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El gobierno tiene que tomar decisiones envuelto en un nuevo round en la batalla de las elites argentinas: devaluadores vs. dolarizadores. La licitación de títulos del Tesoro que consiguió al inicio de la semana y aporta un respirador para aliviar la embestida devaluadora, se vio enmarañada por el desalojo en Guernica. Una decisión judicial que complica el cuadro político, pero es leída favorablemente por los actores que protagonizan el ataque a las cuentas nacionales.

Es la semana en la que la vicepresidenta Cristina Fernández reapareció públicamente para conmemorar la década sin Néstor Kirchner, el presidente del último “buen ciclo” económico, con una explicación sobre la economía: el problema del bimonetarismo. Y la apelación a las otras corridas que a ella le tocó enfrentar: cuando la discusión era por un ahorro de 2.500 dólares mensuales.

La recepción del bono atado a la cotización del dólar (dollar linked) tenía un tope de emisión de mil millones y fue ampliado a 1660 millones con una tasa del 0,1 por ciento hasta abril de 2022. El dólar a un año actualmente opera por encima del 73 por ciento del mayorista. El gobierno embolsó efectivo por 129.804 millones de pesos. Pero hay miradas con sesgo pesimista.

Unos destacan que la preferencia por los instrumentos ajustados al dólar indica que la presión devaluatoria continuará; otros que el resultado servirá para patear el problema hacia adelante. Con proyección a 18 meses, la licitación refuerza el imperativo de evitar la devaluación desordenada a como dé lugar. Aunque también otorga más herramientas para evitarla efectivamente.

Después del pico del blue y el contado con liquidación -la operatoria con la bolsa de Nueva York que controlan un puñado de fondos extranjeros-, las cotizaciones paralelas mostraron una curva de descenso hasta los 180 pesos. El gobierno pudo aquietar las aguas, pero no consolida el sendero de «composición de financiamiento consistente con los objetivos de convergencia y estabilidad macroeconómica» que se plasman en el presupuesto 2021.

El caso griego

La otra línea que adquirió intensidad mediática es la de los dolarizadores. Los derrotados del 2002 que traen como oferta tentadora la experiencia de la convertibilidad del ‘91. Son los que proponen un alineamiento monetario definitivo con la moneda estadounidense, justo cuando ésta ve mermada su hegemonía global y los inversores internacionales migran a refugiarse en activos tangibles como el oro y la plata.

La intención ulterior es lograr la aceptación por parte del gobierno de un plan impuesto desde afuera. Estos proponen abandonar la moneda nacional; los otros, elevar el tipo de cambio oficial y recibir un nuevo desembolso del FMI para enfrentar las corridas cambiarias. Esos objetivos se van diseñando en las múltiples andanadas mediáticas que completan a las operaciones bursátiles.

Detrás de la batalla cultural entre dos fracciones del capital surge la sombra terrible del caso griego: el fin de la ilusión con que fue elegido Alexis Tsipras y la esperanza que encarnó Syriza frente a las presiones de la troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea). En 2015, el referéndum en rechazo del plan de la troika fue desoído por el gobierno, el ministro de Finanzas Yanis Varoufakis fue eyectado y Grecia padeció un ajuste dramático.

Este 2020 el mundo lleva gastados casi el 12 por ciento del PBI global para combatir la pandemia. La recesión global rondará el 5 por ciento. En la eurozona, el déficit fiscal se calcula en el 9 por ciento del PBI de los 19 países que la integran. Si la economía repunta en 2021, la Unión Europea aún tiene planeado gastar un 6,6 por ciento del PBI. En cualquier parte del mundo, las alternativas posibles se reducen a endeudamiento o emisión.

Por esa razón, el gobierno busca fondearse para dar garantías que bajen la excitación social mientras negocia con el FMI. Una de las nuevas metas es invertir la proporción de financiamiento de los 4,5 puntos del PBI de déficit primario incluido en el presupuesto del 2021. La deuda en dólares de mediano y largo plazo con bancos multilaterales se utilizaría para ampliar la obra pública y se rotaría de un 60 por ciento de emisión y 40 de deuda previsto, a un 40 por ciento de emisión y un 60 de deuda.

Cueste lo que cueste

La pregunta que formuló la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, es la que resume el problema: ¿para qué se haría una devaluación? El lunes, el presidente Alberto Fernández lo definió como “una máquina de generar pobreza”. El camino es conocido para los argentinos: se suelta el tipo de cambio, los precios dan un salto, cae el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, se desploma la demanda porque la gente compra menos y la economía se contrae aún más.

Para salir del arrinconamiento que lo empuja hacia un nuevo desembolso del FMI, entre las herramientas disponibles, el gobierno cuenta con el swap con China para pagar importaciones desde ese país. Y más allá de las apreciaciones técnicas, lo que está en discusión es el acceso de cada argentino a un plato de comida.

A una semana de expirar la vigencia de los Precios Máximos que regulan más de 2 mil productos mayoritariamente alimenticios, las principales cámaras del sector enviaron una carta al ministro de Producción Matías Kulfas reclamando la no prolongación del programa que inició en marzo. En el transcurso del año, el gobierno autorizó dos aumentos que acumularon un 10 por ciento.

A pesar de que Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), acudió a todas las convocatorias oficiales y elogió las iniciativas gubernamentales en el marco del Consejo Económico y Social, los supermercadistas advierten que reciben menos mercadería y hay demoras en la entrega de productos de la canasta básica. Los autoservicios barriales denuncian que las agroalimentarias que recibieron los beneficios para liquidar exportaciones no entregan aceites, harinas, arroz y azúcar.

La amenaza de desabastecimiento es un eco que deja al desnudo el hilo tenso de la conflictividad social. Pero hay una diferencia fundamental que separa a la Argentina del caso griego: hasta la economista jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhart, que en 2010 sirvió de inspiración teórica para las exigencias que quebraron a Grecia, admitió que “lo importante es ganar la guerra, después se verá cómo se paga”.

El impacto de una devaluación en los precios y salarios es la consecuencia más desastrosa y es el punto exacto donde se dirime la cuestión del dólar. La concentración de la riqueza en la parte superior de la pirámide agudiza el empobrecimiento masivo que agrava la crisis alimentaria. El decálogo de la austeridad parece haber quedado traspapelado en el pasado. Sin embargo, eso se sabrá a partir de noviembre, cuando llegue la nueva visita del FMI y se resuelva si hay o no un nuevo desembolso y si eso implica otro ajuste ortodoxo.

 

Fuente: El Eslabón

 

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