Los gobiernos de derecha de América Latina utilizan, una y otra vez, una misma estratagema para desconocer la voluntad popular y acceder y mantenerse en el poder: la proscripción de aquellos candidatos no neoliberales que representen un peligro para el mantenimiento del statu quo y los intereses de los grupos económicos más concentrados.
La trampa consiste en el uso de las noticias falsas, la consiguiente demonización del dirigente o la dirigente que quieren sacarse de encima, y la intervención de los sectores de la Justicia más corruptos y vendidos a los intereses de las corporaciones.
Partidos de derecha, medios hegemónicos, servicios de inteligencia y ciertos agentes judiciales, todos bajo las órdenes de la Embajada de EEUU, intentan de esta manera seguir vaciando de sentido a la democracia y convertirla en una forma de hacer negocios de unos pocos con el aval (y los votos) de quienes serán víctimas de sus políticas.
Se intentó en la Argentina. Se está intentando en Brasil, donde el injusto encarcelamiento de Lula y el golpe contra Dilma Rousseff son parte de la estrategia para proscribir al Partido de los Trabajadores (PT), para que “no vuelvan más”, una expresión muy escuchada en otras parte de la región.
La dictadura de Bolivia, sobre todo luego de revisar encuestas que indican que el Movimiento al Socialismo (MAS) y su candidato, Luis Arce, les gana a los candidatos de la Embajada, activó todavía más la embestida feroz contra ese partido, a través de causas inventadas y noticias falsas.
Y en Ecuador el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender a la fuerza política del ex presidente Rafael Correa. “Están desesperados por impedirnos participar en las elecciones”, aseguró Correa, recientemente sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción.
“Estamos con el alma y el corazón destrozados. Destruyeron a Ecuador, que todavía resiste. Persiguen gente inocente para perjudicarme a mí”, agregó el ex presidente el miércoles 21 de julio, en diálogo con Víctor Hugo Morales en La Mañana de AM 750.
“Está aumentando la indignación popular. La solución probablemente está en las manos del pueblo ecuatoriano”, agregó Correa, que aseguró que tras la proscripción de su partido, Fuerza Compromiso Social, está la mano del gobierno de Lenín Moreno, que designó a “un contralor espurio e ilegal para perseguirme”.
Y reafirmando la idea de que la embestida es una estrategia continental, Correa se refirió a la Argentina: “Alberto (Fernández, presidente de Argentina) es una excelente persona, pero con un diez por ciento de caída de la economía, la población es fácilmente manipulable”.
“Alberto goza de un merecido apoyo popular pero hay que tener mucho cuidado con la manipulación mediática”, advirtió Correa.
Áñez, la usurpadora que no se quiere ir
El coordinador con Movimientos Sociales del gobierno golpista de Bolivia, Rafael Quispe, dijo que los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) terminarán en la cárcel, al igual que sus antecesores, si es que no anulan la personería jurídica del MAS, informó la plataforma de noticias de ese país La Resistencia.
“Sí actúan de esa forma, tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel”, agregó.
Como parte de la respuesta del TSE a estas presiones, decidió postergar, por tercera vez las elecciones: no serán el 6 de septiembre sino el 18 de octubre. La intención de la dictadura de perpetuarse es cada vez más evidente.
Las alianzas políticas Juntos, Creemos y Libre 21 presentaron, por separado, denuncias contra el MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un supuesto delito electoral, cuando el calendario del TSE aún no se ha reanudado.
Las denuncias solicitan la cancelación inmediata de la personería jurídica del MAS, y la automática inhabilitación de todos los candidatos inscritos por la esa organización política para las Elecciones Generales de 2020.
Además de la embestida del Tribunal electoral, la Justicia también les inventó causas a Arce y al presidente depuesto, Evo Morales. La Fiscalía admitió la denuncia de la Gestora Pública contra el candidato presidencial del MAS y ex ministro de Economía, Luis Arce, y otros funcionarios del anterior gobierno por la supuesta compra irregular de software para la base de datos del fondo de pensiones. Arce anunció que se presentará a declarar y dijo que solo buscan dañar su imagen.
Arce aseguró que una vez más se trata de afectar su candidatura con cualquier motivo y que el gobierno de Áñez busca distraer a la población y no aclarar algunas irregularidades. “Vamos a presentarnos cuando nos citen a declarar y demostraremos que no hubo nada irregular y que solo buscan lanzar barro y dañar nuestra imagen”, señaló el candidato, que hace tiempo venía denunciando que la dictadura quiere posponer (un vez más) las elecciones del 6 de septiembre y proscribir a los candidatos del MAS. Tal como efectivamente ocurrió.
La idea de los poderes fácticos es que en las elecciones, si se realizan, compitan candidatos de la derecha neoliberal, que continúen con la sistemática destrucción de todos los avances realizados durante el gobierno de Evo Morales.
Áñez es la candidata de Juntos. El golpista y racista Luis Fernando Camacho se presenta por el partido Creemos. Y Carlos Mesa, que ya fue presidente (2003-2005) y vice (2002-2003), y es el preferido de la Embajada, se presenta como candidato de Comunidad Ciudadana.
Mientras tanto, en las calles, el pueblo de Bolivia protesta, se organiza y auto-protege de la pandemia. Y aguanta a pie firme la represión brutal de la dictadura de Áñez.
