El Inaes lanzó una moratoria para que cooperativas y mutuales puedan presentar la documentación necesaria para funcionar normalmente. “No es sólo un ordenamiento, es construcción de identidad”, destacaron desde el organismo oficial.
Con el lanzamiento de una moratoria documental que facilita su regularización jurídica e impositiva, las actuales autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) mostraron una actitud distinta para con cooperativas y mutuales a la de la gestión macrista, que había cancelado las personerías de centeneras de entidades del sector por no estar al día con la documentación requerida.
“Para el sector cooperativo y mutual es clave crear un vínculo fiscal significativo con el Estado para derribar los prejuicios que hay sobre el sector, ya que esta moratoria no es solamente un acto de ordenamiento, sino, fundamentalmente, un acto de construcción de identidad a través del lazo fiscal que las cooperativas y mutuales están promoviendo y reclamando”, destacó Alexandre Roig, presidente del Inaes, en la presentación de la medida realizada el último miércoles, en la que estuvo acompañado por los funcionarios de la misma dependencia Jonathan Thea, jefe de Gabinete y Milagros Moya, directora nacional de Fiscalización y Cumplimiento; y también por Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La moratoria permite que cooperativas y mutuales puedan regularizar su situación frente al Instituto presentando únicamente los últimos 3 balances, sin importar la cantidad de documentación acumulada que adeuden.
Para acceder a la oportunidad de poner sus papeles al día, las entidades deben inscribirse en el curso virtual “Pre admisión Programa Moratoria” disponible en la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Desde el Inaes resaltaron que, cumpliendo con el trámite previsto, “las entidades de la economía social tendrán la oportunidad de reordenar autoridades, acceder a subsidios y créditos estatales, volver a brindar productos y servicios, entre otros beneficios”.
En este sentido, Marcó del Pont sostuvo que “la formalización genera derechos; y esto está en el núcleo de nuestro proyecto político, que es poner el eje en la producción, la inclusión, el trabajo y el desarrollo”. Además, recordó que el gobierno nacional impulsa un proyecto de ley de monotributo inclusivo, que establece que el Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C, además de a los llamados monotributo social y monotributo promovido. Respecto de esta iniciativa, Roig subrayó que “es ese sector de la sociedad, del que se dice que no paga impuestos, el que quiere ser incluido, formalizar la relación y crear un lazo fiscal con el Estado”.
En cuanto a la moratoria documental, Milagros Moya la encuadró en lo que definió como la participación concreta del Estado en la resolución de las demandas y necesidades de cooperativas y mutuales: “Viene a transformar estructuralmente las muchas situaciones adversas que tienen las entidades, ya que esta norma permitirá generar más y mejor trabajo, más y mejor producción, más y mejor construcción de comunidad en toda la Argentina”.
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