La propuesta de Carolina Losada de meter presos a trabajadores en conflicto que bloqueen empresas tuvo un amplio repudio de sindicatos rosarinos, que aseguran que el proyecto es “antidemocrático” y “antiderechos”.
La senadora nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, presentó un proyecto de ley que impone penas de cárcel de 2 a 6 años a trabajadores, “sindicalizados o no”, que participen de bloqueos en empresas. La acompañan en la embestida una decena de legisladores de esa fuerza, como Alfredo Cornejo (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Eduardo Vischi (UCR) y Guadalupe Taglarierri (PRO), entre otros.
“Esta senadora no conoce la realidad de los derechos de los trabajadores que a base de su sudor y esfuerzo ganan su salario. Cuando alguien ignora eso es muy preocupante”, consideró el titular del Sindicato de Recolectores de Rosario, Marcelo Pipi Andrada. “Todos los trabajadores tenemos derecho a nuestros reclamos, a un salario digno. Por eso se hicieron las leyes y están los sindicatos para reclamar. No vamos a permitir el recorte de derechos que nos ha costado durante muchísimos años con dirigentes presos y muertos. Vamos a ir a la calle si es necesario para que esa ley no salga”, agregó.
Para Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Correo de Rosario, esta iniciativa se da porque “les molesta el pueblo movilizado y los trabajadores defendiendo derechos, peleando por salarios justos por las fuentes laborales”, ya que “si fuera por ellos –dijo– que echen a todo el mundo sin pago de indemnización y que seamos todos precarizados. Ese es el pensamiento que tiene la senadora Losada y todo el bloque de senadores de Cambiemos. Nunca van a entender al pueblo trabajador, lo detestan”.
Por su parte, Claudio García, del gremio de Encargados de Edificio de Rosario (SuteryH), se preguntó en primera instancia “si está todo en normal funcionamiento, ¿por qué los trabajadores y empleadores van a estar en conflicto?”. Y añadió: “El poder político debe legislar desde la imparcialidad y no desde los intereses económicos personales dando la espalda al colectivo obrero. Si un trabajador tiene que ir en cana por ejercer la lucha obrera, que el empresario que no cumpla la ley del trabajo generando un conflicto laboral, que también vaya en cana y los políticos que apoyan este atropello los acompañen en la celda vecina”.
En tanto, el titular del Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo, Julio Barroso, manifestó que es “terrible, absolutamente anti democrático” este proyecto opositor. “Algo que cualquier familia trabajadora no debe olvidar a la hora de votar. Porque los derechos salariales y de trabajo de quienes están sindicalizados siempre son también referencia para el informal y el jerárquico”.
“Los que se presentan como los modernos pretenden que los trabajadores volvamos a la ley de residencia de 1902 donde se pagaba con la cárcel o expulsión del país a los trabajadores inmigrantes que participaban de acciones sindicales o huelgas. Nunca proponen cárcel para los patrones que violan la ley, violan convenios colectivos de trabajo o evaden sus responsabilidades tributarias frente a la sociedad”, lanzó el dirigente gremial.
Asimismo, Claudia Indiviglia, del gremio de Trabajadores Estatales (Norte) apuntó que “esa iniciativa es una muestra más del gorilismo que odia al pueblo trabajador. Para ellos los trabajadores molestamos si hacemos valer nuestros derechos, legislan para los patrones a los que nunca le marcan nada malo. Lo que debe saber Losada es que su iniciativa se va a caer porque el movimiento obrero organizado nunca más permitirá que vengan a recortar derechos dignamente logrados”.
Ariel Batrichevich, referente gremial del gremio de Vigiladores Privados (UPSRA), expresó que “de la derecha argentina se puede esperar lo peor para los trabajadores porque lo han demostrado siempre. Sus propósitos son recortar derechos a trabajadores y cada acción que promueven tiene que ver con eso. Lo que le decimos es que no lograran”. Al repudio también se sumó el Sindicato de Cadetes de Rosario, que consideró la iniciativa como “antiderechos”.
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