El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, aceptó que se llegó al juicio oral sin las suficientes pericias. El funcionario, además, tiene vínculos con Claudio Bonadio y Marcelo D’Alessio.
En diálogo con la emisora FM La Patriada, el titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Mariano Federici afirmó: “La causa se elevó a juicio sin las pericias y el tribunal pidió cinco para mostrar el patrón. Podemos hacer 10, 20 o 30 pericias y el patrón va a ser exactamente el mismo”.
Según sostiene la web El Destape, “Federici supo desempeñarse en el bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau, quien fue coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de esta gestión. Allí, se dedicó precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”.
En esa línea, el sitio informativo recordó que, “en marzo, Marteau se reunió con el juez Claudio Bonadio, el falso espía Marcelo D’Alessio y el empresario Mario Montoto, quien aparece mencionado en la causa (que investiga el espionaje ilegal) por los WhatsApp por escuchas ilegales”.
De José Sbatella a Mariano Federici
Federici –acompañado por María Talerico, su vicepresidente– es quien dirige la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano del Estado que se encarga de investigar y perseguir a aquellos presuntos responsables del delito de lavado de activos financieros.
Fue quien el PRO nombró como reemplazante de José Sbatella, un intachable funcionario cuyo único propósito fue cumplir con su mandato de detectar maniobras de lavado de activos y cuando correspondió derivar esos casos a la Justicia.
Uno de esos casos le costó ser procesado cuando asumió la administración Cambiemos., a partir de una denuncia del Grupo Clarín, que se quejó de que fuera publicada una investigación por presunto lavado de dinero contra ese holding.
Sbatella fue blanco no sólo de Clarín, ya que desde que asumió en 2010, y en menos de un año, ese organismo le aplicó multas millonarias por considerar que incumplió su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Así, en ese período, la UIF, aplicó sanciones al Banco Macro, multándolo con 1,4 millón de pesos de entonces; al Francés, por 9,1 millones; al Banco Masventas, por 6,9 millones, y nuevamente al Francés, por casi 40 millones.
“Los montos de las multas fueron establecidos en absoluta correspondencia con los valores de las operaciones sospechosas que no han sido reportadas”, comunicó en aquel momento el órgano de control.
Las cosas cambiaron radicalmente en diciembre de 2015. Antes de ser designado por Mauricio Macri, Federici, de 45 años, era abogado asesor en el Fondo Monetario Internacional (FMI), primero como asesor regional para Latinoamérica y el Caribe, en el “Grupo de Integridad Financiera” del departamento jurídico del FMI, casi un oxímoron. En octubre de 2015 fue ascendido a abogado Senior, pasando a ser parte del staff del Departamento Jurídico del FMI, por lo que debió dejar sus oficinas en Buenos Aires y trasladarse a Washington DC.
Como si fuera poco, el FMI lo empleó como coordinador experto en diagnósticos de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay.
Era evidente que Macri colocó al zorro para que cuide el gallinero, y así puede constatarse en la actualidad los niveles de fuga de divisas y la falta de control absoluto en torno de maniobras de lavado de activos financieros.
Tal vez por varios de esos antecedentes, el 11 de agosto del año pasado, Daniel Santoro, el periodista involucrado en la red de espionaje ilegal que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, se mostró tan cómodo al publicar el reportaje que le hizo a Federici, al que tituló: “Los cuadernos de las coimas son un hilo conductor de la asociación ilícita”.
El encabezado de la nota de Santoro es descriptiva, apela a cuestiones vinculadas con la seguridad ante posibles filtraciones: “En la entrada de la nueva Unidad de Información Financiera (UIF), ubicada en Avenida de Mayo 761, hay que dejar los celulares en un armario por el secreto de los informes que allí se procesan”.
El escriba también elaboró su texto apelando a imágenes que le dan un barniz de ética pública al entorno del funcionario: “Las paredes están pintadas con máximas de San Martín y Belgrano. Su titular, Mariano Federici hace un culto de la organización y en su despacho tiene una esfera de plástico llena de billetes argentinos triturados para recordarse que el lavado de dinero es una de las causas de la inflación”.
Santoro le pregunta –le induce, casi le afirma– a Federici: “La causa de los cuadernos de las coimas del remisero Oscar Centeno, ¿ayuda a probar varios de los hechos de corrupción que se investigan en causas penales contra ex funcionarios kirchneristas?”. Y el funcionario le responde: “Es un hilo conductor, un hallazgo que tiene impacto en varias causas judiciales en que se investiga, como dicen varios jueces, a una asociación ilícita liderada por las máximas autoridades del gobierno anterior. Es clave para corroborar los indicios del origen, el delito precedente de esas operaciones de lavado de dinero”.
De ambos lados del mostrador
En síntesis, Federici, quien reconoce que se llegó al juicio contra CFK, Julio De Vido y Lázaro Báez sin pruebas y pericias, es imposible de ser invocado como un simpatizante kirchnerista. Aún así, considera que el juicio está bien, y que corresponde que prosiga. Y se erige como uno de los sujetos intachables que espera condenas a quienes juzgan sin pruebas.
Quien fuera su segunda en la UIF, María Eugenia Talerico, antes de asumir era la abogada del HSBC, uno de los bancos investigados por el organismo. En noviembre de 2016, ante un colmado Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para garantizar el grado de transformación que sobrevendría bajo la conducción suya y de Federici, soltó, sin pudor: “El aproach que tenía (con el kirchnerismo) la UIF para los Sujetos Obligados (SO) era represivo, se buscaba la sanción”. Y en otro tramo, remató: “La UIF tenía en el gobierno anterior instrucciones políticas sobre todo relacionadas con llevar adelante la investigación del delito precedente, la evasión fiscal, dejando de lado la investigación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
La pregunta es quién debería estar sentado en el banquillo de los acusados.
