La diputada provincial Matilde Bruera, del Bloque Justicialista, presentó esta semana en la Legislatura santafesina un proyecto que busca ser un “verdadero estatuto laboral de la policía”. La iniciativa, que entre otras cosas, tiene como objetivo que los trabajadores de la fuerza policial sean reconocidos como tal, y hasta tengan la posibilidad de agremiarse.
En ese sentido, la legisladora afirmó que se trata de una normativa que “es más amplia” que la simple sindicalización de las fuerzas de seguridad, que reconoce derechos a los empleados y busca democratizar a las fuerzas de seguridad, pero que a la vez prohíbe la posibilidad de hacer huelgas por las características del servicio que prestan.
“El proyecto establece derechos y obligaciones de los trabajadores policiales y penitenciarios. Podrán acceder a la agremiación como cualquier trabajador”, sostuvo Bruera.
En el proyecto también se prevé la creación de una Defensoría de la Policía, a modo de ombudsman, “para defenderlos de los sumarios administrativos y demás”, indicó la diputada y añadió que “el derecho a la agremiación es de los trabajadores, no de los gobiernos. En la provincia de Santa Fe tenemos serios problemas de seguridad, con lo cual hay que impulsar reformas profundas en la concepción y estructuración de la policía”.
“Se han vuelto a presentar las tres leyes (de reforma policial) que en su momento ingresaron a la Legislatura y no fueron tratadas. Y me pareció que, además de ese debate que se va a dar en algún momento, la cuestión gremial es algo que no se puede obviar. En un estado de derecho no se pueden dejar de lado las obligaciones y derechos de los trabajadores. Los empleados policiales y penitenciarios son empleados públicos”, subrayó la legisladora del Frente de Todos.
En ese sentido, Bruera sostuvo que “la agremiación reconoce derecho a peticionar ante las autoridades, pero prohíbe hacer huelgas” y además se declara a la policía y al SPP “como servicios esenciales, por eso está restringido el derecho de huelga y a peticionar en horario de trabajo. Pero no hay restricciones sobre los otros derechos que tiene cualquier trabajador. Democratizar a las fuerzas policiales es un primer paso para empezar a jerarquizarlas y especializarlas”, enfatizó la diputada.
“Tenemos una policía muy mal paga, a la que no se le provee elementos, que no está capacitada, no está organizada en las distintas especialidades. Por ejemplo, una cosa es la policía de investigación, otra cosa es de prevención y de seguridad. Todo eso no existe. Tenemos una policía organizada con una ley provincial que es de 1974/1975, previa a la dictadura, con un criterio de orden público. Ese criterio organiza a la policía en la persecución política”, agregó Bruera.
La diputada del Partido Justicialista consideró que “a esta altura del estado derecho, la provincia debe tener una policía democrática, que se ocupe de resguardar los derechos y libertades de las personas, de prevenir riesgos de inseguridad, y que sea capacitada permanentemente y reciba un salario digno. Si no es una fuerza a la que le exigimos seguridad y no le reconocemos ningún derecho”.
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