La visibilización y dimensión de la deuda de la empresa Vicentin, como también su futuro a cargo del Estado, se expandió por lo medios de comunicación y redes sociales luego del anuncio de intervención del gobierno nacional, para “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina”.
El periodista Juan Chiummiento, que estudia temas económicos y políticos, y que realizó un mapa interactivo con geolocalización con los más de 2600 acreedores de la deuda millonaria que dejó hasta el momento la empresa de capitales santafesinos, dialogó este miércoles con el programa Poné la pava, que se emite en Radio Rebelde Rosario.
Chiummiento contó que en el mapa mencionado –que publicó en principio en el sitio Punto Biz, y que llegó a rincones y pantallas de toda la argentina– “estalló en todos los medios pero viene desde el 5 de diciembre del año pasado, el día que la empresa anunció un «estrés financiero», indicando con esto que no iba a poder hacer frente a sus compromisos”.
Chiummiento recordó que meses después, en febrero de este año, la empresa pidió la convocatoria de acreedores en Reconquista, que es donde tiene sede. “El juez trabajó con los síndicos de la causa para darle la mayor transparencia posible, a sabiendas que se encaminaba a ser una causa histórica. Y en ese marco –continuó el periodista– se publicó una serie de informaciones respecto al expediente entre los que estaban los 2638 acreedores que tenía Vicentin”.
Según contó, el informe surgió como un interés de “visualizar el impacto geográfico que tuvo el default de la empresa”, y describió que en la provincia “hay aproximadamente unos 365 municipios y comunas; y unas 170 localidades donde al menos hay una empresa afectada por el default de Vicentin. Y eso sólo en Santa Fe, ya que también tiene acreedores en Córdoba, provincia de Buenos Aires y Chaco”.
Vicentin y el Banco Nación
Según información que surge de la causa, “el crédito que se le viene reclamando a Vicentin es de 290 millones de dólares; una línea que el Banco Nación tenía con la empresa para prefinanciar exportaciones; es decir, el banco le daba dinero para que Vicentin pudiera pagar las operaciones de exportación de granos y luego lo devolvía. El tema es que la línea de crédito vino creciendo paulatinamente y el tope que se le podía prestar eran 300 millones de dólares, y es cierto que ese crédito también lo tenía en gobiernos anteriores, la diferencia es que en agosto, Intervención estratégica sus compromisos, y en noviembre el Banco de la Nación Argentina, autoriza un crédito por otros 100 millones de dólares ¡y vía mail! Ahí está el quid de la cuestión, porque antes de agosto, Vicentin venía pagando sus compromisos. Y era una empresa próspera, que había crecido muchísimo y de alguna manera u otra el Banco Nación podría decir que estaba apoyando a una empresa de capitales nacionales, lo cual no era falso. El problema fue que en agosto dejó de pagar y en noviembre le prestó los 100 millones de dólares».
Consultado sobre el razonamiento que le produce el seguimiento de la causa y la intervención reciente del Estado, el periodista afirmó que “el país está ante una oportunidad tan enorme como compleja de tener una empresa testigo en un mercado estratégico como es el mercado de los alimentos. Y que además tiene ramificaciones por todos lados, como dijo el ministro Kulfas, que hasta está la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios porque de alguna manera u otra las grandes exportadoras lo hacen, y de hecho han forzado devaluaciones. Se habla pero no hay pruebas, que la devaluación del 2014 cuando estaba Kicillof en el Ministro de Economía fue forzada por Vicentin, entre otros. Es una oportunidad histórica, pero es absolutamente compleja. Del otro lado hay argumentos tan fáciles como que se viene Venezuela, y eso hace más difícil la discusión”.
“Ningunos bebés de pecho”
Una de las voces disonantes sobre la intervención estatal fue la de Tomás Layús, presidente de la Sociedad Rural Argentina de Rosario. Aunque admitió que “Vicentin de por sí dejó un tendal de deudas en todo lo que es la provincia de Santa Fe, y también en parte de la provincia de Buenos Aires”, también sostuvo: “Veo mal que el Estado intervenga en el medio del transcurso de un proceso de concurso de acreedores”.
“Nos vemos afectados por el efecto Vicentin –siguió Layús–. Esto trastocó todo lo que es la cadena comercial porque implicó que muchos acopios no pagarán y también que muchas cooperativas estuvieran en problemas, es decir, todo el sector se vio afectado. Pero en este concurso, que es el instrumento legal que tiene cualquier negocio o empresa, no tendría que intervenir el Estado con una idea a posteriori de querer quedarse con la empresa, eso es lo que nosotros vemos mal porque en el medio del transcurso de un proceso de concurso debería dejar que actúe el juez y vea de qué manera se puede reestructurar para que en definitiva, los acreedores de la empresa puedan cobrar. De todas maneras, los dueños de Vicentin no son ningunos bebés de pecho, pero nosotros vemos que el Estado no tiene que intervenir en estas cosas”.
Consultado por su descontento con la apropiación de la empresa donde se juegan también miles de puestos trabajo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina de Rosario, afirmó: “Pensando en voz alta, me parece que sería una barbaridad llegar a eso porque creo que no corresponde. Si se llega a pasar, sería una mala imagen para la Argentina, porque el mercado de granos es un mercado transparente que funciona bien”.
Soberanía alimentaria
Con respecto a la soberanía alimentaria, uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Alberto Fernández al tomar como cuestión de estado la situación incierta de la empresa Vicentin, Chiummiento concluyó: «Lo cierto es que no deja de ser una empresa que participa en el mercado de los alimentos. Vicentin no es solo un puerto que exporta, es un grupo que además posee empresas como Friar, que es un frigorífico, es socio de Maxiconsumo, que en Buenos Aires es una de las cadenas más importantes, o sea que las ramificaciones son tan amplias que uno cree que tomando una serie de políticas se podría influir en el mercado de los alimentos”.
Layús de la Sociedad Rural de Rosario, por su parte, admitió en el programa Poné la Pava, que la Argentina “puede producir un montón de alimentos pero el problema es que está mal distribuida, no digo que no. Hay un montón de familias que producen toda la comida y no les preocupa para nada lo que ocurre con millones de argentinos y además fugan capitales.Da para una charla más larga”.
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