Un familiar encontró muerto en su casa al arquitecto, trabajador de la cultura y militante LGBT Pablo Borsato, de 36 años, el domingo por la tarde. El homicidio fue realizado con saña y sin intenciones de robo, dado que se encontró dinero cerca de su cuerpo. Señales de pelea indican un posible forcejeo entre el atacante y Borsato, según datos brindados por la Fiscalía Descentralizada Nº2 a cargo del doctor Ignacio Uthurry. El cuerpo fue llevado a las pocas horas del hallazgo para la realización de la autopsia, la cual todavía no ha sido publicada, pero así mismo presentaba heridas profundas en lugares críticos efectuadas por un arma blanca encontrada en la habitación.
La policía de la localidad bonaerense de Colón detuvo a un sospechoso que a su vez tiene denuncias de abuso sexual contra una mujer. La comunidad LGBT de la ciudad convoca a una manifestación el próximo miércoles 4 de diciembre: “En el Museo de la Ciudad de Colón Buenos Aires, se convoca a una marcha exigiendo urgente esclarecimiento y actuación del Estado y la Justicia para garantizar el bienestar del colectivo LGBTTI, el cuidado de sus miembres, así como la prevención y alerta ante los crímenes de odio”.
La indignación que el caso provoca no es menor. Nuevamente nos despertamos con el asesinato a sangre fría de un miembro de la comunidad LGBT, en un contexto en donde el discurso de la derecha dormida (ni siquiera la reaccionaria) te contesta que eso de la homofobia “ya pasó”, que “ya no existe, no es tan así”.
Lamentables son los argumentos para poder contradecir esto, porque se trata de vidas humanas que se esfuman por el odio y el resentimiento de una persona hacia otra que tal vez vive su sexualidad de una forma que no sólo va contra lo establecido por una sociedad claramente machista, sino que además cuestiona los privilegios de otros miembros de la misma: los hombres heterosexuales, de sectores medios, caucásicos y muy seguramente bautizados. Se hace mención a éste último punto porque si bien ser cristiano no es sinónimo de ser homofóbico, son las instituciones religiosas y clericales, con una hegemonía católica y evangélica innegables, las que alimentan ciertas situaciones de violencia, de intolerancia y de ausencia de empatía.
Nuestro colectivo LGBTTI suma otra víctima de crimen de odio. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo los policiales van a ser la sección predilecta protagonizada por los nuestro colectivo? ¡Justicia por Pablo Fullana Borsato!@cosecharoja @elciudadanowebhttps://t.co/vLiBXfvlXA
— La Tetera (@LaTeteraROS) December 2, 2019
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Colectivo LGBT padeció un deterioro de sus derechos humanos y civiles que trasladan al mismo a sus épocas previas a la aparición de Carlos Jáuregui y de la fundación de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), organización pionera en la lucha por los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales. Esta desintegración progresiva se dio por medio de tres vías: cultural, legal y económicamente.
Según Esteban Paulón, la habilitación de discursos de odio, so pretexto de la libertad de expresión, han traído consigo un clima mucho más violento para con el colectivo LGBT. En una entrevista brindada al portal Conclusión realizada por este cronista, el subsecretario de políticas de diversidad sexual de la provincia de Santa Fe declara que en un contexto de crisis generalizada a finales de un gobierno de molde neoliberal y de clara afinidad hacia los sectores más conservadores y retardatarios, los colectivos que tienen su vulnerabilidad incrementada por diferentes motivos van a sufrir mucho más violentamente el impacto de la crisis generada por el gobierno de la Alianza Cambiemos.
El funcionario aquí hace mención a la arista cultural del problema, en donde, como bien dice, abre las puertas a discursos y estructuras subjetivas que responden a un sentimiento de rechazo hacia las disidencias sexuales, no sólo desde la prensa brindada a los funcionarios y personalidades de la política y la farándula (el legislador salteño Alfredo Olmedo, la mediática Gisela Barreto y un largo etcétera) sino la aparición y habilitación de movimientos antiderechos como el “Con Mis Hijos No Te Metas”, la ausencia total de condena (pendulando incluso entre la naturalización y el festejo) por parte de los trabajadores de prensa y comunicación en los medios hegemónicos a sucesos de discriminación que derivaron en los conocidos “besazos” como mecanismo de protesta, y hasta incluso programas de televisión de corte evangélico en la Televisión Pública, un espacio que debería ser laico por ser un canal de aire financiado por todos los contribuyentes.
¿Es esto suficiente para poder decir que Mauricio Macri violó los derechos humanos de las disidencias sexuales? No realmente, para ser justos. Ahora bien, lo que menciona Paulón es disparador de muchas reflexiones que nos pueden contestar más fehacientemente esta pregunta.
Los gays, las lesbianas y las demás disidencias sexuales no han sido un sujeto objetivo de la represión directa y constante de Cambiemos, pero sí de recortes producidos en materia de educación, salud y asistencia social.
La ausencia tiene forma de Secretaría: cuando la política pública es el recorte
La reducción del Ministerio de Salud a una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, cartera llevada adelante por Carolina Stanley, y la misma operación realizada para con el Ministerio de Educación han derivado en la reducción de los fondos destinados a estas carteras de manera sustancial y palpable.
En 2016, Mauricio Macri comenzó su gobierno con un presupuesto que destinó (con una cotización del dólar en el Banco Nación a $13.30) 37 millones de pesos, es decir 2798 millones de dólares. En 2019, ese presupuesto se redujo a 2404 millones dólares norteamericanos. Eso es una reducción casi 14 por ciento en tres años, mientras que, según la planilla de Distribución por Jurisdicción nº 85, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (año 2019), el gobierno destina una cantidad de 49 millones 849 mil dólares para la “lucha contra el SIDA y enfermedades de Transmisión Sexual e Infectocontagiosas”. En 2016, el presupuesto para éste ítem era de 109 millones 659 mil dólares. Estamos hablando de una reducción cercana al 55% en el presupuesto de la lucha y prevención del VIH y del SIDA.
Esta situación ha llevado al cese de entrega de reactivos y retrovirales por parte de la Dirección Nacional de SIDA y ETS de la Secretaría de Salud de la Nación, lo cual se suma a la confirmación de la faltante de stock de 3 antirretrovirales y el aviso de que otros 15 se agotarán en 14 meses. Eso se traduce nada más y nada menos que en incertidumbre: 15.000 personas con VIH no sabrán cómo llevar adelante su tratamiento por lo menos hasta fin de año. La denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo sobre esta situación se ha dado a conocer a principios de agosto pasado, pero la situación no mejora y se adhiere al encarecimiento de los insumos básicos y de tratamientos médicos y hormonales, los cuales deberían estar asegurados a los usuarios según la ley nacional 26.743 de Identidad de Género. La semana pasada, el exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubenstein, aprobó en una reforma que, junto con la protocolización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), le valió su eyección de la cartera (sin haber sido reemplazado al día de la fecha), la adhesión de las hormonas para el proceso de cambio de género a la lista de drogas médicas de entrega gratuita a la población. Esto faltando menos de 15 días para la finalización del gobierno de Cambiemos.
En Argentina, la población desempleada, según el INDEC, es del 36 por ciento, y el porcentaje llega a 55 cuando se habla de niños y niñas que no están bien alimentados. En palabras de Paulón, que es también vicepresidente saliente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), que es una de las pocas organizaciones además de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) que tienen informes cuantitativos del colectivo LGBT, la población de personas travestis y trans malnutridas llega al 80 por ciento (esto debido a que hablamos de un sector mucho más reducido numéricamente hablando).
La crisis económica del país ha hecho que la población LGBT en estado de desempleo (entiéndase sin un empleo formal) crezca mucho más en referencia a la población total. Según un informe publicado por ATTTA, el 83% de la población trans registrada fue víctima de graves actos de violencia y discriminación policial, 6 de cada diez abandonan los estudios secundarios y, según el informe publicado por la FALGBT, se reportaron 94 casos de crímenes de odio contra mujeres trans sólo en el año 2018. En este contexto de persecución social y vulnerabilidad, el trabajo sexual y precario termina siendo la opción mayormente elegida.
La vulnerabilidad como un signo de época: crímenes de odio y la persecución judicial de la diversidad
Es necesario hacer una aclaración en este apartado. Como dijimos antes, los únicos relevamientos cuantitativos realizados en materia de crímenes de odio son publicados por la Federación Argentina LGBT, la cual publica estos informes desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT en articulación con la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el año 2016. Esto quiere decir que sólo tenemos datos desde ese año, en coincidencia con el primer año de Cambiemos en el poder. Según los cuatro informes consecutivos de la FALGBT, desde mayo del 2016 hasta el 30 de junio del corriente año, se han perpetrado un total de 349 crímenes de odio registrados (de un relevo hecho desde las publicaciones de los medios de comunicación y las denuncias realizadas a la Defensoría del Pueblo y a comisarías, las cuales no llegan a ser la totalidad de los casos existentes), teniendo como principales objetivos de la violencia a las mujeres trans, con un total de 216 (de los cuales 101 acaban en la muerte de la persona agredida, casi la mitad de los casos registrados).
El 27,5 por ciento de los crímenes de odio registrados por la FALGBT son hacia varones gay cis (esto quiere decir que su autopercepción de género coincide con el género impuesto al nacer), el 8,31 a lesbianas y el restante 2,3 a varones trans.
El jueves 28 de noviembre, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe publicó los primeros datos revelados por la que fuera la primera encuesta de Vulnerabilidad de la Población Trans, la cual se estima en más de 1200 personas en la bota litoraleña. El relevamiento sostiene que sólo el 12,3 por ciento de les encuestades puede “blanquear” su identidad autopercibida en el momento en que así la asume, mientras que el resto tarda años en comenzar a vivir plenamente esa identidad, derivando en autolesiones y en intentos de suicidio.
Esta brecha entre la autopercepción y la expresión de la identidad, según Esteban Paulón, tiene relación con dos factores también revelados por el estudio: “la escolaridad, que es muy baja en nivel bajo y medio, y solo el 5% llega a la universidad; y lo más llamativo, que seguramente tiene que ver con estos entornos hostiles que determinan que cerca de la mitad de las personas trans hayan tenido al menos un intento de suicidio. También aparecen las autolesiones y el consumo problemático de sustancias«, aseguró el funcionario.
Otro dato interesante, es que más del 75 por ciento del total se atiende en la salud pública. Estos niveles de precarización de la vida corren en paralelo con la exclusión y la transfobia histórica vivida por las disidencias sexuales llevando a las consecuencias propias de la depresión y de la baja autoestima: el 65,1 de les entrevistades expresó haber incurrido en autoagresiones con diversa frecuencia; el 75,5 en consumo de alcohol de manera problemática; el 77,5 en consumo de otras sustancias; y el 78,6 en patologías alimentarias.
En tanto, acerca de los intentos de quitarse la vida, el 51 por ciento identifica haberlo intentado al menos una vez. De lo relevado, se desprende que el 32,1 por ciento de los crímenes de odio terminan en la muerte de las víctimas. Dos datos que deben ser tenidos en cuenta es que la mayoría de los casos se da en la población LGBT de entre 20 y 39 años; y por otro lado, el 30 por ciento de los crímenes de odio perpetrados durante los últimos casi cuatro años fueron de la mano de las Fuerzas de Seguridad o de algún representante del Estado. Esto tiene su correlato en dos episodios icónicos de la gestión de Mauricio Macri: la primera de ellas cuando, envalentonados por haber ganado las elecciones de medio término, el gobierno nacional lanzó un paquete de medidas entre las cuales se encontraba el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.” publicado el 30 de octubre del 2017 por el Ministerio de Seguridad donde se determina que el registro de alguien identificado como parte del colectivo LGBT debe ser llevado a cabo “por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción» y que habilita a las fuerzas represivas a crear, a partir de las actas labradas en el lugar de los hechos, una base de datos en donde queda registrada la identidad autopercibida de la persona que es detenida por la policía (esto por supuesto, sin detenernos a pensar en lo necesaria o en la injustificada detención de la persona en cuestión).
Este protocolo intentó lavarle la cara al Ministerio de Seguridad y al propio gobierno nacional al lanzar una política pública de tratamiento hacia las disidencias sexuales, pero además de hacerlo de la manera más infructuosa (no olvidar que seguimos hablando de un protocolo de detención) revela la flagrante ignorancia de parte tanto de los oficiales de seguridad como de la propia ministra y los restantes miembros de esta cartera sobre políticas de derechos humanos.
Y en segundo lugar, también recordar un suceso ocurrido unas semanas antes de la publicación del Protocolo LGBT de la detención de Mariana Gómez en la estación de trenes de Constitución so pretexto de estar fumando en un lugar indebido, debido a que estaba besándose con su pareja. El caso tomó gran repercusión mediática, pero aun así, y a pesar del atropello desmedido e inexplicable de los oficiales de seguridad que participaron del operativo de detención, Mariana fue condenada a un año de prisión en suspenso por desacato a la autoridad. Cabe recordar que más allá de que los poderes ejecutivo y judicial son independiente el uno del otro, no podemos de ninguna manera soslayar el rol social y la carga subjetiva que tiene un juez a la hora de desarrollar su tarea, sin mencionar el peso político que tienen las condenas a la hora de construir un ambiente social, y viceversa, y es allí donde todo el entramado subjetivo más arriba descrito aparece y cierra el tríptico represivo cultural-subjetivo, económico y judicial.
Los cuatro años de macrismo significaron para las disidencias sexuales un periodo de deterioro de sus derechos más fundamentales y básicos: la negación de la salud y del trabajo generalizada a toda la población, pero con un impacto mucho mayor respecto a estos sectores vulnerables y vulnerados a los cuales Mauricio Macri, según una entrevista realizada por el diario Página|12 en el año 1997 al aquel entonces presidente del club Boca Juniros, no dejaría participar de su equipo de fútbol por tratarse de gente enferma. Paradójica definición para un colectivo de personas a las cuales se les recortaron los fondos para sus medicinas.
