La Reforma Judicial es sin duda uno de los ejes centrales que nuestra Nación necesita para promover la construcción de un poder más democrático, igualitario, transparente e independiente, y verdaderamente comprometido con la defensa de los derechos del Pueblo. Lxs trabajadorxs estamos expectantes ante el anunciado proyecto de Reforma Judicial y reclamamos a sus promotores que sumen nuestra opinión a los cambios propuestos, porque ellos se basan en nuestra experiencia laboral cotidiana. El espíritu democrático que anima la conformación de un comité de especialistas en materia jurídica que aconseje las modificaciones, sin dudas debe comprender a representantes de lxs trabajadorxs judiciales. Somos conscientes de que el gobierno actual ganó las elecciones recogiendo en los votos el hartazgo popular contra el estropicio que el gobierno anterior hizo en el sistema judicial, entre otras demandas, y en tal sentido apoyamos la iniciativa. Adelantamos esta breve declaración de apoyo ante la forzada imposición de una agenda de resistencia a los cambios, que busca instalar la falsa idea de que la comunidad judicial los rechaza. Entendemos que la reforma debe alcanzar no sólo a los tribunales federales en materia penal sino también a la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima responsable del deplorable estado en el que se encuentra el sistema judicial. De igual modo, expresamos que la democratización del sistema deberá ir acompañada de la puesta en práctica del sistema acusatorio en materia de investigaciones penales y las correspondientes leyes de implementación y asignación de recursos, junto con la efectiva aplicación de la ley de Ingreso Democrático, tanto en los Ministerios Públicos (donde ya se aplica) como en el Poder Judicial, donde nunca se puso en práctica. Lamentablemente, esta saludable norma sancionada debidamente en el año 2013, jamás fue aplicada por la Corte Suprema, lo que constituye una afrenta a la legalidad y un acto de insumisión del Poder Judicial, ajeno al espíritu republicano que debe guiar todas sus conductas. Asimismo, creemos que la Reforma deberá abordarse de manera integral con perspectiva de género, que permita por un lado revertir desigualdades y afrontar el compromiso de promover una justicia antipatriarcal. Por otro lado, esperamos que el Ministerio Público Fiscal pueda tener finalmente un Procurador titular, con el correspondiente acuerdo del Senado, que permita proyectar a largo plazo los cambios que el combate al crimen organizado demanda y la aplicación de una política criminal que nos aleje definitivamente del lawfare.
Agustín Bruera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la República Argentina (SITRAJU).
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