Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del chairman de Techint Paolo Rocca y del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina en el marco de la causa de las fotocopias del chofer Oscar Centeno.
Rocca está procesado, acusado por el juez Claudio Bonadio de ser parte de una asociación ilícita, en la causa que investiga los presuntos escritos del chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido.
En los cuadernos nunca hallados del chofer Oscar Centeno figura el pago de supuestos sobornos para ejecutar obra pública, y los fiscales apelaron la decisión de Bonadio de haber procesado al empresario sin prisión preventiva y ahora deberá decidir la Cámara Federal, lo mismo que en el caso de Abal Medina.
En los considerandos del pedido de prisión, que también alcanza a Hugo Martín Larraburu, ex secretario de Abal Medina; Alberto Padoan –dueño de la agroexportadora Vicentín–, al empresario Rubén Aranda, de la compañía Proalsa-Chime Aike, no corresponde que haya imputados procesados con prisión preventiva y otros no.
“En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva”, reza la apelación de los fiscales, que deberá ser analizada por los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Cuando Rocca fue citado por Bonadio, negó haber pagado coimas y se desentendió de esa práctica, que adjudicó a uno de los directivos de su firma, Luis Betnaza, quien según publica el diario Página 12, “había declarado como imputado colaborador y ya está procesado por ocho pagos ilegales”.
Rocca declaró que el CEO de Techint tenía cierta “autonomía”, aunque manifestó no saber si se habían pagado coimas a la administración anterior para que intercediera ante Venezuela tras la nacionalización de Sidor, firma de su holding”.
Tras esa declaración, Bonadio decidió procesar a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, pero aún así no le dictò la prisión preventiva que ahora reclaman Rívolo y Stornelli.
El hombre de la Bolsa
Los fiscales también pidieron prisión preventiva para Padoán, ex titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, quien pidió licencia en la entidad bursátil cuando fue procesado la semana pasada.
A Padoán la cabe el mismo razonamiento, de parte de los fiscales, que a Rocca: “Los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público”.
También se precisa, en la apelación, que “se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada”.
Padoán apeló su procesamiento el lunes pasado, criticando que Bonadio no determinó el rol que él habría desempeñado en la presunta asociación ilícita. Por otra parte, negó todo pago de dádivas durante el gobierno kirchnerista.
Aunque Bonadio procesó a Padoán acusándolo de ser la conexión rosarina de la Causa de los Cuadernos, y le trabó embargo por 4.000 millones de pesos, como a Rocca, el empresario de Vicentín consideró que no correspondía su procesamiento. Ahora, deberá esperar la decisión de la Cámara Federal.
