Las escuchas ilegales a presos que la Coalición Cívica presentó para probar que la denuncia de extorsión contra Carlos Stornelli es una “operación K” provienen de una dependencia judicial donde trabaja el hijo del fiscal acusado.
Las diputadas de la Coalición Cívica-ARI Mariana Zuvic y Paula Olivetto presentaron este lunes a la Justicia transcripciones de escuchas telefónicas obtenidas en forma ilegal –algo que por supuesto no reconocen– para establecer la hipótesis que ya había echado a andar Elisa Carrió aún antes de se hiciera pública la denuncia de extorsión contra Stornelli: que se trata de una “operación” contra el fiscal armada por presos K desde el penal de Ezeiza”.
Eso es lo que publicó este martes el diario Clarín, cuya narrativa incluye que los datos aportados por Carrió son transcripciones de las comunicaciones telefónicas del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, hoy preso en el Penal de Ezeiza.
¿De dónde salen las escuchas?
El blog informativo El Disenso publicó este martes una interesante revelación, que surge de un artículo editado por el diario La Nación en marzo de 2018, cuando el diario de los Mitre ventiló una lista en la que figuraban los hijos de jueces y fiscales miembros del staff de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema de Justicia.
En otras épocas esa dependencia se llamaba Oficina de Observaciones Judiciales, reportaba a la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), y se la conocía como la “Ojota”.
La Nación publicó la investigación luego de que la oficina de escuchas quedara envuelta en un escándalo por la filtración de audios con las conversaciones personales entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su secretario privado, Oscar Parrilli, que puso al aire el operador-periodista Luis Majul.
De ese antro es de donde salen casi todas las escuchas usadas para montar operaciones en sintonía fina entre el gobierno de Mauricio Macri y el sector más corrompido del Poder Judicial, en especial los tribunales federales de Comodoro Py.
El Disenso echa luz sobre el episodio de la presentación de las escuderas de la pitonisa republicana: “Las transcripciones de las comunicaciones telefónicas de… (Barata)… actualmente preso en el Penal de Ezeiza en el Pabellón D Módulo 6, que «misteriosamente» llegaron a manos de Carrió, fueron ordenadas por el Juzgado Federal del Dr. Federico Hernán Villena en el marco de la causa 41.475%2016 «Caso Aguape III», donde se vigilan las comunicaciones del «Rey de la Efedrina» Mario Segovia, quien se encuentra cumpliendo condena en el mismo penal que Roberto Barata, pero en el Pabellón A, Módulo 6, lo que implica que se están monitoreando las comunicaciones de otros pabellones en los que no está Segovia”.
Hijos de la Familia Judicial
Aquel informe de La Nación mostraba la variedad de parientes de jueces y fiscales que trabajan en la “oficina de las escuchas”, dirigida por el camarista federal Martín Irurzun, entre los que figura Mateo Nicolás Stornelli, hijo del fiscal federal.
El hijo de Carlos Stornelli se desempeña –justamente– como “escribiente”, de modo que es uno de los empleados que transcribe las escuchas, “como por ejemplo, las que recibió Carrió”, señalan en El Disenso.
Mateo tiene 21 años, estudia ingeniería en informática, y este es su primer trabajo. Cuando La Nación consultó al papá para saber cómo había llegado el joven a esa dependencia judicial, se encontró con esta respuesta: “Supe que estaban buscando personal y lo recomendé”.
En la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, cabe consignar, también se desempeñan otros hijos: el camarista federal Eduardo Farah; el juez federal Rodolfo Canicoba Corral; el fiscal Eduardo Taiano; el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, y el camarista nacional Luis María Bunge Campos tienen designados hijos suyos en la oficina de escuchas, si se quiere, como dice La Nación, “el tramo más sensible de los procesos penales”.
Los mencionados no son los únicos parientes que reportan en la planta laboral de la oficina de escuchas. También figura Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez, hijo de Pablo Garcilazo, ex asesor del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, y Sergio Cavallo, hermano del influyente ex juez Gabriel Cavallo, que es subsecretario administrativo.
Los cargos no se cubrieron por concursos, sino que se hicieron entrevistas a los interesados. Y un detalle clave: los nombramientos fueron realizados “en los primeros meses de 2016”, ni bien asumió Mauricio Macri. Tal vez por ello la primera frase del informe de La Nación fue: “La «familia judicial» hizo un aterrizaje triunfal en la oficina de escuchas telefónicas”.
