“El nuevo DNU hace respirar confianza a 9 millones de inquilinos del país”, indicó Nire Roldán, de la Concejalía Popular. “Era la medida necesaria para este momento”, aportó Emmanuel Canelli desde la Asociación de Inquilinos.

El gobierno nacional oficializó este viernes el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados este viernes en el Boletín Oficial. El primero de ellos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prorrogó hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago. Por otra parte, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

El referente del Frente Nacional de Inquilinos y de la Concejalía Popular de Rosario, Nire Roldán, aseguró que “había razones para creer, confiar y asegurar que los ciudadanos preocupados por sus deudas generadas como consecuencia del Covid-19 iban a ser tutelados por un Estado presente y en diálogo permanente con las organizaciones de defensa de los inquilinos”. Y pidió: “Ahora a ejercer, gestionar y hacer cumplir esos derechos”.

Desde la Asociación de Inquilinos Rosario, Emmanuel Canelli destacó que “era la medida necesaria para este momento, estamos muy agradecidos por haber sido escuchados por el gobierno nacional”, y  añadió: “Esta medida nos da aire económico a todas las personas que alquilamos”.

“Para que tomemos relevancia de la necesidad: Rosario y Santa Fe viene de un panorama muy difícil en cuanto a lo sanitario y esta situación hizo, que desde hace 20 días no estaban habilitadas la actividad inmobiliaria ni las mudanzas, lo que nos convertía en una suerte de «rehenes» de la vivienda donde estábamos hoy en día”, expresó. 

Canelli denunció que “estas últimas semanas vivimos presiones constantes por parte de las Inmobiliarias. Claramente, este sector, no quería que se apruebe la Extensión del DNU 320 y, ante la afirmativa nacional de la extensión, comenzaron a exigir cerrar nuevos contratos, amenazando con cobrar excentricidades si no concretaban el acuerdo en ese mismo momento”. 

Desde la entidad local recordaron que este jueves el gobernador Omar Perotti habilitó la actividad inmobiliaria y mudanzas, “pero –aclararon– esto no contradice el derecho otorgado por la prórroga recién elevada por el gobierno nacional, no dejen que por habilitarse las mudanzas, las o los obliguen a mudarse: es una decisión que debe tomar la persona que alquila si así lo desea”.

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