La red de adultos mayores de la Asociación de Defensores del Pueblo del país solicitó una recomposición económica de emergencia. Aseguran que con la nueva fórmula de movilidad no llegan a cubrir las necesidades básicas.
Ante “una crisis social incipiente”, la red de adultos mayores de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) solicitó una recomposición económica salarial de emergencia para los jubilados y pensionados, con carácter de “urgente e inmediata”, acompañada de “una política pública que garantice la protección de los adultos mayores como sujetos de derechos y el acceso a un haber previsional suficiente, garantizador de una vida digna”.
“El panorama del país de los últimos meses, marcado por la devaluación de su moneda, la pérdida del poder adquisitivo y la restrictiva política económica, ha generado entre ajustes, aumento en las tarifas de servicios y recortes de presupuestos por parte del gobierno, un escenario donde comienzan a vislumbrarse emergentes de una crisis social incipiente”, remarcaron.
Los defensores del Pueblo de todo el país sostuvieron que “frente a este escenario, resulta impostergable contrarrestar los efectos que la crisis económica genera en la calidad de vida de los adultos mayores”. Y al respecto, la entidad señaló que a diciembre de 2018 –con el último aumento del año del 7,78 por ciento conforme la aplicación de la Ley de Movilidad– los jubilados y pensionados recibirán un incremento en sus haberes del 28,5 por ciento, cobrando una jubilación mínima de $9.308,96 y una jubilación promedio de $12.400. Sin embargo, se estima una inflación del 50 por ciento, generando una pérdida de poder adquisitivo del 21,5 por ciento.
Desde Adpra aclararon que “la nueva fórmula de movilidad que contempla en un 70 por ciento la variación de la inflación y en un 30 por ciento la evolución de los salarios según el índice Ripte, tenía por objeto evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios, sin embargo su aplicación y el desfasaje entre el período utilizado para realizar el cálculo y la fecha de actualización de haberes, consolidó el efecto contrario, con lo que resulta sencillo dilucidar que los jubilados y pensionados no llegan a cubrir sus necesidades básicas”.
“Se suman a esta realidad los incrementos que tuvieron en los últimos meses los insumos de farmacia, dado que el precio de los medicamentos está dolarizado”, añadieron los Defensores en un comunicado, y concluyeron: “El fenómeno del envejecimiento requiere un tratamiento especial que permita alcanzar a los adultos mayores el lugar que por derecho les corresponde. No se puede perder de vista que los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesarias respetar para proteger la dignidad de las personas”.
