El Tribunal de Cuentas de de Mendoza, que controla las finanzas y patrimonio de los Estados provincial y municipal, aprobó por unanimidad todas las cuentas de la organización Tupac Amaru en 2015. Nuevo traspié para Cambiemos.
Una vez conocido el dictamen, el abogado de la organización Tupac Amaru en Mendoza, Alfredo Guevara, aseguró: “Han acusado por un hecho que no está acreditado, desde el punto de vista técnico es terrible. La finalidad es estigmatizar a la organización Tupac Amaru y destituir a sus militantes de derechos. Esta auditoría es la única investigación seria que se llevó adelante en la provincia sobre las viviendas de Lavalle y ha quedado demostrado que la denuncia por el desmanejo de fondos públicos carece de fundamentos” .
La confirmación de que las cuentas de la organización están en completo orden llegó el pasado 3 de octubre, pero recién se conoció este miércoles, gracias a la publicación del sitio El Otro.
“Este fallo demuestra que las causas contra dirigentes de la organización Tupac Amaru no son más que una campaña de persecución y desprestigio a la oposición de la alianza Cambiemos”, señaló el Comité por la Libertad de Milagro Sala.
La entidad, además, advirtió: “Si la Justicia quiere investigar casos de corrupción y malversación de fondos, debería estar investigando los Panamá Papers, la condonación de deuda del correo argentino y los millonarios negocios de obra pública del gobierno de Mauricio Macri”.
Como publicó la periodista Cynthia García en su sitio, “en septiembre de 2017, la Octava Cámara del Crimen de Mendoza, liberó a la referente de la Tupac Amaru, Nélida Rojas y cuatro compañeras y compañeros tras considerar que el accionar de la fiscal Gabriela Chávez fue arbitrario. En ese momento cayeron 27 de las 29 causas que pesaban sobre los acusados y acusadas”.
Sin embargo, la intentona del gobernador radical de Cambiemos, Alfredo Cornejo, y el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, con la ayuda del dispositivo mediático provincial y nacional, apuntó a criminalizar a la Túpac Amaru, tiñiendo de sospechas las operatorias de viviendas construidas en Lavalle por la organización barrial, lo cual fue desactivado con el fallo del Tribunal de Cuentas.
En ese sentido, Guevara recordó: “Durante 2016, bajo el gobierno de Alfredo Cornejo, después de una auditoría rigurosa, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se reanudaron los pagos a las cooperativas de la Túpac que se habían suspendido desde el inicio de la nueva gestión. El 7 de abril de 2017 la fiscal Chaves ordenaba la detención de Nélida Rojas y varios miembros de su familia. A la arbitraria detención se agregó la imputación de más de 60 miembros de la Túpac Amaru”.
El abogado concluyó: “Las imputaciones tenían que ver con la criminalización de prácticas habituales en las organizaciones populares”, y no con “delito alguno que tuviera que ver con el manejo de fondos públicos, a pesar de lo que divulgaron los medios de comunicación hegemónicos”.
