achicamiento y precarización” en Ciencia y Tecnología, mientras el energúmeno a cargo del Sistema Federal de Medios Hernán Lombardi y sus generales en la agencia oficial de noticias, Télam, despide a casi 400 trabajadores, mientras el imputado ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere responde “no vuelven nunca más” cuando se le pregunta si el Gobierno planea imponer nuevas retenciones al campo, en el escenario político se continúa observando cómo llegar mejor posicionados y con chances ciertas a las presidenciales de octubre de 2019.
No debería parecer irracional que dirigentes con condiciones políticas, prestigio social y autoestima afianzada consideren su carrera hacia la Presidencia u otros cargos. El problema se presenta cuando la administración actual se encuentra dinamitando todos los recursos con que cuenta el Estado para poner en juego cualquier otro modelo que no sea el de la apropiación de la renta nacional por parte de una minoría exclusiva, parasitaria y los costos sean pagados por las grandes mayorías.
¿Con qué Argentina se encontrarán aún antes de saber si ganan esos dirigentes políticos? ¿Con qué Estado habrán de lidiar tras esta verdadera pesada herencia que, a tan sólo 30 meses de haber asumido, ya le han dejado no tanto a los futuros gobernantes sino al pueblo argentino?
“Las retenciones no se reinstauran. Las palabras del Presidente fueron claras”, aseguró Etchevehere, uno de los íconos de esa neooligarquía cimentada en el complejo agroexportador, el sector financiero y el dispositivo mediático corporativo.
Para el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, «los despedidos tenían un perfil muy ideológico», y no contento con esa confesión de persecución laboral por portación de ideas, remató: «Muchos de los paros que nos hicieron no tenían nada que ver con lo que ocurría con la agencia. Se sumaban a medidas de la CGT y la CTA sólo para confrontar con las autoridades».
El desorejado ex periodista, en una de las más claras autoincriminaciones que ha arrojado el macrismo, que se considera eternamente impune, descerrajó un nuevo balazo al sueño de la pluralidad de voces: «Nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se sumó a esto y que decidió mantenerse con un perfil muy ideológico».
¿Con qué universo mediático se topará el próximo Gobierno no macrista? ¿Cómo se puede ejecutar políticas en un escenario de asfixia informativa como la que ya instauró este régimen?
En lo que va de 2018 ya se perdieron 94.500 empleos en blanco –en abril la baja fue de 28.600 puestos de trabajo–, lo cual representa una disminución anualizada del empleo del 1,7 por ciento.
El ex diputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde precisó que “los trabajadores asalariados e independientes «en negro» suman unos 7 millones, y los desocupados son 1,5 millones, sobre una población activa de 21 millones de personas”.
Citando la Encuesta de Indicadores Laborales de Trabajo (EIL), el ex asesor de la CGT ponderó que “los datos de mayo indican que el empleo privado formal presentó una reducción del 0,2 por ciento con respecto a abril”, y agregó que “entre los asalariados privados se perdieron 39.800 empleos, 2.000 monotributistas, 500 autónomos y 5.700 monotributistas sociales”.
Viejo zorro, Recalde no anda husmeando cifras en los tachos de basura. Además de ser datos oficiales, los que brinda fueron extraídos del Ministerio de Trabajo, y destacados por Clarín y La Nación en sus tapas.
Ambos diarios muestran, y Recalde lo reproduce, que “la proyección de creación de empleo privado registrado para los próximos tres meses es de 3,4 por ciento, la más baja desde el primer semestre de 2016”, y que “el 4,9 por ciento de las empresas proyectan disminuir sus plantas en los próximos tres meses”.
¿Qué esperan los gobernadores de la oposición, los máximos dirigentes políticos y sindicales para interpelar al Gobierno más allá de las críticas en el Congreso o en los medios masivos?
¿Qué ocurriría si los mandatarios provinciales, junto a los senadores y diputados, sumados a los líderes gremiales, le plantean un ultimátum al presidente Macri y le exigen que detenga su plan de exterminio de las economías regionales y desindustrialización?
O acaso la pregunta debería ser ¿por qué no lo hacen? Las promesas no son cumplidas. Los fondos u obras no llegaron, no llegan, y no llegarán, porque ahora el acuerdo con el FMI impone otra agenda, en la que ninguno de esos actores mencionados tiene presencia.
En su cuenta de Facebook, el propio Recalde salió el jueves pasado a decir lo que casi nadie, de izquierda a derecha, se anima siquiera a ponderar.
El veterano dirigente se explayó a gusto a través de un texto que tituló “Cuesta abajo” y comienza con estos párrafos: “Macri comenzó su caída con la reforma previsional, continuó cayendo con los aumentos de precios, los tarifazos, la devaluación y el hambre. Después se creyó Gardel, cuando, el Día de la Bandera firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ni que hablar cuando el MSCI le otorgó a la Argentina la categoría de «mercado emergente». Esto le duró hasta pocos días después del aniversario de la muerte de Gardel. Es decir, un suspiro. Ahora, continúa la caída. Es decir, como diría el morocho del Abasto, va cuesta abajo”.
Pero son los últimos retazos de su minimalista artículo los que más conmueven: “Lamentablemente, las situaciones institucional y social son de profunda gravedad. Este gobierno no tiene un plan B y las familias con hambre tampoco. Como nosotros somos peronistas y estamos convencidos que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, lo que tenemos que hacer es promover de manera activa todos los reclamos populares militantemente de manera tal que el Gobierno se vea obligado a un cambio de rumbo copernicano y empiece a hacer políticas a favor del pueblo.
Otra salida, si bien difícil, sería el Juicio Político y para ello se tendría que tener, algo hoy lejano: la mayoría especial (es decir las dos terceras partes de sus miembros presentes) tanto en Diputados como en el Senado (art. 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional). Sugestivamente, el diario La Nación, el día 17 de abril de 2015 se encargó de detallamos paso a paso cómo son los procedimientos y requisitos que se necesitan para llevarlo adelante”.
Eran otros tiempos, claro. La mandataria a destituir legalmente era “populista”. Pero que hoy La Nación haya dejado de sugerir esos mecanismos, no significa que sean menos constitucionales ni, mucho menos, que no deban ser analizados por quienes creen que se trata de llegar, como sea, a un año que tal vez no pueda ofrecer un país tal como lo hemos llegado a conocer.
