
El ex juez Víctor Hermes Brusa –tres veces condenado por crímenes de lesa humanidad–, a quien se concedió la prisión domiciliaria, fue escrachado este miércoles por la agrupación Hijos regional Santa Fe.
El ex juez estaba detenido en la cárcel de Las Flores purgando condenas por crímenes de lesa humanidad con sentencias dictadas en 2009, 2014 y 2017, pero la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de acogerse a la prisión domiciliaria luego de descartar sendos informes de Junta Especial de Salud Mental y el Cuerpo Médico Forense de la Corte, en los que se reportó que no padecía afección alguna que justificara el privilegio.
La protesta arrancó puntualmente a las 18 desde la Plaza del Soldado, y la columna integrada por Hijos Santa Fe y el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, que congrega a diferentes organizaciones de DDHH, gremiales, sociales y políticas de la capital provincial se dirigió hasta el domicilio del violador de DDHH, ubicado en la calle 9 de julio 1741.
Hijos regional Santa Fe, a través de un comunicado con el que convocó al escrache, denunció: “Víctor Brusa, alias «El Culón», estaba detenido en la cárcel de Las Flores purgando sus delitos pero decía estar triste, aunque la Junta Especial de Salud Mental y el Cuerpo Médico Forense de la Corte digan que no tiene nada y que puede seguir atendiéndose como lo venía haciendo”.
La organización defensora de los derechos humanos, se quejó de que “la Cámara Federal de Casación Penal le creyó al ex juez y le regaló la domiciliaria obligando a la ciudadanía a convivir con la impunidad”.
El fallo que permitió que Brusa deje la cárcel
El pasado 7 de diciembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar –quien votó en disidencia–, otorgó a Brusa el beneficio de la prisión domiciliaria.
La resolución respondió a un recurso interpuesto por la defensora pública oficial María Eugenia Di Laudo, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe rechazara “hacer lugar a la prisión domiciliaria solicitada”.
Para ese TOF Brusa podía “continuar no obstante con los traslados para acercamiento familiar domiciliarios, que viene realizando, siempre y cuando la unidad de detención donde se encuentra alojado el interno actualmente cuente con la disponibilidad de los medios para efectuar los mismos”.
Para la Casación, hay un “desmejoramiento” de la salud de Brusa “a lo largo de los años en los que se encuentra privado de su libertad, incluso con el tratamiento que viene realizando, todo ello constatado por la médica del Poder Judicial”.
El dictamen del tribunal que otorgó la domiciliaria del criminal de lesa humanidad argumentó que “Brusa padece una enfermedad psiquiátrica de larga data, por lo menos desde 2006, que fue evolucionando y agravándose a lo largo de los años de detención. Circunstancia que demuestra que el deterioro cognitivo actual evolucionó negativamente como consecuencia de las condiciones de encierro y el alejamiento de los vínculos familiares”.
A diferencia de los otros dos magistrados, Slokar rechazó el pedido de la defensa y ratificó la posición del Tribunal santafesino que había negado el beneficio de la domiciliaria. “Sellada la suerte del recurso, cabe destacar que la circunstancia de que el condenado cuente con 70 años en la actualidad obtenidos el pasado 13 de agosto, no opera de modo automático para la concesión del beneficio de estar en su domicilio en lugar de la cárcel”, consideró el juez disidente, quien además recordó que “no corresponde conceder al encausado el beneficio de la prisión domiciliaria, en razón que su cuadro de salud puede ser tratado en su lugar de detención, por los especialistas médicos del Servicio Penitenciario y por su psiquiatra personal, tal como se viene llevando a cabo con mucha asiduidad”.
En función de los graves delitos de lesa humanidad que se le probaron al ex juez, Brusa “fue condenado, con sentencia firme, a la pena de 21 años de prisión.

Condenado juez
Tal cual recordó el diario El Litoral de Santa Fe, el día que se conoció la noticia de la domiciliaria de Brusa, Víctor Hermes Brusa –quien se encuentra privado de la libertad desde 2005–, fue condenado por primera vez el 22 de diciembre de 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Fe –integrado por Roberto López Arango, Andrea Alberto y Carlos Damián Renna–, le impuso una pena de 21 años de cárcel al ser considerado autor del delito de “apremios ilegales” en 8 hechos, en el marco de una causa considerada “histórica” en materia de derechos humanos.
El 6 de junio de 2014, el TOF –Lilia Carnero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe– impuso una nueva condena para Brusa, en esta oportunidad de 7 años de prisión como coautor del delito de “asociación ilícita”; y que unificada con la anterior alcanza un total de 22 años de cárcel e inhabilitación absoluta en la denominada “Causa Brusa II”.
Por último, el 30 de marzo de 2017 el mismo tribunal, en esta oportunidad integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Omar Di Gerónimo y Ricardo Moisés Vásquez, condenó a Brusa a 4 años de prisión por “apremios ilegales” en perjuicio de Daniel Osvaldo Gatti en la llamada causa por “la casita de Santo Tomé”. En esa oportunidad, se unificó su condena con la de 2009 a una única sanción de 23 años de prisión y dispuso que los condenados cumplan la pena en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
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