La tarde noche del jueves concentró su atención en la reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra; y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli.
El final dejó la continuidad del proyecto junto a un saldo de incertezas sobre la expropiación o la culminación del proceso en una combinación de capitales privados y estatales: Alberto Fernández manifestó la posibilidad de que aparezcan “propuestas superadoras”, el gobernador Omar Perotti rubricó el objetivo general de rescatar la empresa, saldar las deudas con los acreedores y asegurar la producción de alimentos y la exportación de granos y derivados, y el ministro de Producción santafesino, uno de los primeros en expresarse en contra de la expropiación, señaló que “se buscarán salidas de consenso” y que “se abre un proceso de construcción que pondría en suspenso la expropiación, que es lo que se quería evitar”.
La reunión se llevó a cabo después de que el subinterventor, Luciano Zarich, ingresara a la sede administrativa de la empresa en Avellaneda junto al escribano oficial Carlos Gaitán y otros directivos de la firma. En la previa, desde el anuncio presidencial del lunes, se sucedieron una serie de acontecimientos que incrementaron la tensión y viraron drásticamente el ritmo de la política en una Argentina alterada por la pandemia.
Esa murga que lleva siglos así
«Todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, y le encomendaremos ese fondo a YPF Agro”, anunció al inicio de la semana el presidente Alberto Fernández ante el asombro de un país. «Estamos buscando que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme conocimiento en lo que hace a su gerenciamiento, pueda hacerse cargo de la gestión futura», adicionó.
El grupo propietario lo encabeza la familia del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, y los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli. Uno de ellos, Gustavo, cercano al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y que aspiró a ser candidato a gobernador en Santa Fe, es el que saltó a la fama al romper la cuarentena para irse a pasear en yate. Al finalizar el gobierno de Cambiemos, Vicentin emergió como un símbolo de los enjuagues del macrismo: de principal aportante para la campaña a receptora de préstamos del banco Nación por 18.370 millones de pesos hasta días antes de ingresar en convocatoria de acreedores en diciembre pasado.
La decisión de Alberto Fernández irrumpió en medio de versiones de todo tipo, que incluían desde la presencia de Vicentin en la mira de los grandes grupos inversores transnacionales hasta las gestiones del exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem y empresario de medios, José Luis Manzano. Y mientras se realiza el proceso judicial que comenzó cuando la empresa adujo “estrés financiero” y dejó deudas con 2.600 productores y el Banco Nación como principales damnificados, y por un total que asciende a los 1.350 millones de dólares.
“Es una máquina de generar guita, y eso es muy tentador para los grupos inversores del planeta. Es un bombón. Ponés un dólar y a fin de año tenés una rentabilidad asombrosa. Por eso hay presiones de todos los sectores por quedársela. Y la operatoria de un concurso judicial lo tira tan para adelante que lo pagan con la que van ganando”, dice desde Casilda Fernando Martínez, ingeniero agrónomo exINTA y autor junto a Pedro Peretti y Sergio Rossi del libro Las penas y las vaquitas. Tierra, fiesta y sudor en la Argentina profunda.
Las investigaciones del entramado empresarial que integran un centenar de firmas de diversos rubros con eje en la argentina Vicentín SAIC y en Vicentin Familiy Group, el holding con sede en Uruguay constituido en 2018, así como de las operaciones accionarias luego de la derrota de Mauricio Macri en las elecciones del último octubre, serán fundamentales para desnudar el inmenso fraude. En el mapa de acreedores georreferenciados que elaboró el periodista Juan Chiummiento y que circuló frondosamente por medios y redes sociales se detallan las deudas que el holding deja con personas físicas y jurídicas en la región, el país, el continente y el mundo.
Oscuridad de bodega sin luz
La inquietud gobierna los días de una enorme cantidad de personas en toda la Provincia. La caída de una empresa de semejantes dimensiones podría ocasionar una catástrofe económica y social ante la cual el Estado, tanto nacional como provincial, no tendría capacidad para responder.
A fines de mayo, Vicentin anunció que suspendería a 800 empleados y no descartaba despidos. Las organizaciones gremiales entraron en alerta. En ese entonces se dictó una conciliación obligatoria que vence a fines de mes. La empresa que debía el pago de sueldos seguía produciendo el acopio de granos. Otras de las entidades que quedaron atrapadas en la inmensa red de acreedores de Vicentin son las cooperativas ACA y AFA.
Los sindicatos y las entidades cooperativas son actores que disputarán un lugar en el directorio de una nueva gestión, si el Estado finalmente conforma una sociedad mixta. Con la presencia de YPF Agro, podría cerrarse un circuito de provisión de insumos, canalización del cereal a través de un puerto propio y producción de biocombustibles en sociedad con Glencore en Renova, la fábrica más moderna del mundo.
Además de la caída del precio internacional de las materias primas, durante los últimos meses del 2019 hubo un adelanto del 25% de la cosecha acumulando unos 4.600 millones de dólares durante noviembre y diciembre, una suba interanual del 84%. La ampliación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo implicó, además, que este año se retrasara la liquidación, por lo cual, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que acaparan el 40% de las exportaciones, durante mayo hubo una caída del 18,7% respecto al mismo mes del año pasado, el monto más bajo a la fecha desde el 2007.
La liquidación total de exportaciones representa alrededor de 23 mil millones de dólares por agroexportación, de los cuales Vicentín controla unos 3 mil millones, un total que serviría como una herramienta para intervenir en el mercado cambiario, administrar los tiempos de liquidación y tender a estabilizar el tipo de cambio.
La murga nos vuelve gritar
“El conflicto está lanzado, la figura de Alberto crece y no pueden esperar a que crezca más. Operan sobre esa masa porque saben que en el 2015 pudieron acceder al poder por primera vez por vía eleccionaria. Hicieron un desastre, lo perdieron y ahora están desesperados. ¿Pensábamos que iba a ser un chiste?”, la pregunta retórica es formulada por el ingeniero Martínez.
El profesional de larga trayectoria en el INTA indica que “esta empresa era la campeona en operaciones en negro de soja. Ahora, esa gente que les vendía por afuera del sistema, que eran los pícaros, no tiene los documentos para presentar”, y completa el análisis: “Se acostumbra a vender entre el 25 y el 30 por ciento como algo que es cultural, aunque no se necesite. Y se hace para recibir chimangos, porque es más de pícaro hacerlo. Esa gente, aunque ahora vaya a cobrar las deudas, va a estar en contra por prejuicio. Los llevan de la nariz con la campaña mediática coordinada por la delincuencia económica nacional”.
Martínez es autor de un estudio donde analiza el funcionamiento de Vicentin y señala los procedimientos fraudulentos que la llevaron a la curiosa “caída” en simultáneo al recambio de gobierno. La decisión de avanzar en la composición de una nueva estructura de gerenciamiento para poner la empresa al servicio de los intereses nacionales se instala cuando el agotamiento por la cuarentena empieza a despuntar situaciones críticas y los problemas alimenticios se reflejan en el aumento desdoblado de la inflación.
En la previa a la iniciativa, hubo problemas para la importación de insumos a partir de restricciones torpemente aplicadas por el Banco Central que debieron reformularse tras las advertencias unificadas del sector por el riesgo que implicaba para las campañas del año.
“Se agrandaron más de lo que podían, porque son el modelo de empresario exitoso por lo delincuencial. Acá están atizando el miedo de la clase media. Me da la impresión que el mandato es asustar con que vamos a Venezuela. Y se va a repetir hasta el cansancio”, advierte Martínez.
Un bobo leva y un tonto enjuaga
Las imágenes de la manifestación organizada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, se difundieron por las señales televisivas y los portales web de los medios porteños aderezadas con la confusión geográfica: se trataba del descubrimiento abrupto del interior del país en medio de una pandemia concentrada en el AMBA que exhibió todo el componente unitario de la realidad argentina.
En los balcones de algunos barrios porteños, comenzaron los cacerolazos. Lo siguieron algunos balcones en el centro rosarino. Y hubo réplicas menores en otras ciudades. Con énfasis y excitación, los propagadores mediáticos no demoraron en catalogarlos como puebladas de resistencia a la expropiación.
Las campañas de intimidación se continuaron con audios anónimos distribuidos por redes sociales hablando de colectivos de La Cámpora y el Movimiento Evita enviados para desatar una guerra civil en el norte santafesino, y se complementaron con las inmediatas operaciones para retroceder a instancias previas de negociación. La foto de los móviles de TN haciendo guardia en las puertas de la sede de la empresa son la contraparte de los bocinazos en las calles de las ciudades.
Los que marcharon en Avellaneda y los sectores sociales que se abroquelaron desde distintos puntos del país conforman los anillos periféricos de Juntos por el Cambio, el principal grupo político refractario. Son los que vieron frustradas sus ansias de lock out patronal a comienzos de año, cuando el gobierno impulsó el incremento de retenciones y planteó un esquema de segmentación que disminuyó la influencia de la fracción antagonista.
En este caso, parecería prudente evitar acciones que le regalen bases sociales y organizaciones con capacidad de movilización a los focos radicalizados. Aún cuando haya individuos que se manifiesten en contra de una iniciativa gubernamental que los beneficia, es fundamental para el gobierno impedir que sean las estructuras organizativas que nuclean a pequeños y medianos productores, cooperativas, trabajadores, comerciantes y profesionales ligados al sector agropecuario, las que se alineen con las capas en protesta.
Para Martínez, existe un paralelo de reacciones con el proyecto para reformar el impuesto inmobiliario rural en la Provincia presentado por el diputado Leandro Busatto y que despabiló los fervores defensivos de los grandes dueños de la tierra, aunque sin alcanzar la magnitud del asunto Vicentin.
“Esa es una propuesta espectacular porque sigue un criterio de escala y sucede lo mismo que ahora con Vicentín: en ese caso hay 4 de cada 5 personas que van a pagar menos impuestos, sin embargo, uno ve que los que van a pagar menos salen a decir que están en contra del impuesto”, explica, y completa: “Lo único que tiene el campo nacional y popular de diferencia, es la astucia. Los medios son de ellos. Hay que tener una estrategia para operar sobre estas cuestiones. Hay que mostrar que esta gente de Vicentín cagó a todos”.
Los posibles errores de formulación y presentación del proyecto no empañan el sentido original de la iniciativa, que apunta a corregir una desvirtuación lograda a través de los mecanismos de estafa habituales en el empresariado ligado a la exportación y la especulación financiera. El rol de Santa Fe se posiciona como fundamental en la definición del futuro de una empresa que puede marcar un antes y un después en la configuración del negocio central de la economía argentina. La capacidad política se verá, también, en la creatividad para encontrar soluciones y desactivar conflictos.
Fuente: El Eslabón
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