Más acceso a la conectividad educativa y de manera segura. Es el pedido que hace la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, a los Estados. Según expresa, se trata de garantizar las herramientas digitales necesarias para responder, en un piso de igualdad, a la educación obligatoria en la pandemia y en la pospandemia. Y también para hacerlo en entornos digitales libres de violencias.
La Recomendación -emitida por la Defensora- considera “la conectividad a internet y los dispositivos para poder realizarla, como un servicio básico”. Alerta que su uso puede ser “una oportunidad para democratizar el acceso a derechos, como ser la educación, el juego, la participación y protagonismo, o bien su distribución deficitaria puede profundizar las brechas de desigualdad”.
Considera que son los Estados quienes deben trabajar para garantizarlo y especialmente “para los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes en edad escolar, porque de esto depende en gran parte la continuidad pedagógica y el lazo socioeducativo irremplazable que la escuela brinda, ya sea al abrir sus puertas como al llegar, virtualmente a las casas de los niños, niñas y adolescentes”. Y en particular cuando la pandemia requiere de formatos educativos donde la presencialidad convive con la virtualidad.
Al mismo tiempo la Recomendación alerta que “no todas las niñas, niños y adolescentes, ni los adultos que los contienen, forman y cuidan tienen los conocimientos, las aptitudes y los recursos necesarios para mantenerse seguros en el territorio on line”. Y por tanto estar más tiempo frente a las pantallas puede exponerlos a las distintas formas de violencia infantil digital, es decir exponerlos a contenidos potencialmente dañinos y violentos, así como a un mayor riesgo de sufrir ciberacoso.
El documento institucional se apoya en una serie de informes y estudios sobre cómo y cuánto las infancias y adolescencias de la Argentina acceden a internet, y a los riesgos más frecuentes a los que quedan expuestas.
Puntos principales
Son tres los puntos centrales en los que se condensan la Recomendación N° 5 de la Defensoría:
El primero refiere a las medidas propuestas para resolver los problemas de conectividad y acceso a las tecnologías, en busca de garantizar el contacto con la escuela. Para eso se propone analizar la utilización del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FSU), que administra el Enacom para financiar el cierre de las brechas de las desigualdades en conectividad. El FSU está integrado con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, quienes deben brindar el uno por ciento (1%) de la totalidad de los ingresos devengados por su prestación, netos de los impuestos y tasas que los graven.
También mantener y acelerar los programas destinados a extender la conectividad (fija y móvil) de hogares y escuelas de todo el país. Y asegurar que los teléfonos celulares cuyos titulares tengan niñas, niños y adolescentes a cargo puedan acceder a datos gratuitos e ilimitados. Esto permitiría facilitar la conexión en todas las plataformas utilizadas por docentes, especialmente vía WhatsApp, dado que es la vía más utilizada. Además de fortalecer la implementación del Plan Federal Juana Manso, del Ministerio de Educación.
El segundo, relevar y contactar los hogares con niñas, niños y adolescentes que perdieron vínculo con la escuela a fin de proveer conectividad y retomar el lazo socioeducativo mediante la articulación de diversos organismos públicos y comunitarios de inserción territorial, con centralidad en las escuelas.
La meta de esta tarea es identificar nominalmente a quienes no tienen dispositivos para uso escolar; mantener y acelerar los planes nacionales y provinciales tanto de entrega de dispositivos para uso en sus hogares de niñas, niños y adolescentes, así como a los docentes.
Y el tercero, prevenir las formas de violencia a las que niñas, niños y adolescentes pueden exponerse utilizando internet y mejorar los mecanismos de protección de sus derechos.
Esta consideración establece que esta tarea se haga fortaleciendo el debate legislativo de proyectos para regular las sanciones contra las violencias digitales a las que son expuestos los niños, niñas y adolescentes. También escuchando las voces de organizaciones públicas y sociales especializadas en la materia. Además de impulsar una serie de campañas donde se tengan en cuentan las voces de las infancias y adolescencias.
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