El fiscal federal Franco Picardi pidió este miércoles dictar un embargo de 1.000 millones de pesos sobre las empresas que intervinieron en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El pedido de embargo incluye a hombre de negocios como Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, quien figuraba como dueño de la firma Iecsa al momento de los hechos. El representante del Ministerio Público observó que más allá de los pases de manos de la firma, “los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas seguirían siendo las mismas”.
Además, la fiscalía reclamó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi disponer la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa S.A.
La solicitud incluye un pedido para designar un veedor en la UTE para establecer un control sobre la administración.
El pedido fiscal se suma al que ya había hecho en noviembre del año pasado reclamando embargos, algo que finalmente el juez aún no concretó, y mientras en la actualidad se están llevando a cabo indagatorias que durarán hasta fines de octubre.
En la actualidad, Iecsa figura en poder de Marcelo Midlin –señalado en la causa de las fotocopias de los cuadernos–, quien suele ser sindicado como uno de los ejecutivos preferidos del presidente Mauricio Macri. Tal vez por esa cercanía, y al igual que Calcaterra sean de la clase de empresarios que cuando son incluidos en una causa por supuesta corrupción no son detenidos, a diferencia de lo que ocurre con otros, a los que les pueden cargar el mote “empresario k”.
“A diferencia de la causa por las fotocopias de los cuadernos en la causa por el soterramiento los imputados que optan por guardar silencio entran y salen de tribunales en libertad”, señala este jueves el diario Página 12 en su artículo que da cuenta del reclamo del fiscal Picardi de los embargos preventivos a empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados en la causa del soterramiento del tren Sarmiento.
“Picardi desarrolla en el escrito ante el juez la materialización de los sobornos de dos maneras”, describe la nota de Página. Y añade: “En una primera etapa, antes de la adjudicación de la licitación, a través de pagos a la empresa Caesa por servicios de consultoría inexistentes y a través de sociedades offshore (entre las que se destacó Pribont Corporation) por parte de Odebrecht. Una vez adjudicada, mediante transferencias y pagos que las firmas integrantes de la UTE, en porcentajes proporcionales a su participación, realizaron desde y hacia cuentas en el exterior a nombres de empresas offshore”.
El artículo recuerda que si bien en marzo de 2017 Calcaterra anunció la venta de Iecsa a Pampa Energía, de la investigación del fiscal surge que “la nueva firma (Sacde) mantuvo en sus filas a hombres clave de la familia Macri (como Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone) y que el primo presidencial siguió vinculado a través de una offshore en el paraíso fiscal de Daleware”, publica Página 12.
“Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas seguirían siendo las mismas”, citó el diario porteño sobre el escrito de Picardi.
Fuentes: NA/Página12
