Tras las críticas y repudios de numerosas instituciones, el ultraderechista presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio marcha atrás en varios puntos de su polémico decreto, que facilitaba a civiles la adquisición de fusiles. Los gobernadores denuncian una desfiguración del Estatuto del Desarme.
El mandatario de Brasil rectificó este miércoles puntos de su decreto que autoriza el porte de armas para determinadas categorías, tras críticas de numerosas instituciones y constatarse una brecha que facilitaba a civiles la adquisición de fusiles.
Según informó el gobierno en un comunicado, la versión rectificada veda “expresamente la concesión del porte de armas de fuego portátiles [fusiles, carabinas, escopetas]” al ciudadano común, que sólo podrá adquirir armas de menor calibre, llamadas “de porte”.
Solamente los propietarios rurales podrán adquirir ese tipo de armas largas y mantenerlas en sus casas, añadió el gobierno, tras informar que los cambios fueron introducidos “a partir de los cuestionamientos realizados ante la Justicia, en el ámbito del Poder Legislativo y por la sociedad en general”.
“Hubo críticas de que tal vez hubiesen algunos excesos [en el decreto], el gobierno fue sensible a esas críticas”, justificó este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, en una entrevista en la radio local Bandeirantes. “Normalmente, el uso de esas armas de mayor potencial lesivo está restringido a las fuerzas de seguridad”, añadió.
El decreto que el 7 de mayo autorizó el porte de armas en la vía pública a determinadas categorías de civiles –políticos, camioneros, cazadores y quienes practican el tiro deportivo, entre otros– fue cuestionado ante la Justicia por consultorías técnicas del Congreso y organizaciones de la sociedad dedicadas al estudio de la violencia.
El lunes, la fabricante brasileña de armas Taurus anunció que desde la publicación del decreto recibió 2.000 pedidos de su fusil semiautomático T4, lo que hizo subir 7,6 por ciento sus acciones en la Bolsa de Sao Paulo el martes. Sin embargo, este miércoles sus acciones registraban a inicios de la tarde un retroceso de 3,5 por ciento.
Gobernadores preocupados
El Supremo Tribunal Federal (STF) analiza si el decreto es inconstitucional, como alegan sus críticos, que consideran que desfigura el Estatuto del Desarme, una ley aprobada por el Congreso en 2003 que sólo puede ser derogada por una nueva ley, y no por decreto.
La flexibilización del porte de armas es una promesa de Bolsonaro al lobby de la seguridad, que le dio un importante apoyo en la campaña electoral. Pero la medida creó temores de que el tiro salga por la culata y acabe alimentando la espiral de violencia que en 2017 se reflejó en casi 64.000 asesinatos en todo el país: una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes, tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de violencia endémica.
Los gobernadores de 14 de los 27 estados brasileños, incluyendo aquellos con índices alarmantes de violencia como Rio Grande do Norte, Ceará y Pernambuco, publicaron este miércoles una carta abierta contra el decreto, por considerar que sus medidas “no contribuirán para que los estados sean más seguros”.
“Al contrario, aumentarán la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a delincuentes y también los riesgos de que discusiones y peleas de nuestros ciudadanos acaben en tragedias”, agregaron los mandatarios.
Tras asumir el poder en enero, Bolsonaro facilitó –también por decreto– la tenencia de armas de fuego, eximiendo a los brasileños de tener que justificar la “efectiva necesidad” para tener una arma en casa. Esto permite la adquisición de armas de fuego a los mayores de 25 años sin antecedentes penales y que comprueben aptitud técnica y psicológica para manipularlas.
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