El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós, fueron denunciados este martes por presunta «privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus» debido a «los contratos con prepagas y obras sociales». «Es una estafa a la ciudadanía y al Estado nacional», consideró la abogada querellante Natalia Salvo.
«En la ciudad de Buenos Aires se está privatizando la vacunación contra el coronavirus», sentenció la abogada laboralista en declaraciones radiales. Salvo explicó en las entrevistas radiales que «se presentó una denuncia contra Larreta y Quirós en base a la existencia de contratos cuyos términos desconocemos con prepagas y obras sociales porque esto es una privatización del plan de vacunación en la Ciudad».
«Se está privatizando el acceso a la vacunación. Es una estafa a la ciudadanía porteña y al Estado nacional, ya que las vacunas son un recurso adquirido por la Nación», reiteró, y remarcó: «Le pedimos al Gobierno de la Ciudad que informe a quién le dio las vacunas que recibió del Gobierno nacional».
«Las prioridades en la vacunación no pueden ser caprichosas, arbitrarias ni infundadas, sino que hay una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que establece el criterio y son para los que están más expuestos y no puede haber convenios con prepagas y obras sociales porque así se está privatizando el acceso a la vacuna», aseveró.
Salvo recordó que «hay una ley nacional donde tiene que quedar constancia a quién se le aplica la vacuna» y volvió a solicitar que «el Gobierno porteño que informe cuales son las entidades a las que les dio las vacunas».
También, señaló que «en la Ciudad hay muchos médicos y enfermeras que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus y con un alto riesgo de contagio y todavía no están vacunados mientras que en la provincia de Buenos Aires ya están vacunados casi todo el personal de salud de la primera línea de batalla en esta pandemia».
La denuncia fue presentada contra Rodríguez Larreta y Quirós por el delito de mal desempeño de funcionario público, por lo que «les puede caber una pena de 6 meses a 2 años», según estimó Salvo.
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