A casi tres años de ser despedido sin causa, Lucas Tondo volvió a caminar por la línea de producción de la empresa Electrolux. Una larga pelea y muchas changas para sostenerse hasta que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón y ordenó su reincorporación.
Los trabajadores se enteraron que habían sido despedidos porque el molinete de entrada les rebotaba el ingreso. A medida que iban llegando a la planta de Electrolux, una máquina tiraba luces verdes y rojas permitiendo el ingreso a unos, denegando el paso a otros. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana del lunes 29 de abril de 2019, los que quedaron del lado de afuera del portón se miraron las caras y contaron. Eran veintidós. Ninguno había recibido telegrama de despido.
Madrugada. Frío. Incertidumbre. La escena se presenta como punto de inflexión en la vida de esos trabajadores. De ahí vinieron medidas de lucha, visitas al Ministerio de Trabajo, recorridas por universidades para conseguir apoyos, una pandemia. Pero tres años es mucho tiempo para reclamar por un empleo y las estrategias dilatorias de la empresa lograron su objetivo: que muchos de los trabajadores vayan abandonando la lucha. No fueron todos, uno siguió y logró que la justicia le diera la razón. Y tres años después vuelve a caminar por la línea de producción de la planta de electrodomésticos ubicada en la zona sur de Rosario, cruzando miradas cómplices con sus compañeros de sector.
“Es una pelea que desde un principio representó mucho más que mi puesto de trabajo. Por momentos fue muy duro, pero hoy es una experiencia muy linda el volver a trabajar y ver que a tus compañeros se les escapa una sonrisa. Refuerza la idea de que pelear sirve”, dice Lucas Tondo. Tiene 29 años y el 3 de febrero de este año se incorporó a la empresa, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara a los despidos como ilegales.
En el mientras tanto hizo changas y trabajó como repartidor de Rappi y Pedidos Ya donde –remarca– no contaba con ningún tipo de derecho laboral. “Iba por la calle en la moto sabiendo que si chocaba nadie iba a responder por mí, que no teníamos seguro, que estaba desprotegido”, recuerda. Pero el esfuerzo tuvo su recompensa: “Pudimos demostrarle a estas empresas que no pueden hacer lo que quieren. Eso fue un motor que nos llevó a organizarnos desde abajo”.
Incluso con el fallo judicial sobre la mesa, aún permanecía un halo de incertidumbre: si la empresa se manejó en la ilegalidad durante tres años, ¿por qué cambiaría ahora? Vinieron audiencias, pasaron negociaciones, y finalmente la firma reincorporó a Lucas. “Fue un momento de mucha alegría, sobre todo cuando entré. Volver a caminar por mi sector y reencontrarme con mis compañeros fue uno de los momentos más lindos de toda esta lucha”, asegura.
Usurpación y turbación
A la noticia de los despidos sobrevino una asamblea rápida para definir los pasos a seguir y los trabajadores decidieron comenzar un bloqueo total de la empresa. Para llevar adelante la medida, se requirió el acompañamiento de organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles que se instalaron en los cuatro portones de la empresa, en tres turnos de 8 horas para cubrir toda la jornada. En total fueron diez días en los que no ingresó ningún insumo para la producción a la planta ni tampoco salieron productos terminados para su distribución: ni heladeras, ni lavarropas, ni nada.
Por ese hecho, el lunes 6 de mayo Lucas Tondo fue imputado por el delito de “usurpación por turbación”. Pero lo más llamativo ocurrió un día después, cuando comenzó a circular mediáticamente un audio en el que se escucha una conversación entre la fiscal de la causa, Valeria Haurigot, el abogado de la planta y un gerente de la firma, hablando sobre las formas de resguardar el predio de la empresa y restablecer el funcionamiento de la fábrica. Para los trabajadores las palabras “resguardar” y “restablecer” no eran más que eufemismos: se estaba planeando cómo desalojar el bloqueo reprimiendo.
—Jefe: Yo tengo una estrategia. Voy a saber cuál es el mejor momento en que todas las personas salen de adelante del portón, voy a poner ahí dos camiones y una persona de seguridad. Voy a proteger mi portón.
—Fiscal: Más vale. Mientras no reprimas, vos podés protegerlo.
—Abogado: ¿Y por qué no puedo reprimir? Yo tengo una agresión ilegítima.
—Jefe: Voy a poner seguridad privada. Yo sé por dónde ellos van a salir. En el portón cerca de la empresa, donde tiene la cochera el gerente. No lo están protegiendo tanto como la entrada principal. Voy a poner dos camiones y una seguridad privada.
—Abogado: Si tuvieras un quilombo, van a obstruir la calle.
—Fiscal: Ahí estás de fiesta, porque por obstrucción del tránsito…
—Jefe: Llamo a la policía.
—Fiscal: Claro, llamá al 911.
La estrategia judicial
Esos no fueron los primeros y únicos despidos en Electrolux. Los trabajadores ya venían alertando que la empresa estaba adoptando un sistema de despidos “por goteo” que desde enero de 2019 ya se había comido más de cien puestos de trabajo. Por eso, luego de que la firma trabara los molinetes de ingresos, las autoridades del gremio se dirigieron a la sede local del Ministerio de Trabajo provincial en busca de respuestas. Volvieron con dos noticias: la buena, que la empresa se comprometía a no realizar despidos por lo que restaba del año; la mala, el acuerdo no contemplaba a los últimos trabajadores cesanteados.
Es decir que por sólo un par de horas, una veintena de trabajadores quedaba por fuera del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Y ese fue uno de los primeros argumentos del que se agarraron los trabajadores para sostener la pelea: el acuerdo debía firmarse antes de efectuarse los despidos, no después.
Pero también entendían que se estaba frente a un acto de “discriminación” por parte de la firma. “Fue un plan de despido bastante grande que empezó en enero de ese año y en la última tanda había compañeros como yo, que no nos callábamos la boca”, recuerda Tondo, y agrega: “La empresa justificaba los despidos con que había una crisis económica grave. Pero nosotros íbamos viendo que a medida que la empresa despedía gente hacía renovaciones tecnológicas en diversas áreas”.
En un principio, el argumento de la crisis no parecía fuera de contexto. En los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri el sector industrial se contrajo un 14 por ciento y el sector de línea blanca no estuvo ajeno a esa realidad: un informe elaborado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación en 2019 daba cuenta de una caída en el nivel de producción en los principales artefactos de línea blanca en el país, acompañado por una caída del 52 por ciento en las exportaciones en un período de cinco años.
Sin embargo, los números de la empresa marcaban otra cosa. El balance presentado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires señalaba que durante 2017 la firma vendió por 3.151 millones de pesos, es decir, más de 8 millones de pesos diarios. El mismo documento sostiene que durante 2017 las utilidades de la firma alcanzaron los 172 millones de pesos.
En ese contexto, la defensa de los despedidos empezó a trabajar en dos planos. Lo primero fue actuar frente a la denuncia penal impuesta por Electrolux ante el bloqueo. “Nosotros planteamos que el conflicto era de naturaleza laboral y no correspondía una intervención de la Justicia penal en esto”, recuerda la abogada Celina Tidoni, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Finalmente el juez Hernán Postma le dio la razón al reclamo de los trabajadores.
Lo que vino después fue accionar en la parte laboral, donde los abogados interpusieron una medida cautelar para que los trabajadores pudieran ser reinsertados en sus puestos. Allí obtuvieron un fallo favorable en primera instancia, donde la Justicia calificaba como “suspicaz” la maniobra de la empresa de dejar fuera del preventivo de crisis a los últimos despedidos. “El juzgado planteó que había una discriminación y que la empresa tenía que reinstalarlos. Esto fue en junio de 2019 y sin embargo la empresa no cumplió con ese fallo”, explicó la abogada.
La idea de que había cierta animosidad en los despidos terminó de instalarse en los trabajadores cuando se enteraron que la firma no iba a respetar la decisión de la Justicia, prefiriendo abonar la multa correspondiente: unos 2 mil pesos por día por trabajador despedido, que acumulado en un mes sumaba unos 400 mil pesos, monto que en ese momento significaba para la empresa casi el triple de lo que representaban los salarios.
Ante la apelación de la empresa, el fallo fue ratificado en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién allí Electrolux acató lo dictado por el Poder Judicial y terminó incorporando a Lucas Tondo, el único trabajador que se mantuvo en la lucha. Para Tidoni, se trata de un “caso testigo” de lo que es la proporcionalidad de la pelea: “Se pudo mostrar que no se puede agachar la cabeza ante las patronales. Los trabajadores se organizaron y lucharon afrontando las instancias judiciales. Y lograron una respuesta, algo que ni siquiera el Ministerio de Trabajo de ese momento les había dado. Por el contrario, les dijeron que no se podía hacer nada”.
Solidaridad
Tondo remarcó que la medida de fuerza en particular y la lucha en general se pudo sostener gracias al acompañamiento no sólo de un montón de organizaciones, sino también de compañeros que no habían sido despedidos pero que se solidarizaban con la lucha. “El único momento en que hubo alguna rispidez fue uno de los días de bloqueo cuando la empresa organizó a un grupo de los trabajadores para romper la medida de lucha que estábamos llevando, pero fueron muy pocos”, rememoró.
El momento al que hace mención Lucas ocurrió el miércoles 8 de mayo, cuando se vivieron jornadas de tensión entre los trabajadores. En medio de una discusión un delegado de la UOM que trabajaba en otra empresa cayó desplomado al piso y los intentos por reanimarlo no funcionaron. El hecho generó declaraciones cruzadas entre los participantes del bloqueo y el gremio que mermaron cuando el director de Emerger, Alberto Davidovich, salió a dar públicamente su versión de los hechos diciendo que la atención brindada fue “prácticamente inmediata”.
“Hubo mucha solidaridad de parte de los compañeros. Los laburantes de adentro sabían que estábamos pagando los platos rotos de una empresa que se maneja de esta manera, que te utiliza todo lo que puede, te exprime y luego te despide. Y que ante eso nosotros no agachábamos la cabeza. Por suerte pudimos demostrar que no sólo te podés plantar ante esas injusticias sino que también les podés ganar”, reflexiona Tondo.
Pero los trabajadores sabían que la lucha no se podía mantener sólo con ganas, sino que se necesitaban recursos. Y en asamblea decidieron armar un “fondo de lucha” al que la gente aportaba lo que podía para que la pelea no flaqueara por no poder parar la olla. En un principio lo hicieron recorriendo organizaciones, fábricas y las distintas facultades, donde encontraron gran apoyo de la comunidad estudiantil. Y eso se mantuvo por un tiempo hasta que la pandemia virtualizó la vida cotidiana y el fondo de lucha se sostuvo difundiendo un CBU.
“La idea era también salir hacia afuera con lo que nos estaba pasando, de entrar a las universidades y contarles a los chicos que en el sur de la ciudad un grupo de laburantes se estaba plantando contra los despidos contra una multinacional. Y que eso había que sostenerlo no solamente con moral sino con recursos económicos porque nos estábamos enfrentando con gente que tiene mucha plata, con una estrategia que siempre fue dilatoria, es decir, hacer todo lo más largo posible para quebrar de hambre a los trabajadores”.
Y eso se logró. La lucha dio sus frutos y hoy, como hace tres años atrás, Tondo vuelve a caminar por la línea de producción de la planta, cruzando miradas cómplices con sus compañeros, como diciendo sin decir, ganamos. Esta vez ganamos.
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