El flamante gobierno de Andrés Manuel López Obrador se diferencia de las políticas de Donald Trump en materia de migraciones. En vez de optar por la exclusión y la represión, apuesta por el desarrollo regional y apunta a las causas que originan las migraciones.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció la puesta en marcha de un plan de trabajo conjunto con El Salvador, Guatemala y Honduras para solucionar el problema de las migraciones forzadas. La idea del nuevo gobierno de México es implementar un cambio de rumbo en la política migratoria facilitando que los inmigrantes centroamericanos puedan establecerse en el país de manera legal.
El funcionario realizó el anuncio en el marco de una conferencia de prensa en la que lanzó el Plan de Desarrollo Integral (PDI), un acuerdo entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras para impulsar el desarrollo de la región como solución a las causas que originan emigración forzada hacia América del Norte.
“Hoy en día, quien procure algún estatus legal en México, (los inmigrantes de) los países hermanos aquí presentes tienen el mismo grado de dificultad para hacerlo que los procedentes de la Unión Europea”, afirmó en conferencia de prensa junto con los ministros de Exteriores de El Salvador, Guatemala, Honduras y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas.
“No podemos asumir este pacto con la política migratoria como estaba. Se presentarán cambios legales”, añadió el secretario.
El PDI se presentó en el marco de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, que se desarrolló en Marruecos.
Ebrard afirmó que ya se hizo un diagnóstico y el plan de trabajo incluye una inversión inicial de 30 mil millones de dólares en la zona sur de país.
El funcionario señaló que “a inicios de 2019” se presentarán las acciones detalladas del PDI a la comunidad internacional.
Con el PDI, los países integrantes quieren “competir con la narrativa que se impone en el mundo de que la mejor forma de hacer frente a la migración es excluyendo y controlando”, afirmó Ebrard en clara alusión a las políticas migratorias del presidente de EEUU, Donald Trump.
Preocupación por los derechos humanos de los migrantes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) entregó un informe sobre la caravana migrante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que se solicitó desarrollar un análisis que permita identificar y atender los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, según informó el diario mexicano El Universal.
El organismo recordó que “ha sido una prioridad la atención humanitaria a las casi 10 mil personas que integran la caravana migrante, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad”.
El informe señala que durante octubre y noviembre emitió 21 medidas cautelares dirigidas a autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal para que brindaran apoyo basado en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de esas personas, además de abrir 19 procedimientos de queja.
Édgar Corzo Sosa, quinto Visitador General de la CNDH, entregó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe sobre la “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes”, durante la Audiencia Regional en el marco del 170 Periodo Ordinario de Sesiones que se lleva a cabo en la ciudad de Washington, EEUU.
La CNDH sostuvo que la posibilidad de migrar es un derecho humano y que no se opone a las regulaciones migratorias de cada país, siempre y cuando existan reglas que permitan un trato digno, acceso a la información sobre los derechos para internarse, el derecho al refugio o asilo, el derecho a la no criminalización como persona migrante, así como absoluto rechazo al racismo y la xenofobia.
Al considerar la alta probabilidad de que ocurran otros fenómenos migratorios como éste, la CNDH solicitó a la CIDH, entre otras acciones, “desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, para ofrecer alternativas a la migración”.
Asimismo, pidió que realice una visita de monitoreo a la frontera de México con EEUU, y de México con Guatemala, para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen, y prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata por el cual puedan trabajar de manera coordinada la CIDH y los organismos de derechos humanos de los países involucrados.
