El presidente brasileño Jair Bolsonaro vinculó reclamos contra con actos de “terrorismo”, y defendió la intervención militar. El gobierno ya agita la figura de la AI-5, una resolución que en los 60 suspendió garantías constitucionales para abrir una etapa represiva.
El mandatario ultraderechista de Brasil admitió que el proyecto de ley de su país podría aplicarse en protestas sociales vinculadas a “actos terroristas” y “vandalismo”, en referencia a los reclamos populares ocurridos en Chile contra el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, y en Bolivia contra el golpe de Estado que sacó a Evo Morales.
“Si un gobernador pide (tropas federales para la seguridad interna) y el presidente acepta, esa gente parará de cometer actos terroristas. Protesta es una cosa y acto terrorista es otra, la protesta está permitida por el artículo 5 de la Constitución”, se justificó el jefe de Estado.
Las declaraciones fueron en el marco de la defensa del proyecto de ley que impide abrir causas judiciales por abusos o delitos cometidos en el ejercicio de las funciones a policías y militares involucrados en la Garantía de Ley y Orden, como se llama a las intervenciones federales en seguridad pública.
El presidente fue indagado por periodistas sobre si el proyecto de ley llamado Excluyente de ilicitud, que blinda jurídicamente a las Fuerzas Armadas y policías durante intervenciones federales, tenía vinculación con las protestas que se registran en Chile, país que fue puesto como ejemplo económico por su gestión.
“Una protesta –respondió– es una cosa, vandalismo y terrorismo es otra. Quemar un ómnibus puede matar a un inocente, incendiar bancos, invadir ministerios, esas cosas no son protestas. Y si tenemos estas herramientas que enviamos al Congreso este tipo de protesta será impedido”.
El lunes, el mandatario también defendió una nueva ley para intervenir con militares en propiedades rurales ocupadas por los movimientos campesinos sin tierra que están en disputa judicial.
Por su parte, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que no habría que asustarse si ocurrieran en su país protestas masivas como en Chile, y si “alguien pide la AI-5”, en referencia a la resolución militar que en la década del 60 suspendió las garantías constitucionales y abrió una etapa represiva.
De visita en Washington, el ministro calificó de “insano” que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros dirigentes opositores hablen de protestar contra el gobierno y consideró que el presidente Jair Bolsonaro tiene “instinto político” para repensar el ritmo de las políticas de ajuste, reformas y privatizaciones previstas.
“No se asusten si alguien pide la AI-5”, dijo Guedes a periodistas brasileños en la capital de Estados Unidos, al referirse al Acto Institucional 5, la medida que tomó el 13 de diciembre de 1968 el dictador Arthur Costa e Silva, que cerró el Congreso, eliminó libertades públicas y abrió la era de las detenciones clandestinas y torturas que se extendió entre 1964 y 1985.
Guedes defendió así al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que había dicho que era posible una medida como la AI-5 en caso de una radicalización de las protestas opositoras.
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