La guerra jurídica que se desató en torno de la libertad del ex presidente brasileño Luiz Inácio da Silva muestra que, pese a que existen jueces independientes, el partido judicial sigue teniendo el favor del poder económico.
Como se sabe, este domingo el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre solicitó la liberación de Lula. La orden fue dada por el juez Rogério Favreto tras el pedido de ‘habeas corpus’ de los diputados Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, informa Globo.
De acuerdo con el despacho judicial, se determinó la suspensión de su detención por no haber fundamento jurídico. La liberación del ex mandatario deberá cumplirse «en régimen de urgencia» este 8 de julio luego de presentarse ante la entidad carcelaria el documento oficial que lo ordena.
Bloqueo inmediato
El juez federal João Pedro Gebran Neto, involucrado en los procesos del caso de corrupción Lava Jato, determinó que no debe cumplirse la decisión tomada en esta misma jornada por el magistrado Rogério Favreto de liberar al expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.
Gebran, responsable de analizar y juzgar los recursos de todos los presos condenados por Lava Jato, plasmó su decisión en un documento oficial. En este reiteró su autoridad en el caso del exmandatario y aseguró que la tramitación del ‘habeas corpus’ debe ser revisada por él.
Tras conocerse la decisión, el juez que condenó a Lula, Sergio Moro, se negó a cumplir inmediatamente lo estipulado por Favreto. Según el magistrado, su colega «no tiene la competencia para tomar esa decisión de manera mesocrática» y el colegiado del Tribunal Regional Federal 4 «no tiene los poderes» para autorizar su salida.
Moro está de vacaciones en Portugal y sus declaraciones las hizo a través de los medios, sin legalidad alguna que lo respalde y refiriéndose aun juez superior a su magistratura.
Moro acentúa que, si una autoridad policial cumple la decisión de una «autoridad absolutamente incompetente», estará incurriendo en «el incumplimiento de una orden de prisión». Asimismo, manifestó que se dirigirá a los miembros del tribunal para revocar la orden.
«Lula debe seguir preso»
La noche de domingo, el presidente del Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4) de Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores, decidió que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debe permanecer en prisión.
El magistrado Thompson Flores afirmó que el caso de Lula está en el marco de las competiciones del juez federal João Pedro Gebran Neto (quien rechazó liberar al expresidente), y no del juez Rogério Favreto, quien a lo largo del día emitió tres fallos para liberar a Lula.
En respuesta, el diputado federal Wadih Damous del Partido de los Trabajadores (PT), uno de los autores del pedido de habeas corpus, tachó la decisión de Thompson Flores de «absurda y completamente ilegal».
¿De qué se le acusa?
En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Desde el pasado 7 de abril permanece preso en Curitiba (Paraná), en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y los sobornos que pagó la constructora Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera.
Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
Su defensa
La defensa de Lula alegó en varias oportunidades que su estadía en prisión era una «ejecución anticipada» de la pena y que por tanto era inconstitucional, puesto que fue encerrado antes de que se agotaran todos los recursos. Asimismo remarcó que Lula, nuevamente candidato a la Presidencia, lidera las encuestas electorales. El propio expresidente ha reiterado su inocencia y pone en duda la de sus acusadores.
Una consulta realizada en junio reveló que Lula da Silva cuenta con 33 por ciento de la intención de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con 15 por ciento; la ecologista Marina Silva, con el 7 por ciento, el laborista Ciro Gomes, con 4; y el socialdemócrata Geraldo Alkmin, también con 4.
No obstante, la situación jurídica del favorito impide, de momento, que pueda postularse a las elecciones, previstas para octubre de este año. De acuerdo con la ley electoral en Brasil, ninguna persona con condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede presentarse como candidato a un cargo de elección popular, porque corre el riesgo de ser vetado.
