La semana que culmina arrojó venganza, revancha de clase, operaciones de inteligencia que ponen en riesgo a todo el sistema político, una victoria pírrica de lo más retrógrado de la sociedad. Por sobre todo eso se percibe, oronda, la sombra del águila calva americana.
En los últimos siete días, varios sucesos conmocionaron a la opinión pública: Amado Boudou condenado y preso. Milagro Sala, enferma, desatendida y enviada a un penal en Salta. El aire fresco de la lucha de millones de mujeres volvió a mostrarse en las calles, y aunque el Senado extendió vaya a saber por cuánto tiempo la agonía del aborto clandestino, inseguro y oneroso, quedó claro que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será ley.
Y mientras la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue citada a indagatoria en el marco de la causa de las fotocopias del diario de un chofer, el actual mandatario Mauricio Macri recuperó la centralidad de un escenario que se parece cada vez más al volcán cuya lava sepultó al sistema político brasileño a partir de un esquema político mediático y judicial tanto o más corrupto que aquello que presuntamente pretendía investigar y condenar.
Pero rascando un poco la cáscara de todos esos episodios, se puede ver la mano de la embajada norteamericana, que ya operó en el gigante vecino y ahora quiere aprovechar aún más las ventajas que le ofrece el modelo macrista, neocolonial y de resignación de toda soberanía.
Obra pública made in USA
La causa de los cuadernos Gloria –a medida que pasan los días y se ven sus consecuencias– se muestra con mayor claridad como una maniobra conjunta perpetrada entre el Poder Ejecutivo, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, y tiene la marca de fábrica de una operación de inteligencia que excede a la agencia local que opera en esa órbita.
Al día siguiente a las primeras declaraciones de empresarios vinculados con la obra pública en carácter de “arrepentidos”, la cotización bursátil de las constructoras más alejadas de la tibieza de las concesiones macristas cayó en picada, primero en Wall Street y luego en el mercado de valores local.
Voces muy autorizadas, como el abogado José Manuel Ubeira, que representa a Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, señalaron su lectura de esa operación: “Vemos un espectáculo donde el premio mayor es Cristina Kirchner, y seguramente también un gran apriete de la embajada norteamericana para hacer caer los contratos chinos y que la obra pública, de alguna manera, quede involucrada con todas estas cuestiones”.
El periodista Gustavo Sylvestre, que fue quien entrevistó a Ubeira, repreguntó:
––¿Ud cree que hay un condimento internacional, para sacar a China del medio?
Ubeira respondió: “Pero por favor, acá tuvo que haber habido una autorización papal”, en clara referencia a alguien muy por encima del poder vernáculo.
El defendido de Ubeira sigue sin presentarse a declarar por falta de garantías, y pesa sobre él un pedido de captura internacional dispuesto por Bonadio. Es curioso que figure entre los citados a declarar, porque su letrado destacó que el ente que dirigía Thomas –Yacyretá– “no está dentro del presupuesto nacional. La pregunta es ¿qué necesidad tenía de pedir dinero a las empresas contratistas para dárselas a Roberto Baratta, si tenía una caja personal, que si la quería triangular de otra manera lo hacía con los paraguayos”.
Lo que dice Ubeira es claro: un funcionario con mil millones de dólares de presupuesto, que no era auditado como partida del Presupuesto nacional, no necesitaba el esquema que se le quiere achacar judicialmente para eventualmente recaudar para el kirchnerismo.
Tal vez haya que buscar tanto el pedido de detención de Thomas, como los encarcelamientos que se efectivizaron contra directivos de Techint y otras empresas, en la venganza entre grupos económicos con viejas disputas, y entre esas pujas Socma, el conglomerado presidencial, mantiene un viejo odio hacia la familia de Paolo Rocca, actual titular de la compañía con sede en Milán, Italia.
Los testimonios de los empresarios, que manifestaron haber sido extorsionados para realizar aportes de campaña, nada tiene que ver con la figura del arrepentido. Ni se autoincriminan –por el contrario, se victimizan–, ni abonan la tesis desde la cual parte la causa, que presupone coimas pagadas para llevar adelante obras públicas.
El caso emblemático es el de Ángelo Calcaterra, que cauterizó el posible quiebre de su subordinado, el ex CEO de la empresa Iecsa, Javier Sánchez Caballero, declarando que le ordenó entregar los aportes de campaña al kirchnerismo. La figura del arrepentido pretende forzar que el testimonio de quien solicite acogerse a la misma apunte a incriminar hacia arriba, no a exculpar hacia abajo, pero ese no parece ser un problema para Stornelli o Bonadio.
Hasta el momento, las consecuencias de la movida de Comodoro Py son inquietantes, pero no parece que esta causa vaya a determinar fehacientemente todo un circuito de coimas para quedarse con la obra pública, sobre todo porque no se está poniendo el ojo sobre todo ese rubro, sino sobre una parte de la que se ejecutó a nivel nacional durante un período del kirchnerismo. Nada sobre la obra pública de la CABA, por ejemplo, donde quienes ejecutaron fueron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta; nada sobre provincias “amigas”, como Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, y otras, que en los últimos tres años ejecutaron multimillonarios contratos, entre los cuales se encuentra uno descomunal, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
“El problema no es Stornelli, es el diseño de la ley del arrepentido; porque pone en vilo al artículo 18 de la Constitución”, aseguró Ubeira, quien agregó: “Lo que estamos viendo es la utilización del arrepentido en la máxima expresión. Lo que hacen Stornelli y Bonadio es exprimir lo que los legisladores nos dieron en 2016”.
Como dijo el ex periodista, ex escritor, ex embajador y actual showman de inteligencia en la pantalla televisiva, Jorge Asís: “Macri recuperó la centralidad, pero esa centralidad es a bordo del ARA San Juan”.
La venganza de Clarín y la banca contra Amado
El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado esta semana a 5 años y 10 meses de prisión, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, y quedó detenido luego de ser encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Una causa que comenzó con el testimonio de un ex servicio de inteligencia y ex carapintada, Jorge Orlando Pacífico, quien aseguró que en el bar Tribunales Plaza, ubicado en Talcahuano y Tucumán, que usaba como base de operaciones, estaba sentado a una mesa, con su notebook, y fue así cómo escuchó una charla en la mesa que estaba atrás suyo. “Un tipo reclamaba su comisión y amenazaba con ir a los medios para contar todo”.
El 4 de marzo de 2012, en un reportaje que tituló “La curiosa historia de la denuncia a Boudou que reflotó Oyarbide”, el diario La Nación entrevistó a Pacífico y le preguntó:
––¿Contar qué?
––No sé, lo que escuché fue que el tipo les exigía su parte a los otros dos que estaban con él por hacer el contacto con altos funcionarios de la Afip y abrir la puerta del director para un negocio con Ciccone y quedarse con 230 millones de pesos.
––¿Vio quiénes estaban en esa mesa?
––No, yo estaba de espaldas y no podía darme vuelta, pero por el acento eran porteños y uno al menos era abogado porque lo trataban de “doctor”. Después, el que creo que reclamaba se levantó y pasó por adelante mío. Tenía unos 60 años, con un traje azul precioso, muy elegante, un tipo de nivel, con cara de tipo español, de cara redonda y tez blanca.
––Dice que anotó lo más llamativo. ¿Qué fue?
––Lo que denuncié. Algunos montos y algunos apellidos, como Ciccone, Amato y Capirone.
Así, con ese testimonio, el de un tipo que dijo lo que había escuchado que otros decían de personas pero nada acerca del ex vicepresidente, el juez Norberto Oyarbide abrió una causa que después recayó en otro magistrado, Ariel Lijo, que acusó a Boudou de haber adquirido, junto con otras personas, la imprenta Ciccone merced a distintas maniobras que iban desde su intervención en la Afip para que fuera levantada la quiebra que pesaba sobre la firma, hasta operaciones de negocios con el Estado.
Según esa acusación, Boudou y su amigo y socio José María Núñez Carmona se reunieron con la familia Ciccone, propietarios de la empresa, para negociar el levantamiento de la quiebra de la compañía que había decretado la Justicia. Luego de esos encuentros, se habría acordado que otra empresa, The Old Fund, se quedara con el 70 por ciento de Ciccone, tras lo cual vino la intervención de Boudou ante la Afip.
Nada de ello pudo ser probado jamás. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF) condenó a Boudou sin siquiera poder probar que Alejandro Vanderbroele, de quien su ex esposa Laura Muñoz declaró una supuesta relación con el vicepresidente, fuese el testaferro de Boudou. Es más, ni siquiera se conocían.
El presidente del TOF 4, Pablo Bertuzzi, mientras se llevaba adelante el juicio oral, negociaba con el gobierno de Macri su ascenso a camarista federal, para citar sólo una de las cuantiosas muestras de parcialidad del dispositivo de venganza que pesó sobre Boudou.
El alegato del ex vicepresidente contiene buena parte de lo que en realidad se trató el juicio que lo mantiene preso en el penal de Ezeiza:
- “Jamás negocié por mí, ni a través de terceros, la compra del 70 por ciento del paquete accionario”.
- “Se invirtió la carga de la prueba”.
- “El propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que el cohecho no existió”.
- “La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron”.
- “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”.
Como bien señaló Raúl Kollmann, un periodista que siguió muy de cerca todo el proceso contra el ex número dos de CFK, fue una “condena anunciada a pesar de que en el juicio no se pudo probar que Vanderbroele fuese el testaferro de Boudou… ni de dónde vino el dinero, ni quién se encargó del management”.
El analista de Página|12, además, agregó: “La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente”. Para Kolllmann, la cuestión es más que clara: “Los métodos no importan”.
Detrás de esa condena vergonzosa, está la impiedad de un esquema en el que los bancos y socios como el Grupo Clarín decidieron vengar el arrebato que Boudou les propinó a uno de los más suculentos de sus negocios: las Afjp.
Para ello, es importante el descomunal dispositivo de medias verdades, omisiones y mentiras directas que se usaron durante seis años.
La cuestión no es novedosa, Clarín siempre miente. Pero en esta oportunidad, logró cobrarse una pieza de caza mayor: es la primera vez que un vicepresidente de la Argentina es condenado por un hecho de corrupción. Y eso es lo que quedará para la historia, más allá y más acá de toda verdad.
A la condena a Boudou se suma el dramático episodio que protagonizó la presa política Milagro Sala, quien fue hallada inconsciente en la casa donde cumplía una ficción de prisión domiciliaria, para luego ser trasladada al penal federal salteño de General Güemes, por orden del juez Pablo Pullen Llermanos.
“La quieren muerta”, fue la conclusión a la que llegaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Son las venganzas de clase a las que se refirió Boudou. Son los rasgos más sanguinarios de una oligarquía que apresa, tortura y, si puede, mata.
En estos días terribles para la República, que tanto invocaban los responsables de tamaños latrocinios antes de llegar al poder, puede esperarse cualquier cosa.
Y, como dicen en videos que ya circulan por las redes sociales los periodistas Pablo Llonto y Sandra Russo: “Ya es hora de pararlos”.
