Como el dólar, el pueblo argentino también flota entre bandas. Ladrones que apenas se diferencian por matices: el FMI usa tailleur, el Tesoro yanqui saco y corbata, y los lobos de Wall Street revólveres. Sin embargo, la renta nacional está en disputa: los gremios y la política comienzan a jaquear al núcleo de poder.
En 33 meses de régimen, los hechos y dichos de la semana que concluye representan una apretada síntesis de la coyuntura política, en la que confluyen el último intento del núcleo de poder dominante por extender más allá de 2019 el plan de saqueo del patrimonio nacional y la tardía pero potente resistencia gremial y política, encarnada en el peronismo realmente existente.
Fue la semana en que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en ese orden y en rueda de prensa, anunciaron que el stand by que se acordó el día del aniversario de la Bandera Nacional se amplió 7.100 millones de dólares, menos de la mitad de lo que el gobierno de Mauricio Macri había hecho trascender a través de los medios que lo blindan a diario.
Fueron los siete días en los que, en paralelo, y con la mezquindad aritmética que se le achacó al kirchnerismo, el Indec dio por cierto un incremento del 1,6 por ciento e los índices de pobreza, que terminó siendo del 27,3 por ciento en los primeros seis meses del año.
Y por supuesto el país se vio conmocionado por las 36 horas de paro de las CTA y las 24 de la CGT, con una inmensa movilización de más de medio millón de trabajadores, militantes sociales, y argentinas y argentinos sueltos que quieren que Macri pare la mano de una vez por todas, mostrando el músculo de una oposición gremial que ya no tiene espacio para darle tiempo ni “gobernabilidad” a una administración que no se preocupa por otra cosa que por llenarle los bolsillos al sector parasitario que representa.
Días en que, en el colmo de la vileza política, se restringen los subsidios por discapacidad, se recorta la tarifa social del gas y se despiden a miles de trabajadores, las palabras de la directora gerente del FMI respecto de que entre los objetivos centrales del financiamiento del FMI se encuentran la “estabilización de la economía” y la “protección” a la población más vulnerable de la Argentina, muestran que se trata de una muletilla que la funcionaria viene repitiendo para la gilada.
Nada de lo que pregonen el Gobierno y el organismo financiero puede encubrir que el stand by se traduce en un monumental y criminal plan de ajuste, y que las víctimas son, precisamente, los sectores más desposeídos.
Es tal la perversión que encierra el acuerdo, que luego del anuncio se supo que antes de hacerse efectivo el giro de los 6.500 millones de dólares que se deben acreditar de acá a fin de año, el directorio del Fondo Monetario debe aprobarlo y para ello se tomará un mes para verificar el cumplimiento de las metas comprometidas.
Y mientras Lagarde y Dujovne realizaban el anuncio desde el consulado argentino en Nueva York, el flamante presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, informó que la entidad aplicará una nueva tablita cambiaria y que no habrá intervención en tanto el dólar no supere la cotizaciòn de 44 pesos,
La tablita remite a las épocas de José Martínez de Hoz, cuando “los mercados” sabían a cuánto iba a cotizar la divisa norteamericana un año después, lo cual les permitía pasarse a pesos, aprovechar la descomunal tasa de interés –hoy es del 60 por ciento anual–, y 365 días más tarde volver al dólar, con lo cual esa ganancia es en billetes verdes contantes y sonantes. A esa vergüenza se retorna, de ese camino, se sabe, no se vuelve.
Palabras que matan
Como se dijo en esta columna semanas atrás, el macrismo viene desarrollando una táctica de guerra civil de baja intensidad, en la que las balas se reemplazan por la violencia discursiva, por la eliminación del freno inhibitorio en las redes sociales, y a veces, si esto no alcanza, a puro tiro limpio, ya sea desde el Estado o desde quienes se sienten habilitados oficialmente para matar por mano propia.
En la semana que se va, el diputado nacional Eduardo Amadeo, por ejemplo, sentenció: “Si echamos a todos los vagos del Estado vamos a tener una guerra civil”. El tipo tiene más de diez familiares directos que en la actualidad son empleados públicos, pero además, hace muy poco, sufrió un ataque que casi lo deja tocando el bajo en el infierno.
Cuando no podía respirar y estaba por estirar la pata, lo trasladaron de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón, en Granadero Baigorria, donde le salvaron la vida “vagos” y “vagas” que ofician de médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, y otros oficios y profesiones.
Ese crápula se autoproclamó toda su vida como “peronista”, e incluso después de pasarse con pertrechos y banderas al PRO, asume que sigue siéndolo.
Otras andanadas verbales, en el marco de ese intento por exacerbar los odios y tornar irreconciliables a quienes están de un lado u otro de la frontera que el propio Gobierno traza, fueron disparadas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien al opinar sobre la movilización previa al paro nacional se despachó así: “No sé de dónde sacan la plata para manifestarse”.
Luego, frente a un episodio en el que un grupo pequeño de encapuchados atacó con bombas molotov una sede de Gendarmería en el centro porteño, la funcionaria responsabilizó a los organizadores de la masiva movilización, y dijo que deben hacerse “responsables” de los manifestantes, para luego sentenciar: “Es muy triste lo que pasó, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Que se hagan cargo que gente de ellos llevan molotov listas para matar a alguien”.
La muerte no se cae de sus bocas, la llevan rumiando desde las entrañas al paladar, en un ida y vuelta a menudo forzado, tensionando la cuerda de la que depende la paz social, que no parece importarles mucho a los integrantes del Gobierno.
Cuando debió opinar sobre el aumento de casi dos puntos en el índice de pobreza, Macri sostuvo: “Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando”.
Pero además añadió: “No es una noticia fácil. Claro que quisiéramos que fuese distinta. Y qué más quisiera yo que poder seguir viniendo acá a confirmarles, una y otra vez, que vamos avanzando en la reducción de la pobreza como sucedió durante las mediciones anteriores”.
Los grados de cinismo y perversión no los mide el Indec, los empieza a medir un sector de la sociedad que ya está harto de estas puestas en escena en las que se simula el dolor para anunciar el hambre y la desolación.
Mientras se debate el uso del helicóptero presidencial por parte de Macri para retirar a su hija del jardín de infantes, poco se observa en los medios lo que significa que ese mismo tipo les está sacando de las mesas a millones de argentinos el plato de comida, la salud, el futuro.
El gobierno de Macri pregunta: “¿Por qué el paro?”. Se sabe que ese interrogante es retórico, porque las razones que existen para explicar esta medida de fuerza son poco menos que innumerables.
La Alianza Cambiemos reprocha: “Es un paro político”. Lo diga quien lo diga, se trata del argumento más impotente frente a una huelga, el que demuestra con más claridad y vigor la falta de registro de quien lo profiere.
Antes del paro, Bullrich amenazó a quienes cortaran los principales accesos a Buenos Aires: “Vamos a garantizar que todos los que quieran puedan llegar a sus trabajos”. Como su jefe, el Presidente, quien desde Nueva York “garantizó” que la Argentina no caerá en default, en realidad no pueden garantizar otra cosa que palos y dependencia.
Aún así, los interlocutores se ríen en sus caras, porque hay, hubo y habrá cortes, y porque la Argentina, más tarde o más temprano, entrará en default.
Pero las palabras, los dichos del régimen, matan, literalmente. Porque sus palabras explicitan o encubren polìticas que condenan a la muerte a ancianas y ancianos, a discapacitadas y discapacitados, a portadores del virus HIV y pacientes oncológicos a quienes no les proveen sus medicinas. El macrismo, sus palabras, sus políticas, matan.
Territorio en disputa
El escenario, mal que le pese al macrismo, es el de un territorio en disputa, en el que su único plan es el acuerdo con el FMI, con el que sueñan reflotar el sueño reeleccionario o, al menos, garantizar la continuidad de la mano de otra cara de la misma moneda más allá de 2019.
Pero ese manotazo de ahogado se topa con sus propios efectos: el desempleo cada vez más feroz, la inflación que galopa, la inestabilidad institucional, el hambre, las familias durmiendo en la calle.
En la semana se conoció la adhesión y apoyo del PJ de Santa Fe a la movilización y el paro de las CTA y la CGT, y entre los conceptos vertidos en el comunicado que difundió, algunos ayudan a ver la distancia que se ha establecido entre el peronismo realmente existente y la Tendencia Involucionaria encarnada por los Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Schiaretti, quienes se mostraron juntos lanzando un espacio de cara a 2019.
En otra vereda, el PJ santafesino plantea, con claridad meridiana, y para ir marcándole la cancha a los tibios que nunca faltan, que “no sólo los índices de la economía son negativos, también este modelo ha provocado un fuerte deterioro en la educación pública, en la cultura y en las libertades individuales”.
El peronismo provincial agregó que “todas las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, han acentuado la pérdida de empleo, el crecimiento de la pobreza, y una fuerte regresión en la distribución de la riqueza”.
Es más, el Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista advirtió que “este triste escenario no se resuelve con un presupuesto elaborado en función de los ajustes solicitados por el FMI”, y que por ello expresó su “apoyo al movimiento obrero, los movimientos sociales, Pymes, trabajadores del Estado y todos aquellos que el 25 salen a la calle a defender el futuro de la Argentina”.
En la misma sintonía, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ reclamó a Macri que retire el Presupuesto 2019 y lo rehaga, incluyendo los nuevos condicionamientos que impone su nuevo pacto con el FMI.
En un comunicado difundido el jueves pasado, los legisladores lo plantearon con claridad meridiana: “Si el gobierno quiere salir de la profunda crisis en la que sumergió a los argentinos con sus políticas económicamente desacertadas y socialmente insensibles, debería empezar por decir la verdad y no esconder los problemas, dos latiguillos que no se cansan tanto de repetir como de no cumplir”.
El FpV-PJ recordó que se está debatiendo en comisiones “un presupuesto que parece un anexo del acuerdo con el FMI, que pone en jaque el funcionamiento del Estado y cercena derechos, y encima ahora cambiaron el acuerdo, con lo que este proyecto quedó totalmente obsoleto”.
Y concluyeron: “No podemos aprobar un presupuesto desfasado con la realidad económica del país. Por el bien de todo el pueblo argentino, pedimos al Ejecutivo Nacional que retire el proyecto de presupuesto, lo rearme sobre bases ciertas y realistas, y así entonces volver a enviarlo al Congreso para que los legisladores lo discutamos y aprobemos”.
La política es actualmente un territorio en disputa. No puede serlo de otra manera, si quieren detener una inflación que viene al galope y sin control con medidas monetaristas que sólo profundizarán la falta de consumo merced a una recesión que ya es irrespirable.
El último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda señala que la inflación de este año llegaría a ser la mayor desde 1991,y las causas son claras: la canasta alimentaria, la escalada del dólar y las tarifas de los servicios.
Si los gremios plantean que el paro del martes pasado es el inicio de un plan de lucha para torcerle el brazo a esta nueva oligarquía y al núcleo de poder dominante, si el peronismo logra diseñar un programa de salvación nacional y acompaña al movimiento obrero organizado en su plan de acción, si se conjuga un frente antimacrista camino a las elecciones nacionales del año que viene, es improbable que el oxígeno que el FMI le otorga a Cambiemos alcance para extender el perìodo de saqueo que comenzó en diciembre de 2015. Se está a tiempo, pero mientras más se demore, el reloj correrá a favor del crimen organizado que hoy gobierna a la Argentina.
