La reforma laboral que procuran los hermanos Milei retrotrae las relaciones entre capital y trabajo al período que refleja la película protagonizada por Charles Chaplin.
Una buena definición sobre los efectos que tendrá para los trabajadores y trabajadoras el capítulo laboral de la media sanción que recibió la denominada ley Bases, la dio el empresario de estaciones de servicio cordobés a cargo de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornorini. Al ser consultado sobre “un beneficio concreto” que prevea la norma para los laburantes, balbuceó: “El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos, para que los trabajadores puedan tener mayor eh… este…, mayor libertad a la hora de generar trabajo”. Bien. Puede pensarse que no se trata de una doble imposición para los empleados –la de trabajar y, a la vez, generar trabajo– sino que se trató de un fallido del legislador de La Libertad Avanza (LLA), que quiso referirse a la libertad de los empresarios para poder despedir barato y contratar ídem. Aun así, ese beneficio sería, en forma directa, para los empleadores, no para su contraparte. Finalmente, Bornorini pudo decir que “los trabajadores se benefician hoy con que el Estado se va a achicar, y a la larga van a pagar menos impuestos”. Ni una palabra sobre lo que el Gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei llama “modernización laboral”, que consiste en la desprotección legal de las y los laburantes y que ya fue aplicado en los años 90 del siglo pasado por el peronista Carlos Menem, y al principio de este siglo por el radical Fernando de la Rúa, con resultados negativos en materia de generación de empleo. Durante aquel período de reducción de derechos para quienes laboran, crecieron notablemente la tasa de desocupación y la pobreza, acompañando en sentido inverso la caída de la actividad económica y un proceso de creciente endeudamiento externo. Es decir que lo que mueve el empleo –hacia arriba o hacia abajo– encuentra mayores determinaciones en el nivel de actividad y el patrón de crecimiento (porque no todos los procesos de crecimiento económicos son iguales), que en las normas que protegen a la parte más débil de la relación.
La media sanción a la reforma laboral, o “modernización” en el idioma del universo antiobrero del oficialismo, se aprobó en la Cámara baja en las horas previas a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Casi como el obsequio entregado por un ansioso.
La norma, en su versión circuncisa, también afecta los derechos y necesidades de los trabajadores jubilados (particularmente de las mujeres); promueve la enajenación de bienes del Estado mediante privatizaciones; establece un régimen especial para “grandes inversiones” muy beneficioso; incrementa la presión impositiva sobre los más débiles y evapora la alícuota de Bienes Personales para el 1 por ciento más rico de la Argentina. En síntesis, es una ley para la gente de bien.
Pero el grueso del asunto pasa por la reforma laboral, que ya estaba contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, suspendido por medio de varios fallos judiciales de primera y segunda instancia.
Ahora, el Gobierno podría avanzar en esa materia –que le fue esquiva a través del DNU– con una ley sancionada por el Congreso. Lo cual, vale aclarar, le brinda más vigor a la aventura, pero no le resta posibles declaraciones de inconstitucionalidad en los tribunales, puesto que algunos artículos de la “modernización” no lucen muy amigables con el 14bis de la Constitución Nacional.
La acción del Gobierno va demarcando dos campos enfrentados, aunque con matices. De un lado los hermanos Milei ubican a “la gente de bien” –que son, fundamentalmente, quienes no los contradicen– y del otro los “orcos”: trabajadores, militantes de variadas causas, estudiantes, sindicatos, ambientalistas, feministas, docentes, “políticos” (con excepción de los radicales moldeables) y movimientos sociales, entre otros.
En ese campo, una de las principales víctimas del modelo libertario –que es similar al neoliberal pero añade regocijo por el daño– son quienes trabajan y poseen derechos laborales obtenidos con anterioridad, transformados en casta: vacaciones, aguinaldos, licencias y una serie de derechos demonizados como “privilegio” que, en buena medida, han visto la reducción del universo de sus beneficiarios con el correr de los años.
El ataque contra ese sector es tan claro y profundo que motivó dos paros convocados por la CGT, que es negociadora antes que combativa, en cinco meses de Gobierno. Sin embargo, el Gobierno matizó esa agresión al retirar del capítulo laboral de la ley Bases el articulado que iba directamente contra las entidades sindicales.
Aun así, la CGT mantuvo el paro que se desarrollará el 9 de mayo en todo el país.
“Un ajuste brutal”
Si bien estaba prevista desde antes, al día siguiente de la media sanción en Diputados de la ley Bases, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó en la capital argentina en conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, con el acento puesto en la coyuntura actual.
“Transitamos un grave momento como país y como sociedad. Un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida «libertad de mercado », implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”, señaló la CGT en un documento emitido durante la marcha, que no tuvo acto ni oradores, aunque el triunviro que la conduce dio una conferencia de prensa.
Sigue: “Precios liberados en alimentos, en medicamentos, en energía y en los servicios esenciales y salarios disminuidos en su poder de compra. Paritarias intervenidas por el ministro de Economía que impide la adecuada actualización de los salarios; recesión y aumentos incesantes que generan caída en los niveles de actividad económica y los índices de consumo básicos, que —en la práctica— representan una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados y privilegiados de la economía”.
Y completa el cuadro vigente: “Un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 en obras públicas, un 39 en subsidios al transporte, un 76 en transferencias a las provincias, un 18 en recorte a las universidades y un 13 en programas sociales; son sólo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”.
Los datos de esa coyuntura, dijo la CGT, se producen “ante un gobierno que no muestra un programa económico sustentable ni consistente, que no proyecta un horizonte de expectativas alentadoras a futuro, ni hacia un crecimiento integral con inversión productiva y no sólo financiera”.
Caracteriza al de los hermanos Milei como “un gobierno sin diálogo social, que sólo se vincula con los representantes de intereses amigos, que agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, desfinancia la salud pública, la educación pública, la ciencia, la tecnología y la cultura, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad”.
Para no quedarse en el lugar que el vocero Manuel Adorni los quiere dejar, los dirigentes sindicales plantearon también un “desafío” al que “convocamos y ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una Agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”.
Ninguna de esas características aparece en la conversación oficial, que no discurre sobre inclusión, detesta la solidaridad y la igualdad y sólo procura la realización individual por mérito y dentro de las posibilidades que ofrece un mercado altamente concentrado en varios sectores, como el local.
De todos modos, así como retiró de la segunda versión de la ley Bases el articulado destinado a desarticular las entidades gremiales de los y las trabajadoras, también descubrió un rápido “fallo de mercado” en la prestación de servicios de salud prepagos que busca reparar mediante una intervención estatal, pospuso los aumentos tarifarios y regula los de combustibles, en contra de su prédica libertaria. La realidad presenta complejidades que los dogmas teóricos desechan o ni siquiera atisban.
Peli repetida
El abogado laboralista rosarino, Jorge Elías, ya vio esta película y conoce su triste final.
En diálogo con El Eslabón, el abogado señaló que la media sanción que recibió el proyecto de ley Bases “reproduce la mayor parte de lo que ya estaba en el DNU 70/2023, que está bloqueado por sentencias judiciales, que es tratar de volver a lo mismo dándole fuerza de ley. Parte de la premisa de que la protección del trabajo es mala para el país, y que la protección de los trabajadores es la causa de los problemas”
Para Elías, la idea del Gobierno consiste en que “si bajamos la tutela del trabajador y le damos libertad a los empresarios para hacer lo que mejor les convenga, esto va a significar prosperidad general”.
“Premisa que no comparto”, agregó, para explicar que “ya se probó en la época de Menem y fue un desastre. Pero están convencidos y tienen todavía algún consenso para hacerlo”.
En términos generales, el abogado explicó que la “modernización” que los hermanos Milei procuran introducir al mundo laboral no es más que emparejar hacia abajo.
“Apunta en dos direcciones. Por un lado, a evitar cualquier efecto o consecuencia de tener un empleado en negro (no registrado). Tener un tipo en negro no tiene ningún costo adicional para el empleador, no hay ningún tipo de consecuencia, ni agravamiento económico para el empleador. Es una invitación a tener a la gente en negro”, dijo.
Así, y siguiendo el ideario libertario, señaló que “se supone que por culpa de las leyes que protegen el empleo y castigan a la gente que tiene trabajadores en negro hay más informalidad. Si no los castigamos, se van a portar bien. Es lo mismo que decir que si no castigamos cruzar con el semáforo en rojo la gente va a conducir con más cuidado. Es absurdo”.
El abogado laboralista agregó que “la segunda parte (de la reforma) tiene que ver con reducir lo más posible la reparación en caso de despidos”.
Y, eso, va en tres direcciones. “Ampliar el período de prueba que actualmente es de tres meses, tiempo durante el cual el empleador tiene la libertad de echar a un trabajador porque lo tiene a prueba, como quien compra una licuadora y la devuelve en 15 días. En ese período no paga nada”.
Mientras atraviesa el período de prueba, “el trabajador está en absoluto desamparo. Ahora se quiere ampliar ese período hasta 6 meses, con opción a que si se firma un acuerdo con el sindicato en el convenio colectivo se puede extender hasta 8 meses o un año”.
¿Qué cambia eso? “Significa un paraíso para el empleador, porque este trabajador no se va a enfermar nunca, no va a reclamar nada, si no le pagan el aumento de convenio va a bajar la cabeza, porque no tiene protección”, explicó Elías.
En esa línea, continuó: “La segunda es la idea de permitir que una empresa de no más de 5 empleados pueda tener trabajadores autónomos, es decir, trabajadores no empleados, independientes. Tipos que no tienen ningún derecho a sueldo básico, ni a convenio colectivo, ni a licencia, ni a vacaciones, ni a enfermedad ni aguinaldo ni despido”.
Elías recordó que “empresas con hasta 5 empleados en el país hay muchísimas, con lo cual un ejército de personas va a quedar absolutamente desamparada, no sólo porque no le van a cumplir, sino porque no va a poder reclamar. Ahora ni siquiera puede iniciar un juicio, porque la ley lo contempla”.
En tercer lugar, el proyecto de ley con media sanción contiene “la idea de que por convenio colectivo se pueda transformar el sistema de indemnización por despidos –que hoy es de un mes por antigüedad, más preaviso– en uno de capitalización como tienen los pobres desgraciados de la construcción (Uocra)”.
Se trata de “un sistema por el cual vos depositás en una cuenta de un banco unos pesos todos los meses, para que el día que el empleador te quiera echar, te lleva la plata y él no paga nada. Eso implica que el trabajador carece de todo derecho, que no puede reclamar nunca nada porque está a disposición de rajarlo con ese fondo”, detalló el abogado.
Recordó, por último, que “en los 90 aumentaron la desocupación y la pobreza, pero siempre hay algún pícaro que dice «con esto nos ganamos unos mangos más, y después veremos»”.
La puja entre el capital y el trabajo, representada en este caso por las fuerzas del cielo y el movimiento obrero organizado, es dinámica e histórica. El próximo episodio se proyectará el 9 de mayo, día de la segunda huelga general de la CGT y las dos CTA con el objetivo de poner freno a la agresión neoliberal con acento libertario.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 04/05/24
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