En el marco de una nueva conmemoración del 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que durante años fue celebrado como el día de la Raza y donde se rendía honor “al descubrimiento de América”, algo de reparación histórica, además del cambio de denominación de la fecha, se suma a la actualidad: un crimen genocida ocultado durante décadas tendrá finalmente un Juicio por la Verdad. Se trata de la Masacre de Napalpí, perpetrada hace 97 años en el Chaco contra las comunidades qom y moqoit. La reciente decisión judicial se transformará en el primer proceso en el cual el Estado deberá responder por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra las poblaciones indígenas.
La conexión Rosario
La masacre ocurrida hace casi cien años, en 1924, fue una historia silenciada y casi borrada de la memoria institucional argentina. Sin embargo, era un legado que los sobrevivientes de la comunidades aborígenes transmitieron de generación en generación, de forma íntima, como un secreto bien guardado que había que mantener vivo.
Uno de los grandes impulsores de la reparación histórica con sus investigaciones fue el historiador Juan Chico, referente de las comunidades qom, fallecido en Resistencia por Covid en junio pasado a los 45 años. Su vida se conecta con Rosario: era nieto de Montiel Romero, dirigente de la comunidad qom local, uno de los primeros asentados en la zona del barrio Empalme Graneros, a finales de los años 60.
Don Montiel era historiador aficionado y recopiló leyendas ancestrales que fueron publicadas en libros, además de ser protagonista del volumen compilado por la antropóloga María Cecilia Stroppaen (1983), titulado Yo Montiel Romero, de raza toba.
La ligazón con la tradición ancestral prendió sin dudas en su nieto Juan, que lo venía a visitar desde el Chaco, cada tanto. Luego, Juan, de atentos oídos a las historias de sus abuelos, se convertiría en el historiador e investigador que entre tantos trabajos reconstruiría las huellas de los crímenes de Napalpí (actual Colonia Aborigen), ocurridos durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear, en lo que entonces era el Territorio Nacional del Chaco. Y hasta encontraría el testimonio de una mujer de más de cien años, en el monte chaqueño, testigo directo de los acontecimientos.
Los hechos
La Masacre de Napalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924, cuando más de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron, también desde el aire ametrallando desde un avión, a miembros de las comunidades qom y moqoit que protestaban por las pésimas condiciones de vida y laborales en la reducción que habitaban. Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes cientos de personas de distintas edades y la represión continuó durante meses con la persecución a quienes habían sobrevivido. Se estima que en total hubo más de 400 muertos entre integrantes de comunidades originarias y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque el 90 por ciento de todos los asesinados pertenecían a los pueblos qom y moqoit.
El conflicto por mejoras laborales venía en forma sostenida desde principios de aquel año y los reclamos eran cada vez más intensos. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador Fernando Centeno, para acallar el reclamo de los huelguistas que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga. Centeno ya se había entrevistado dos meses antes con los líderes indígenas Dionisio Gómez, Pedro Gómez, José Machado y Pedro Maidana y había acordado una tregua pero incumplió sus promesas de mejoras salariales, e instaló un grupo de policías en la Reducción.
La violencia en la Reducción
Marcelo Musante, sociólogo que se encuentra desarrollando su tesis doctoral en Antropología en referencia al sistema de reducciones civiles estatales para indígenas de Chaco y Formosa, sostuvo en el encuentro Hacia un Juicio por la Verdad en el marco de un Genocidio, organizado la semana pasada por el Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de La Cooperación Floreal Gorini, que “las reducciones fueron lugares de muchísima violencia”. Estas fueron formas en las que, desde 1911 a 1956, funcionaron espacios en donde la población indigena fue reducida con una supuesta intención «civilizatoria» del Estado, con asistencia y trabajo. “Pero en realidad, era un sistema de explotación a familias enteras porque al ingresar le daban alimentos y ropa, lo que le generaba una gran deuda, la mayor parte de las veces impagable”, por lo que quedaban atados a los designios de los administradores, explicó el investigador.
En las reducciones eran obligados a trabajar y los controles eran cruentos, implicaban castigos corporales y personas estaqueadas.
La prensa justificadora de genocidas
Mariana Giordano dirige el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Conicet/ Universidad Nacional del Nordeste) en Resistencia, Chaco, investigó sobre cómo se reflejaron estos hechos en los medios locales y nacionales y encontró que “hubo una reactualización en aquel momento de la vieja dicotomía civilización y barbarie, y la idea del malón y del indio alzado para esconder el sistema de casi de exclavitud en el que se explotaban los recursos”.
“Días antes de los acontecimientos, de algún modo la prensa iba preparando ese escenario, había notas, por ejemplo, de llamados de atención para retener la mano de obra indigena. El diario La Nación titulaba: «Los campos del Chaco son excelentes para el cultivo del algodón». La prensa en general fue preparando la represión, ya que los reclamos fueron presentados como «sublevación» y nunca se hablaban de las demandas de los trabajadores”, añadió.
Giodano además dio con las fotografías del antropólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche, conservadas en el Instituto Iberoamericano de Berlín, quien estuvo en Napalpí en los días en que ocurrió la matanza y hasta tomó una imagen del avión desde donde se disparó a los huelguistas, hoy un testimonio de valor histórico y judicial. Entre las fotos se ve que los reducidos tenían un brazalete blanco. “La primera vez que se las mostré a Juan Chico se sorprendió y recordó los relatos de su abuela que le contaban que marcaban a los indios con brazaletes blancos, para diferenciarlos como distintos a los indios sublevados”, comentó la especialista durante el encuentro virtual.
La cuestión judicial
La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger resolvió a mediados del mes pasado habilitar la realización del Juicio por la Verdad en relación a los hechos ocurridos en la Masacre de Napalpí. La magistrada consideró en una resolución que “resulta relevante destacar que los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar, y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica».
En julio pasado, los fiscales federales Diego Vigay, Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini habían presentado el pedido para que se realice este proceso, tras concluir una investigación preliminar que se inició en 2014.
En la charla Hacia un Juicio por la Verdad en el marco de un Genocidio, el fiscal federal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay explicó que “un juicio por la verdad, no es un juicio comun, convencional”. “Nosotros decimos que es un juicio sui generis, que no se lleva adelante ante un tribunal como en la Justicia penal. Además, en este caso todos los responsables de la Masacre de Napalpí están fallecidos. Entonces, fundamentalmente el juicio por la verdad tiene por objetivo la reconstrucción de la verdad real y en este caso de la memoria histórica y también como norte, como fundamento, como razón de ser, el hecho de tener un sentido reparador para las víctimas o descendientes de los que fueron sobrevivientes de la masacre”, planteó.
El proceso será similar a los tramitados durante la década del 90 en diferentes jurisdicciones para investigar los crímenes de la última dictadura cuando estaban vigentes los efectos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La buena memoria
La investigadora Raquel Esquivel de la Fundación Napalpí, de la cual Juan Chico fue uno de sus fundadores, destaca como valor principal para la reconstrucción de la memoria a la fuente principal que es la oralidad del pueblo qom. En el arduo camino de la investigación –“Juan empezó a trabajar en este tema hace 22 años”, destacó–, hubo resultados sorpresivos: se encontraron en el camino con ancianos sobrevivientes y centenarios, Pedro Balquinta, Melitona Enrique, Rosa Chará e incluso una mujer que aún vive, Rosa Grilo, que tiene alrededor de 115 años de edad y se encuentra lúcida, según contó Esquivel.
“Buscamos rescatar la historia que fue contada siempre por otros. Hoy, desde nuestro lugar, contamos lo que nuestros abuelos le contaron a sus hijos, sus hijos a sus nietos, y esto se transformó en una forma de pedir Justicia. El juicio nos va ayudar a decirles a nuestros abuelos: «al final se hizo justicia»”, se emociona Esquivel.
“Es inevitable la emoción porque lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y para nosotros es muy importante –recalca la investigadora qom–, por los que estamos hoy y por los que no estarán físicamente, como Juan Chico, su corazón estará siempre en Napalpí, como tanta gente que luchó”.
Juan Chico, nació en Colonia Aborigen, Chaco, fue docente, escritor e investigador. Además, incursionó como video documentalista y fue promotor de la comunicación audiovisual indigena. En su libro Las voces de Napalpí recuperó voces de las víctimas de la masacre de 1924 y en Los qom de Chaco en la guerra de Malvinas. Una herida abierta, contribuyó a la visibilización de los ex combatientes. También publicó recopilaciones de distintas leyendas infantiles de la comunidad qom. Y tuvo un rol fundamental en la restitución de restos indígenas masacrados durante 1880 y 1890, que habían sido exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata.
“Esperamos que el juicio forme parte de la agenda nacional, que quede en la memoria de todos los argentinos, porque la historia se escribe como un aporte hacia el futuro, para que esto no vuelva a pasar. Y además por las nuevas generaciones, por nuestras comunidades que todavía sufren”, culminó Esquivel.
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