Se profundiza la sangría social por los ajustes macristas. Los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad denuncian el “desguace” de la dependencia. Transportistas del sector van al paro. Desde ATE alertan el cierre de 77 sedes de Agricultura Familiar en todo el país y despidos en Fabricaciones Militares.
Ceocracia fría y siniestra
Mientras los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad reiteraban la denuncia contra el Gobierno por el “ajuste y desguace” de esa dependencia, que atiende a sectores con a_lta vulnerabilidad social, el jueves pasado asumía como nuevo director Santiago Luis Ibarzabal Murphy, primo hermano del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), Emilio Basavilbaso.
“Quieren cerrar todas las oficinas de pensiones de interior y conurbano y que los compañeros pasen a la Ansés”, aseguró el titular de ATE Pensiones, Walter Pignataro. La decisión de la administración de Cambiemos es cerrar 77 dependencias en el país y trasladar a sus trabajadores a la Ventanilla Úeste sábadonica de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
La medida involucra a más de 500 trabajadores a quienes se les aseguró empleo hasta diciembre. No hay precisiones respecto de su continuidad después de esa fecha.
La “purga” del sistema se inició en 2016 al dar de baja más de 200 mil pensiones no contributivas. En esta nueva avanzada, el gobierno eliminará las oficinas de atención especializadas, complicando el acceso a personas que quieran iniciar o seguir un trámite en relación a la pensión.
“Vienen dando de baja pensiones de una manera tremenda, tenemos más de 100 mil pensiones dadas de baja, de las cuales se reintegraron 30 mil por pedido de la justicia”, recordó Pignataro.
En este sentido, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) avanzaron con una acción de amparo solicitando el restablecimiento las pensiones, que aún se encuentra tramitando en la Justicia, mientras que el Estado no ha dado respuestas.
Varina Suleiman, abogada de REDI, en declaraciones al sitio Contexto, sostuvo que desde la organización están procesando los reclamos y derivándolos a las Defensorías Públicas con competencia en cada jurisdicción “para que las personas tengan acceso a la Justicia”.
Desde REDI consideran que, en un contexto de “alza generalizada de precios de la canasta básica, de los medicamentos y las tarifas de servicios públicos, las personas con discapacidad necesitan más que nunca que se garanticen sus derechos.
Abandono a campesinos y huerteros
Trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que funciona en la órbita del Ministerio de Agroindustria de la Nación, denunciaron el vaciamiento del área y apuntaron contra el ministro Luis Miguel Etchevehere, quien ya habría anticipado el despido del 50 por ciento del personal. El jueves pasado delegados de Agricultura Familiar de todo el país participaron de un plenario de ATE mientras se cumplía un paro que culminó el viernes último.
Sol De la Torre, delegada de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar de Mar del Plata, advirtió que el gobierno planea el “cierre total” del área y reparó en las consecuencias que ello traería a los pequeños productores del campo, ya que son “los más humildes” y quienes “garantizan el alimento que consumimos a diario”.
En Salta, junto a la gente de ATE, del INAI y referentes de las organizaciones campesinas cortaron la ruta nacional 68. También hubo protestas en Catamarca, Misiones y Chaco.
Los despidos en el Ministerio que conduce Luis Etchevehere comenzaron a principios de año como parte de una reducción del 10,5 por ciento del presupuesto y ya suma 500 despidos.
“Nos dicen que (los empleados) somos un peso para los pequeños productores y sin embargo casi 500 despidos no se tradujeron en beneficios para ninguno de ellos”, sostuvo Marcelo Rueda, de ATE Chaco. En esa descripción se inscribe el cese del monotributo social para campesinos y comunidades originarias que labran reducidas parcelas de tierra, publicó el diario Norte.
“Son aquellos compañeros que viven la periferia, en condiciones de precariedad y si no existiera la agricultura familiar como método para sobrevivir y subsistir, serían víctimas de trabajo esclavo en el campo», dijo Sol De la Torre, delegada de ATE Mar del Plata, a medios locales.
Huelga de transportistas especiales
La Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales (Atraes) confirmó un paro de actividades para el próximo 30 de agosto con movilización en la zona de Pellegrini y Oroño, desde las 10. La medida de fuerza es por la deuda que el Estado nacional mantiene con el sector, y que ya “lleva unos siete meses de retraso”, según señaló Pablo Bolego, presidente de Atraes.
Se trata del programa nacional Incluir que funciona como servicio para personas con capacidades diferentes que no cuentan con obra social a alguna asistencia privada. “Los retrasos en los pagos hacen que nuestro servicio se haga insostenible”, señaló Bolego en un parte de prensa sindical. “Seguiremos con medidas y estamos organizando una actividad muy fuerte para el próximo 26 de septiembre para poner en la calle nuestra situación para conocimiento de toda la ciudadanía», agregó.
Fábrica de desocupados
Desde el sector sindical de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán confirmaron el despido de entre 30 y 35 empleados de dicha unidad productiva. La dirección anunció lo que trabajadores y referentes de ATE venían anticipando, según adelantó el delegado sindical Alberto Labudia.
Esta semana, en día a confirmar entre miércoles o jueves, se desarrollará un paro general y movilización hacia Buenos Aires, en repudio a los despidos en la sede de la dirección de Fabricaciones Militares.
Los trabajadores de las fábricas militares nacionales se declararon en “alerta por los despidos que comenzarían a concretarse el martes, según anunciaron los directores de los establecimientos estatales, en aplicación del plan de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri sobre las dependencias productoras de pólvoras y explosivos, que ya se cobró el vaciamiento total y el cierre de la planta de la localidad bonaerense de Azul”.
La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), informó que los directores “ya confirmaron que habrá despidos y, aunque sólo entregaron el listado con los nombres de los 42 despedidos de Villa María, ya se difundió que también habrá 70 despedidos en la planta de Río Tercero, donde la Gendarmería rodea la fábrica; y 49 en Fray Luis Beltrán”.
Entre las dos plantas cordobesas suman algo más de 800 trabajadores. La de Río Tercero tiene 439 empleados y la de Villa María cerca de 400. El 90 por ciento son contratados, desde hace años. La tarde de este viernes, el ministro Oscar Aguad se burló de la familia de trabajadores fabriqueros diciendo que los despidos “no serán más de 200”, y diciendo que “no se puede salir de la crisis sin sacrificios”.
