“Vamos hasta el final en esta lucha, no tenemos esperanzas de las propuesta de este gobierno, dicen que seguirán con el ajuste y no pagarán las partidas para las universidades”, advierte Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad, el sindicato de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ante la falta de respuestas serias por parte del gobierno continuarán con un “paro activo” que incluye la suspensión de clases y la toma de exámenes.

“Seguimos con el paro activo, es una lucha en las calles, en clases públicas, en plazas, con asambleas de docentes y estudiantes frente al rectorado, la sede de gobierno de la UNR,  en las facultades y en la explanada del Mercado del Patio”, explica la profesora de la facultad de Ingeniería.

“Seguimos con el paro hasta el próximo plenario del 24 de agosto, también convocamos a la población toda, a los decanos y directores de escuelas de la universidad, para defender a la educación pública”, agrega Ferrer.

“La Universidad es del pueblo”

La dirigente de la Coad, indica que “el gobierno viene por nuestra Universidad, la que es del pueblo no de una élite, como desean ellos”. “No nos vamos a salvar solos, debemos estar todos los trabajadores para transformar esta realidad que nos quieren imponer”, advierte.

“Hay alumnos que están acá, participan en clases públicas y todas las actividades, trabajan y dan propuestas para la lucha. También hay estudiantes que volvieron a sus casas, pero no por el paro, ya que hay familias que no los pueden sostener lejos de su casas. El ajuste afecta también a sus familias con los aumentos sufridos, como el del transporte y en los libros, entre otros”, sintetiza la docente, y subraya que no aumentaron los montos de las becas a pesar de la devaluación y el ajuste.

Ferrer sostiene que la lucha no es sólo por los salarios ya que el ajuste también provoca que las partidas presupuestarias no lleguen –desde hace unos 3 meses– afecta a las obras, al acceso a los materiales de trabajo, a los comedores universitarios y a todo lo que sea fomento para garantizar la permanencia de los estudiante.

Foto: Andrés Macera

La pisada del FMI

Por su parte, José Giavedoni, docente adjunto de la cátedra Teoría Política I, de la carrera  Ciencia Política, afirma que “el escenario ya era complicado antes de la última reunión por el aumento salarial”. Y remarca que “además de las cuestiones macroeconómicas, son claros los gestos del gobierno al no querer empezar a resolver este conflicto”.

Giavedoni, profesor y secretario adjunto de la Coad, resaltó también el fuerte descontento que expresaron los rectores nacionales de las universidades de Tierra del Fuego, Comahue, Río Cuarto y General Sarmiento (Buenos Aires), los que advirtieron que si sigue esta situación por las dificultades presupuestarias que viven, sería muy difícil retomar las actividades.

“Además, el FMI pisa y exige el ajuste en el déficit fiscal y eso caerá sobre la universidad. Por eso hay que acumular fuerzas y seguir construyendo entre docentes y estudiantes. Se trata de defender a la educación pública”, recalca.

“Lo del FMI y el ajustar más la tuerta tiene efectos muy concretos e impacta en la vida de todos los argentinos, y todos los bienes públicos, que como la educación se ven golpeado”, afirma Giavedoni.

Incidencia de las nuevas universidades

​Por su parte, Agustín Prospitti, profesor en Ciencia Política, también remarca que la política oficial es un ataque a la educación, y no sólo a los salarios de los trabajadores de la educación.  Para el miembro del Consejo directivo docente la crisis no es producto del funcionamiento de muchas facultades, como señala el gobierno. Ya en mayo, la gobernadora bonaerense  María Eugenia Vidal, criticaba al gobierno anterior y se preguntó si era justo «llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad».

Sobre el argumento oficial que indica que el problema presupuestario de las universidades nacionales radica en la creación de muchas desde 2013, los docentes replican que si cerraran todas las casas de de los catedráticos de altos estudios abiertas desde el regreso de la democracia, (más de la mitad de las existentes) eso significaría sólo un 15 por ciento del presupuesto. Por lo que el ajuste que aplica el gobierno sólo tiene efecto si lo aplicaran a las universidades grandes y tradicionales.

“Las 17 universidades nacionales creadas desde 2007 al 2015 representan sólo el 4.13 del total del presupuesto universitario”, explican los docentes.

“Desvergonzada oferta salarial”

Desde la Coad se indica que la Universidad Itinerante sigue el ejemplo de la “Escuela Itinerante” que Cetera instaló en distintos lugares del país el 2017 para hacer visible el valor de la educación pública y, también, la demanda de convocatoria de la paritaria nacional docente. “Queremos que toda la ciudadanía debe conocer qué pasa hoy en la UNR, como en el resto de las otras de todo el país”, sostienen y exigen conocer el presupuesto de la UNR, ya que no se difunde sus balances.

Mientras que el aumento salarial en el año fue del 5 por ciento desde fines del 2017 al presente, la devaluación fue del 75 por ciento y la inflación del 16. En tanto, la paritaria venció el 28 de febrero y en la última el gobierno llevó la misma oferta que en mayo.

“Vamos a seguir movilizándonos, haciendo visible la situación de las universidades nacionales, convocando a toda la comunidad a sumarse. No vaciamos las aulas, llenamos las calles de universidad pública”, claman los docentes universitarios que rechazan “la desvergonzada oferta salarial” del gobierno.

Foto: Andrés Macera

“Paralización de la investigación”

En un documento avalado por la firma de 202 directores y directoras de Unidades Ejecutoras (institutos) del Conicet, también se expone el impacto del ajuste. “La paralización de todo el sistema de investigación, frenó a la construcción, refacción y mantenimiento de edificios, renuncia al financiamiento de proyectos, una nueva ola de fuga de cerebros, subejecución de partidas, caída de recursos para funcionamiento, depreciación de salarios (son los más bajos de la región), incumplimiento de convenios internacionales, demoras en girar subsidios (incluso de proyectos de 2016) y retención de partidas de créditos internacionales”.

Los investigadores alertan: “El Conicet está al borde de la parálisis. La supervivencia de este organismo, en el que trabajan casi 10 mil investigadores, un número similar de becarios y cerca de 3 mil técnicos distribuidos en más de 250 Institutos ubicados en 22 provincias del país, está en riesgo. De no tomarse medidas urgentes, el deterioro provocará la destrucción de grupos de trabajo, la paralización de instrumental muy valioso y el éxodo de científicos, dilapidando la inversión que nuestro país realizó a lo largo de muchos años”.

 

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