El gobierno de Ecuador sufrió una derrota contundente en las elecciones de medio término. Pese a las mentiras y la demonización, triunfó el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el ex presidente Rafael Correa, condenado por presunta corrupción y exiliado.
La guerra judicial es un instrumento de la derecha para proscribir candidatos que los poderes fácticos no pueden controlar. Es una estratagema que destruye las instituciones democráticas y produce daños irreparables. Pero tiene sus límites. Una cosa es lograr que un candidato gane una elección con mentiras, manipulación mediática y causas inventadas. Y otra cosa, muy diferente, es que un gobierno antipopular se mantenga en el poder. Las elecciones en Ecuador son un ejemplo más de este fenómeno. Tras dos años, el gobierno del banquero Guillermo Lasso cosecha más de un 70 por ciento de reprobación. Y ya se piden elecciones anticipadas.
El domingo 5 de febrero se eligieron prefectas y prefectos (gobiernos provinciales) y alcaldesas y alcaldes (jurisdicción municipal y distrital). Al mismo tiempo, la ciudadanía se pronunció respondiendo un referéndum de ocho preguntas. La derrota del actual gobierno de Lasso fue contundente. Y el gran ganador fue el movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que vuelve a ser una opción para las presidenciales de 2025.
Los candidatos del movimiento Revolución Ciudadana triunfaron en las estratégicas alcaldías de Quito y Guayaquil, mientras se imponían en las prefecturas de siete de las provincias más pobladas, según resultados parciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los candidatos correístas se pusieron al frente en algunas de las provincias más pobladas de Ecuador. En Pichincha ganó Paola Pabón. Y en Guayas triunfó Marcela Aguinaga. El partido de Correa también consiguió las prefecturas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura y Sucumbíos. Si bien los resultados no son definitivos, el correísmo está cerca de triunfar además en la prefectura de Azuay. De confirmarse estos resultados, la Revolución Ciudadana gobernará para el periodo 2023-2027 cerca de una tercera parte de las 24 provincias de Ecuador. El oficialismo obtuvo sólo una prefectura. Las nuevas autoridades provinciales y municipales asumirán sus cargos el próximo 24 de mayo. Ese día se abrirá un nuevo escenario político para Ecuador.
“Logramos lo imposible: volvimos a ser la Revolución Ciudadana”, escribió el ex presidente Rafael Correa.
Elecciones anticipadas
Legisladores de distintas tendencias se pronunciaron a favor de que Lasso concluya su mandato y adelante los comicios presidenciales programados para el 2025. En Ecuador, la facultad constitucional de anticipar elecciones mediante la disolución anticipada se conoce como “muerte cruzada”. Puede ser activada mediante decreto del presidente o con votación en el Congreso. En junio de 2022, en medio de las protestas en contra del gobierno, los legisladores intentaron aplicar la disolución anticipada, pero no alcanzaron los votos (se obtuvieron 80 y se necesitaban 92). Esta facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante los tres primeros años de los cuatro que dura el mandato.
La muerte cruzada se detalla en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador y permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional por tres causales: “Cuando a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política”. Este mecanismo interrumpe el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y se convoca a elecciones generales.
Según informó el medio ecuatoriano Ecuavisa, unos minutos después de que el presidente Guillermo Lasso reconociera la derrota y convocara a los demás partidos políticos a promover “un gran acuerdo nacional”, Rafael Correa no acogió tal mensaje y llamó a removerlo antes de que termine su mandato. “Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones”, señaló el ex mandatario a través de la red social en Twitter
“Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años. Lasso es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la Patria, y constitucionalmente debe ser removido”, agregó el ex presidente al que los medios corporativos denominan “el prófugo líder de la Revolución Ciudadana”.
“El mandato está revocado”, señaló Correa en su mensaje.
Lasso se niega a ser el gran derrotado
A la hora de reconocer la derrota, Lasso optó por relativizar su responsabilidad, tras dos años de un gobierno neoliberal que profundizó los problemas económicos y sociales de Ecuador. Intentó sostener que la voluntad popular condenó “a toda la dirigencia, partidos y organizaciones” y “al Estado”. Como si por un momento se hubiera olvidado que ocupa la presidencia.
Según informó el diario ecuatoriano El Universo, el mandatario dijo que “lo que ocurrió el domingo (5 de febrero) fue un llamado del pueblo al Gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad, pero también lo fue a toda la dirigencia política y el Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente”, dijo.
Y además utilizó una fórmula muy gastada y desmentida por la realidad: cuando los partidos de derecha consiguen el gobierno, no dialogan con la oposición. Muy por el contrario, intentan proscribirla y perseguirla. En cambio, cuando pierden, suelen experimentar un ataque de dialoguismo muy poco creíble. Siguiendo ese libreto, Lasso hizo un llamado a toda la dirigencia política del país para “construir un gran acuerdo”.
A pesar del rechazo mayoritario a las ocho preguntas del referéndum (el “No” obtuvo entre un 55 y un 60 por ciento), Lasso defendió su propuesta. Afirmó que los ejes presentados son centrales para la construcción del país: combate al delito organizado, racionalización del gasto de la política, saneamiento institucional y cuidado ambiental, señaló el mandatario. Pero es obvio que la mayoría de las ecuatorianas y los ecuatorianos interpretan de manera diferente el objetivo de las preguntas.
Las preguntas del referéndum
- ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?
- ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?
- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?
- ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
- ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?
- ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?
- ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?
Se puede consultar el contenido de los anexos en la resolución del Consejo Nacional Electoral, accesible en línea.
El gobierno presentó el referéndum, utilizando, también en este caso, la gastada y desmentida falacia de la derecha, como una suerte de apelación a la “mano dura” contra el narcotráfico según las políticas que dicta Estados Unidos. La mayoría de las propuestas apuntan a reducir la participación popular directa de la ciudadanía y los movimientos sociales. La respuesta del pueblo fue “No”, pese a la intensa y mentirosa campaña de los medios hegemónicos y las encuestas falaces encargadas por el gobierno.
Según informó El Comercio, representantes de varias organizaciones sociales y sindicales suscribieron el 2 de enero del 2023 un documento sobre su compromiso para dar un voto negativo a las preguntas de la consulta popular. Coinciden en que con ese mecanismo no se resolverá el problema de la inseguridad en el país.
El presidente de la agrupación Ecuarunari, Alberto Ainaguano, consideró que Ecuador está en uno de sus “peores momentos” por problemas como la inseguridad, la delincuencia y el analfabetismo. Pero se opuso a los cambios que plantea el Gobierno.
Ecuarunari es miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que también rechazó de plano los cambios propuestos.
Por su parte, la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, sostuvo que las organizaciones eligen No porque la consulta no surgió de los sectores populares, “fue organizada desde la élite, desde el Gobierno de Lasso)”. La primera pregunta, sobre la extradición de delincuentes “no va a solucionar los graves problemas de inseguridad que tenemos. La paz social solamente se garantizará asegurando empleo, acceso a la seguridad social, salud y educación de la población”, argumentó para justificar el voto negativo.
La representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de Quito, Nery Padilla, indicó que la consulta no resuelve las necesidades “inmediatas, emergentes y objetivas” que tienen los universitarios, los sectores populares y sociales. “El pueblo lo que necesita es educación, salud, seguridad y vivienda. Esto no contempla la consulta neoliberal de Lasso. Busca refrescar la imagen del Presidente”, cuestionó.
Para el representante del Comité Popular 15 de noviembre, Ernesto Flores, las preguntas 1 (extradición) y 2 (autonomía para la Fiscalía) implican un riesgo. Considera que se relacionan a “la criminalización de la lucha, la protesta social, la disidencia ideológica. El Gobierno hasta ahora ha utilizado la justicia para perseguir y criminalizar a dirigentes sociales”. Asimismo, agregó que las preguntas 3, 4, 5 y 6 se relacionan a una disminución de las oportunidades de participación de los trabajadores, de las provincias pequeñas. Las preguntas 7 y 8, señaló, atentan contra la vida de los pueblos y nacionalidades, las Juntas de agua, y lo que se busca es favorecer a las empresas mineras, resumió.
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