A tres días de haber asumido, el presidente Fernández ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/19 que establece la duplicación de las indemnizaciones por despido sin causa que se operen a partir del 13 de diciembre pasado. La medida alcanza a todas las indemnizaciones que se devengan por el despido, esto es las que corresponden por antigüedad, falta de preaviso e integración del mes de despido.
La disposición se fundamenta en la grave situación del empleo en el país, expresada en la pérdida neta de puestos de trabajo que se operó en el último año, y tiene como propósito (como ya ocurrió con la ley de emergencia 25.561 allá por el 2002), disuadir la tentación de los empresarios de echar mano a despidos como medio para enfrentar las dificultades económicas de la empresa, manteniendo los niveles de ocupación hasta que la economía se recuperó.
Conviene aclarar que la medida no se aplica a las contrataciones posteriores al 13 de diciembre pasado en que la norma entró a regir, ya que su propósito no es desalentar las nuevas contrataciones, sino mantener el empleo existente.
Naturalmente que la duplicación no se aplica a los casos en que medie una justa causa de despido por un incumplimiento grave por parte del trabajador, aunque si por esas picardías que a veces se hacen, el empleador intentase eludir la doble indemnización inventando una causa falsa o insuficiente de despido, si el trabajador la impugna judicialmente, habrá de cobrar sus indemnizaciones duplicadas.
Lo mismo sucederá con los trabajadores que no están registrados (los llamados “en negro”), a los que se despide de palabra y sin indemnización, pero que, si logran probar que efectivamente trabajaron, cobrarán su indemnización con esa duplicación, además de otros recargos que establece la ley.
Este decreto es mucho más que una respuesta de coyuntura, porque marca el rumbo del nuevo gobierno en materia laboral, muy distinto del que se fue el 10 de diciembre.
Las propuestas de reforma laboral que intentó el gobierno de Macri partían de la premisa de que era necesario facilitar los despidos y bajar la protección al trabajo para mejorar la rentabilidad empresaria y así hacer crecer la economía. Por el contrario, ahora el mensaje es la decisión de proteger al trabajador, un cambio muy saludable que genera confianza y expectativas.
