El Ejército de la ex Birmania detuvo este lunes a la jefa de Gobierno civil Aung San Suu Kyi y otros dirigentes, lo que generó una unánime ola de cuestionamientos, desde Estados Unidos, China, la ONU, la UE, Japón y la Argentina.
La Argentina expresó su “honda preocupación” por la situación y reclamó respeto por “el orden constitucional”.
El golpe
Un anuncio leído en el canal de televisión de las Fuerzas Armadas informó a los casi 54 millones de habitantes que el Ejército tomará el control del país por un año y dijo que la decisión se hizo necesaria porque el Gobierno civil liderado por Suu Kyi no hizo nada sobre las denuncias de los militares de fraude en las elecciones de noviembre pasado.
El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganó los comicios por amplia mayoría, pero el Ejército, que nunca cedió el poder del todo a los civiles, denunció irregularidades y reprochó al Gobierno haber decidido celebrar las elecciones en medio de la pandemia de coronavirus.
La toma del poder se realizó sin violencia ni resistencia justo el día de inauguración de sesiones del Parlamento surgido de los comicios de la polémica y luego de varias jornadas de rumores de que el Ejército planeaba un nuevo golpe de Estado.
Los militares dijeron que sus acciones tenían una base legal: una sección de la Constitución elaborada por ellos mismos que los autoriza a tomar el control del país ante una emergencia nacional.
Pero el partido de Suu Kyi y gran parte de la comunidad internacional dijeron que se trató de un golpe de Estado.
Los acontecimientos constituyen una dramática regresión para Myanmar, la ex-Birmania, que a duras penas estaba tratando de salir de décadas de Gobiernos militares y de un ostracismo internacional que había comenzado en 1962.
También representan una impactante caída de Suu Kyi, quien había pasado años bajo arresto domiciliario por sus esfuerzos por restablecer la democracia y que tras su liberación se había convertido en la líder de facto del país gracias a la victoria de su LND en las elecciones de 2015, que marcaron el retorno a un cierto Estado de derecho.
Aunque Suu Kyi fue una férrea adversaria del Ejército durante sus años de detención, tras su libertad y su regreso a la política trabajó en estrecha colaboración con los generales.
La dirigente de 75 años siguió siendo muy popular en Myanmar, pero su apoyo incondicional al Ejército, incluyendo su brutal represión de la minoría musulmana de los rohingyas -que Estados Unidos y otros países han denunciado como un genocidio-, hizo añicos su reputación mundial y la convirtió en una paria internacional.
Más repudios
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió “liberar a todos los responsables del Gobierno así como a los dirigentes de la sociedad civil y a respetar la voluntad del pueblo de Myanmar tal y como se expresó en las elecciones democráticas del 8 de noviembre”.
“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática en Myanmar, y tomará acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten”, dijo por su parte la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
En tanto, China llamó a todas los actores políticos de Myanmar, la ex-Birmania, a “solucionar sus diferendos” en el marco legal y constitucional.
“Esperamos que todas las partes implicadas en Birmania solucionen sus diferendos en el marco de la Constitución y de las leyes para mantener la estabilidad política y social”, declaró Wang Wenbin, un vocero de la diplomacia china.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó “firmemente” el arresto de Suu Kyi y de otros dirigentes políticos.
“La declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (…) representa un duro golpe a las reformas democráticas en Myanmar”, añadió.
En el mismo tono, las máximas autoridades de la Unión Europea (UE) condenaron el golpe, informó la agencia de noticias AFP.
“Condeno con firmeza el golpe en Myanmar; el Gobierno legítimo debe ser restituido, en línea con la Constitución del país y la elecciones de noviembre”, publicó en su cuenta de Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tuiteó un mensaje similar pidiendo a los militares que “liberen a todos los detenidos ilegalmente en operaciones en todo el país”.
El jefe de la diplomacia de la UE, el español Josep Borrell, condenó el golpe y lamentó la tentativa de los militares de revertir el deseo de los ciudadanos de Myanmar.
Francia pidió que “se respete el resultado de la votación birmana” y dijo que el Gobierno está analizando la situación con sus socios en el marco de las instancias internacionales, según el vocero del gobierno, Gabriel Attal.
El primer ministro británico, Boris Johnson, exigió la liberación de los dirigentes civiles al igual que la canciller sueca, Ann Linde, y el danés Jeppe Kofod.
La canciller noruega, Ine Eriksen Soreide, se sumó a la condena, y Canadá y Australia pidieron “liberar inmediatamente a todos los dirigentes de la sociedad civil y otras personas detenidas ilegalmente”.
La Cancillería japonesa pidió la liberación de Suu Kyi e instó “al ejército nacional a restaurar rápidamente el sistema político democrático”.
“Observamos con mucha preocupación los hechos en Birmania. India siempre ha aportado apoyo constante al proceso de transición democrática en Birmania. Pensamos que el Estado de derecho y el proceso democrático deben ser respetados”, reaccionó por su parte la Cancillería de la India.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur manifestó su “gran preocupación” respecto a la situación en Myanmar y dijo esperar que todas las partes «den muestras de moderación».
En tanto, el Comité Nobel noruego se manifestó “horrorizado” por el golpe y la detención de Suu Kyi, y reclamó su liberación inmediata, además del “respeto de los resultados de las elecciones legislativas del año pasado”.
Un golpista con antecedentes de terror
El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien se hizo con el control total de su país con un golpe de estado repudiado por la mayoría del mundo, tiene una causa abierta en la Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.
“Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aun más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces”, explicó a Télam Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que ingresó al juzgado de María Romilda Servini en noviembre de 2019.
En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
“Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados”, contó Ojea Quintana, abogado de derechos humanos argentino, quien recordó que “los asesinatos y las violaciones fueron acreditadas al detalle en un informe de la ONU en 2018”.
La violencia y el desamparo de esta minoría musulmana fue tal en 2017, que en solo unos meses, más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.
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