Con la excusa del “terrorismo” para justificar una cooperación que sabía que era ilegal, la NSA encontró una solución para proporcionar a los israelíes la información que necesitaban, según la más reciente filtración de Snowden.
La Unidad Nacional de Inteligencia de Señales (Sigint) de Israel, la contraparte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en Tel Aviv, convenció a sus homólogos estadounidenses de burlar la prohibición legal de proporcionar datos de vigilancia para asesinatos selectivos durante la guerra de Israel con el Líbano en 2006, según la más reciente filtración de los archivos obtenidos por el informante Edward Snowden.
Utilizando el argumento del «terrorismo» para justificar la cooperación que sabía que era ilegal, la NSA encontró una solución alternativa utilizando la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (Odni) de EEUU para proporcionar a los israelíes toda la información que necesitaban, según un documento interno de la NSA de octubre de 2006.
Los documentos difundidos no incluyen detalles sobre el “acuerdo” que se elaboró con el Odni, pero el Ejército israelí utilizó datos estadounidenses para atacar a la población civil del Líbano.
Datos privados de los ciudadanos estadounidenses
Al parecer, insatisfechos con la laguna legal que los estadounidenses habían creado para ellos, los israelíes buscaron y obtuvieron acceso completo a los datos de vigilancia masiva de la NSA después de la guerra, reseñó The Intercept. Un memorando de entendimiento de 2009 le dio a la Sigint acceso sin restricciones a los datos de inteligencia sin procesar de la NSA, incluidos los registros telefónicos y de Internet de ciudadanos estadounidenses y ciudadanos de terceros países.
Los israelíes podían incluso revelar las identidades de los estadounidenses cuya información había sido recogida en la Red, siempre que le pidieran permiso a la NSA, y podían pasar la información a cualquier persona si los nombres estaban redactados.
La única excepción fueron los datos de funcionarios estadounidenses. La Sigint fue instruida para destruir cualquier registro procedente de los funcionarios del Gobierno.
