Se trata del asesinato por la espalda de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018, en el barrio Capibá de Paraná, durante un operativo a cargo de los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina.
Este miércoles se cumple un año del hecho y la familia, junto a organizaciones sociales, de DDHH y agrupaciones políticas, realizarán una concentración e intervención artística frente a la sede de Tribunales para exigir celeridad en la causa y justicia para Gabriel, quien el 12 de mayo hubiera cumplido 21 años.
Hasta el día de la fecha, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos, a través de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que son quienes llevan la causa, no han tomado declaración indagatoria a los funcionarios policiales intervinientes en el hecho.
Las organizaciones de DDHH y la familia vienen denunciando lo ocurrido como un caso de violencia institucional y gatillo fácil, a pesar de lo cual los sospechosos continúan en funciones.
“Los policías tuvieron sólo 32 horas de arresto y fueron liberados como que no hicieron nada. Ellos ejecutaron a Gabriel, pero ni siquiera los han llamado a indagatoria”, sostuvo Mayra Gusmán, la hermana de Gabriel.
La madre del joven, Alejandra López, también se lamentó: “Ellos todavía están en actividad y eso es lo que más duele. El caso no ha avanzado y cuando hacemos una marcha no sale nadie a darnos ninguna respuesta”.
Aquel 25 de septiembre, el patrullero 1.021 de la división 911 intervino en un supuesto enfrentamiento entre vecinos del barrio Capibá. En ese marco, una bala policial impactó en la nuca de Gusmán.
La versión oficial fue que Íbalo y Molina dispararon para defenderse de una balacera. Luego de un breve arresto, ambos fueron liberados al día siguiente y acompañados por una caravana de móviles policiales y festejos, incluso recibieron el apoyo del jefe de la fuerza, Gustavo Maslein.
Sin embargo, la familia asegura que Gabriel acató la voz de alto y recibió el balazo en la nuca cuando se encontraba de espaldas. Además, la ausencia de impactos en el móvil 1.021 es contradictoria con la versión de un intercambio de disparos.
La abogada querellante Lucía Tejera, expresó: “Nos preocupa que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial no se comprometan con el pedido que hacemos los organismos y las organizaciones sociales de tener una Policía que resuelva los conflictos de otra manera, y no con balas”.
La letrada agregó: “Gabriel murió con un tiro en la nuca, hay testimonios en el legajo que claramente relatan que estaba con las manos arriba, de espaldas al funcionario policial, y que el supuesto enfrentamiento en el que se basa la Fiscalía para no llamarlos a indagatoria se tiene que discutir en un debate oral”.
Por otro lado, los organismos y familiares denuncian que la recolección de muestras para las pericias se hizo de manera irregular por parte de los funcionarios policiales que intervinieron en un primer momento. Luego se separó a la Policía y las pericias quedaron a cargo de Gendarmería Nacional.
La abogada completó: “Es una garantía de impunidad para el accionar policial, es la doctrina Chocobar en la provincia de Entre Ríos lo que está haciendo el Ministerio Público Fiscal, avalando la muerte de nuestros pibes por balas policiales. Además tienen a los responsables del hecho en una situación ecléctica, porque están siendo escrachados por diversos medios y sin embargo tienen una situación procesal que no existe. A la vez, a la querella, nos deja sin recursos porque al no haber ningún acto de parte de la Fiscalía no podemos recurrir ningún hecho”.
Tejera finalizó: “Nosotros estamos acompañando a la familia de Gabriel Gusman, comprometidos no solamente con ellos sino también porque creemos que la Policía tiene que basarse en principios democráticos de seguridad. También creemos, como dice la familia, que si esto hubiera sido al revés, Gabriel estaría ahora en una unidad penal, ya hubiera sido indagado, procesado y hasta llevado a juicio porque no hay antecedentes en la provincia de una causa con una persona fallecida en que se dilate el llamado a indagatoria por un año. Esto es de una gravedad inusitada y nosotros la estamos denunciando, porque entendemos que hay un hecho típico, que es la muerte de Gabriel, y las circunstancias de ese hecho se tienen que ventilar en un debate oral porque de las pruebas que surgen del legajo no está clara la causa de justificación del accionar policial. Y el Ministerio Público Fiscal tiene que acusar a los policías”.
