El Plan Cóndor coordinó las persecuciones y las masacres perpetradas por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Nació en 1975 en la capital chilena y fue impulsado y monitoreado por EEUU, que además entrenó a los ejecutores en la Escuela de las Américas
“El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta, para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña”. La definición se encuentra en el documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) titulado “Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas”, que puede consultarse en Internet.
El Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, en el barrio de Floresta, Buenos Aires, cumplió un papel fundamental dentro del plan.
El estudio señala que su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, “durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército)”.
El informe de Cels indica además que en el Archivo del Terror de Paraguay se encontró una copia de la invitación formal que la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, la DINA, envió el 29 de octubre de ese año al Jefe de Policía de la República de Paraguay, General de División Francisco Brites, “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”.
El documento firmado en Santiago de Chile brindó cobertura institucional a muchas de las actividades, relaciones y prácticas de inteligencia y represión que este conjunto de países latinoamericanos ya desarrollaban de modo bilateral. En el texto quedó documentado el comienzo de la cooperación formalizada entre las agencias de inteligencia del Cono Sur. “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”. El documento del Cels aclara que si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó la cooperación de ese país para actividades represivas contra opositores políticos de los países miembro.
En el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva atravesó diferentes fases. La primera consistió en la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.
En la segunda se identificó y atacó a los considerados “enemigos” políticos a nivel regional. En la tercera y última, indica el informe del Cels, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.
La operación genocida en documentos oficiales de EEUU
La documentación desclasificada disponible muestra que varias agencias del gobierno de EEUU tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla hasta que pasó a la tercera fase, que resultó la más problemática porque ya no se podían mantener bajo sigilo las operaciones.
De hecho, agrega el informe, la descripción detallada de las diferentes fases del Plan y de sus alcances surge de modo nítido del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado yanqui, en la que se consigna que “Operación Cóndor es el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados «izquierdistas», comunistas y marxistas, que fue establecida recientemente entre los servicios de inteligencia que cooperan en América del Sur a fin de eliminar actividades terroristas marxistas en el área. Además, «Operación Cóndor» apoya operaciones conjuntas contra blancos en los países miembros de «Operación Cóndor». Chile es el centro de «Operación Cóndor» y además de Chile sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay, y Uruguay. Brasil también ha acordado tentativamente a proveer información de inteligencia a «Operación Cóndor». Los miembros de «Operación Cóndor» que muestran más entusiasmo hasta la fecha han sido Argentina, Uruguay y Chile. Los últimos tres países se han embarcado en operaciones conjuntas, principalmente en Argentina, contra blancos terroristas”.
El mismo documento del Departamento de Estado de EEUU, puntualiza el informe del Cels, explicita que esa tercera fase, extremadamente secreta, de la Operación Cóndor “implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de «Operación Cóndor». Por ejemplo, si un terrorista o simpatizante de un país miembro de «Operación Cóndor» es ubicado en un país europeo, un equipo especial de «Operación Cóndor» sería enviado a ubicar y dar seguimiento al blanco. Una vez terminada la operación de ubicación y seguimiento, un segundo equipo de «Operación Cóndor» sería enviado para llevar a cabo la sanción de hecho contra el blanco. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de «Operación Cóndor» y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de «Operación Cóndor» o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de «Operación Cóndor». Los países europeos mencionados específicamente para operaciones posibles bajo la fase tercera de «Operación Cóndor» son Francia y Portugal”.
Las reticencias respecto de esta fase final, no deben hacer perder de vista el rol fundamental de EEUU en la consolidación de las fases previas del Plan. El Cóndor llegó a tener un banco de datos computarizado con información de miles de individuos considerados como políticamente sospechosos y contaba con archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, informes sobre pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Las computadoras para almacenar esa información fueron suministradas por la CIA ya que ningún otro país del continente disponía para ese entonces de la tecnología suficiente para hacerlo. Por otro lado, los países contaron para comunicarse entre sí con un sistema de comunicaciones protegidas que se conoció como Condortel, que tenía su estación matriz en una instalación norteamericana del Canal de Panamá.
El juicio por el Plan Cóndor en la Argentina
Por primera vez, el Poder Judicial de un país dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras. Los alcances del Plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos, se trató de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: el cúmulo documental, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
En el veredicto del Tribunal Oral Federal N°1 se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan. Por esas razones se condenó a la pena de 25 años a Santiago Omar Riveros y al ex militar uruguayo extraditado a la Argentina para este juicio, Manuel Juan Cordero Piacentini. A 20 años a Reynaldo Benito Bignone y a Rodolfo Emilio Feroglio. A la pena de 18 años a Humberto José Ramón Lobaiza. A Antonio Vañek, Eugenio Guañabens Perelló, Enrique Braulio Olea se los condenó a la pena de 13 años de prisión. A 12 años a Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel Delío, Felipe Jorge Alespeiti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Federico Antonio Minicucci fue condenado a 8 años.
También se condenó a Miguel Ángel Furci, ex agente de Inteligencia, a la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, padecidas durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron absueltos.
La lectura del veredicto fue el 27 de mayo de 2016. En septiembre de 2018, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las condenas de Alespeiti, Riveros, Guañabens Perelló, Caggiano Tedesco y Vañek, Feroglio, Sadi Pepa y Falcón, condenados en la causa Cóndor. También dejó firme la condena de Furci, el único acusado en Orletti II.
