El debate sobre Uber no gira en torno a “lo nuevo” y “lo viejo”, pues “lo nuevo” existe hace tiempo acá. Uber es una empresa de transporte que utiliza una app para captar clientes, como muchas otras que ya existen en Rosario. De hecho Cabify ya funciona aquí: vino hace dos meses y puso una remisería.
Uber podría hacer lo mismo, ¿porqué pretende entonces una legislación especial? Porque quiere abolir el monopolio estatal en el servicio público de transporte de pasajeros.
El Estado monopoliza la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros -ya sea directamente o por medio de concesiones-, porque de esta manera establece estándares. También -y esto es muy importante- determina cantidad de unidades en relación a la población.
Esta última potestad hace también al interés del Estado por el sostenimiento del sistema de transporte, un servicio esencial para una ciudad. La “competencia” por lo tanto puede darse, pero en el marco impuesto por el Estado, para garantizar la continuidad en la prestación.
Vamos a ser más gráficos dando un ejemplo de destrucción del transporte público por efecto de la desregulación/abolición del monopolio estatal, y la imposición/predominio del transporte privado: Villa Gobernador Gálvez. La vecina ciudad supo tener tres líneas de colectivos urbanos. Producto de la crisis se llenó de remiserías no habilitadas por el Estado. Hoy no tiene sistema de transporte público, ni líneas de colectivo urbano, y esas mismas remiserías fijan sus propios precios y estándares.
Hoy no hace falta cambiar ninguna normativa en Rosario para que Uber funcione aquí. Salvo que el objetivo sea introducir el transporte privado de pasajeros en la ciudad (no confundir con un servicio público concedido a un privado), y -con el argumento de “regular lo que de todas maneras va a pasar”- desregular en los hechos el monopolio estatal en la materia.
Algunos actores que se metieron en el debate dicen defender la libre competencia en materia de transporte, como si se tratara de venta de lavarropas. Es un servicio público esencial, en el qué hay competencia, pero con límites impuestos por el Estado en base al interés público. La Fundación Libertad no defiende ni la competencia, ni la libertad de mercado, defiende en este caso el privilegio corporativo de una empresa multinacional que -bajo el eufemismo de economía colaborativa- promueve relaciones laborales precarizadas al extremo.
* Concejal PJ
