Sindicatos de docentes públicos de los niveles primarios, secundarios y universitarios manifestaron su “preocupación” por dos artículos de la denominada ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva que suspenden por 180 días la actualización jubilatoria. En ese marco, el gremio local Coad pidió una paritaria especial al rector de la UNR Franco Bartolacci.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la Emergencia Pública, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente”, señaló a través de un comunicado la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

“Compartimos el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan, los que deben recibir de manera inmediata, la mayor asistencia del estado para poder recuperar rápidamente lo perdido en estos últimos cuatro años de ajuste de la administración cambiemos”, planteó Ctera en su comunicado. Y añadió: “Pero además, tenemos en claro, que el sector docente también ha sido fuertemente perjudicado por el ataque al sistema previsional de la administración anterior”.

Para graficar la situación, la Ctera se refirió al promedio de haberes jubilatorios docentes del Ansés, que registra unnúmero total de jubilados docentes nacionales de 150.200.

En ese sentido, Ctera señaló que “el haber promedio es de 44.000 (es decir que aproximadamente el 50% no supera los 44000 pesos)”.

Ante ese dato de Ansés, la confederación apuntó que sólo el 2 por ciento de los jubilados docentes cobran el haber mínimo. “De 150.200 jubilados docentes, tan solo 3004 cobrarían el bono de 5000 pesos”, apuntó el gremio.

“El 74 por ciento del total de jubilados docentes son mujeres, es decir que de 111.148 jubiladas, 55.574 docentes (el 50% que surge del promedio) estaría cobrando menos de 44000”, indicó Ctera en su comunicado. Y agregó: “No es un dato menor ya que las mujeres han sido las más castigadas, por el trabajo de cuidados no reconocido salarialmente y que como jubiladas generalmente lo siguen haciendo”.

La Ctera señaló además que “el último incremento en los haberes jubilatorios docentes es de septiembre 2019, con lo cual si no hay movilidad durante 180 días, el perjuicio económico es muy fuerte”.

“Los artículos 51 y 52 del proyecto en cuestión, afectarían a la movilidad de la jubilación docente establecida en el decreto 137/05, firmado por el presidente Néstor Kirchner, que a su vez reglamenta la aplicación de la ley 24016, que establece el régimen previsional docente, para las provincias con cajas transferidas a la Nación y pueden generar un desequilibrio en la proporcionalidad que debe existir entre los haberes jubilatorios y los salarios de los trabajadores/as docentes en actividad”, se remarcó en el comunicado. Y amplió: “El sentido del decreto nacional firmado en el 2005, fue la de sostener (en muchas de las provincias con menos recursos del país) el haber jubilatorio, en relación al salario de los docentes en actividad”.

Ctera planteó que “para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs”.

“Desde Ctera les solicitamos a los señores legisladores que sean modificados los citados artículos del proyecto de ley de tal forma que no se afecte el régimen jubilatorio docente ni su movilidad”, concluyó el comunicado.

Los universitarios también en alerta

En el mismo sentido se manifestó la jornada de este martes el gremio de docentes universitarios Conadu Histórica. “El proyecto afecta a las movilidades determinadas por los índices RIPDUN (Ley de Jubilaciones Docentes Universitarias N° 26.508), RIPDOC (Decreto Jubilaciones Docentes Preuniversitarias N° 137/05), e incluye también a las Jubilaciones de Investigadorxs (Decreto N° 160/05), que se rigen por el índice general de movilidad de la Ley N° 27.426”, precisaron desde el sindicato.

“Desde Conadu Histórica manifestamos nuestro total rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria contemplada en nuestros regímenes especiales. Leyes que son el producto de grandes luchas de nuestro sector, y que en el caso de la Ley N° 26.508, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas tras importantes campañas de firmas y movilizaciones en todo el país”, planteó el gremio.

La Conadu Histórica resaltó que “las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40 por ciento contra la inflación en los últimos dos años”, y consideró “una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri”.

El sindicato también reclamó que “se anulen los mencionados artículos 51 y 52 del proyecto de ley, que entendemos y compartimos que resulta tan necesaria para los sectores más postergados de la sociedad, cuyas demandas siempre hemos acompañado”.

Universitarios de Rosario piden paritaria

En el marco de las advertencias realizadas por Ctera y Conadu Histórica, el gremio de los docentes universitarios de Rosario (Coad) solicitó al rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, una “paritaria particular de emergencia para que se arbitren los medios para que queden sin efecto las renuncias condicionadas de los docentes que la hayan presentado sin tener acreditada la iniciación del trámite jubilatorio. Y al mismo tiempo, que no se intime a ningún docente a jubilarse hasta tanto no se esclarezca la situación”.

“Dicho pedido surge luego de conocerse el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública elaborado por el Ejecutivo Nacional para ser presentado al Congreso de la Nación donde en sus artículos 51º y 52º – de aprobarse – esta ley suspendería por 180 días el cálculo del 82% (u 85%) al haber inicial jubilatorio y la movilidad de los haberes en general”, marcaron desde Coad en un parte enviado a la prensa.

“Seguiremos analizando los alcances de estos artículos en la próxima reunión de Consejo Directivo y Congreso de Delegados, a realizarse este próximo jueves 19 a las 16 horas, para actuar en consecuencia”, adelantó el gremio universitario. Y concluyó: “Defendemos, como siempre, nuestros derechos laborales, convencidos de que no somos los trabajadores quienes debemos pagar las consecuencias de la política aplicada los últimos cuatro años”.

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